En algunos casos, la Dgcim solo da un aval verbal de que su familiar está en alguno de los pisos del lugar. La razón no incluye visitas. Solo el beneficio de recibir la paquetería, que incluye cambios de ropa y artículos personales.
Caracas. Después de una espera de casi cuatro horas afuera de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, un grupo aproximado de 60 personas se apresura a formar una fila ordenada. Su objetivo: proporcionar el nombre y número de cédula de sus familiares desaparecidos.
Frente a ellos, un funcionario vestido de civil toma nota de los datos. Al terminar, les pide que esperen.
Pasadas dos horas y media, este mismo funcionario sale, rodeado por rostros ansiosos que lo observan con la esperanza de oír los nombres de sus seres queridos, en su mayoría desaparecidos desde enero de 2025.
En el caso de Miriam*, quien viaja todos los lunes desde Valencia, no sabe nada de su esposo desde el 15 de enero, día en que hombres encapuchados vestidos de negro se lo llevaron.
Jugar al cansancio
“He ido para todos los lados que puedas imaginar, sin tener respuesta. No entiendo hasta cuando van a seguir haciéndonos esto. No se cansan de negarlos”, dice Miriam mientras abre una carpeta con volantes que ha hecho, mostrando fotos de su esposo sobre la palabra: Desaparecido.
Este lunes, 25 de marzo, después de semanas esperando afuera de la Dgcim, finalmente escucha: “Sí está”. Acto seguido, su nariz empieza a sangrar. Sin embargo, hace caso omiso, pues, al fin, sabe que su esposo —quien milita en un partido político de oposición— está allí.
Así como Miriam, personas provenientes de distintos estados del país y de la capital caraqueña acuden a la Dgcim para que alguno de los departamentos les ofrezca información sobre sus familiares.
Algunos solo pasan por la sede como parte de un recorrido, otros están seguros de que sus consanguíneos están detenidos allí, especialmente aquellos vinculados a casos políticos.
“Parece que jugaran al cansancio. Uno sabe que están aquí”, dice una madre que viaja desde Barinas en busca de su hija y sobrinos, desaparecidos desde hace 63 días.
Los tres estarían implicados en una operación militar en contra del Gobierno.
“A mí me dijeron que regresara al día siguiente. Fui, esperé cinco horas y me informaron que no estaba en las listas, que volviera otro día. No es justo. Yo quiero a mi hijo fuera”, lamenta otra madre cuyo hijo lleva más de 60 días desaparecido.
Desaparición forzada
El martes 18 de enero, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reportó que, durante los primeros 15 días de enero de 2025, fuentes no gubernamentales documentaron al menos 84 detenciones.
“Algunas de estas podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración”, declaró la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.
“Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha caracterizado previamente como crímenes de lesa humanidad”
afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en referencia a las acciones del gobierno venezolano.
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Nicolás Maduro a “determinar la suerte y paradero” de las víctimas de desaparición forzada. En esa misma declaración, rechazaron que los organismos estatales rechacen documentos denunciando estos hechos.
Revivir lo mismo
Desde el 27 de enero, Elías José Noriega, exteniente de fragata y exmiembro de la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), fue detenido por funcionarios de la Dgcim cuando iba a buscar una bomba de agua en casa de Daesger Hernández, también exteniente detenido ese día.
Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ambos están involucrados en la operación Oro, un supuesto plan “terrorista” contra el Gobierno que incluía el secuestro del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Desde entonces, Enya Durán, esposa de Noriega, visita la sede en busca de información sobre su marido. Uno de sus mayores temores es que el hombre de 33 años sea sometido a torturas, como ocurrió en el pasado.
“Él ya pagó cinco años. Al principio estuvo ocho meses aquí (Dgcim) y luego en Ramo Verde”, relató Enya.
Noriega fue implicado en la Operación Armagedón, cuyo propósito, según el gobierno de Nicolás Maduro, era desestabilizar los poderes públicos mediante el sabotaje de las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
“Yo lo que quiero es que él salga. Él no es un delincuente. Después que dejó de ejercer como militar empezó su negocio propio como comerciante. Nosotros nos dedicamos a nuestra finca y a nuestros animales. Él ni siquiera está ligado a cosas políticas”
subraya.
Enya pide a las autoridades una prueba de vida de Elías, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2024.
Razón a medias
El “sí está” que reciben las personas afuera de la Dgcim solo representa una confirmación verbal de que su familiar está en alguno de los pisos del lugar.
La noticia no incluye visitas. Solo permite el beneficio de enviar paquetes con cambios de ropa, metidos en bolsas transparentes identificadas con nombre, apellido y número de cédula..
“Por lo menos ya sé que está aquí. Ahora lo que me queda es poder verla”, dice una madre que desde el 24 de enero desconocía el paradero de su hija.
(*) Se modificaron los nombres de las fuentes por medidas de protección.
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