En su informe anual la Comisión para los Derechos Humanos del Zulia criticó el estado de alarma y reveló que durante 2020 se registraron de una a dos muertes violentas diarias en la región con participación de grupos policiales. Más de dos millones de personas en la entidad denunciaron fallas en el suministro de agua y los racionamientos eléctricos no dieron tregua.
Maracaibo. La Comisión de los Derechos Humanos en el Zulia (Codhez) dio a conocer su informe anual 2020; en este resalta el agravamiento en la calidad de vida de la población en medio de la pandemia por la COVID-19. La organización destacó que las medidas excepcionales dictadas en el marco del estado de alarma, lejos de contener la propagación del coronavirus, han servido como instrumento para el control exagerado de la cotidianidad del zuliano.
“La medida de prohibición de acceso de gasolina a la población en general, vigente durante varios meses de 2020, fue inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. No se encontraba prevista en el decreto nacional de estado de alarma, tampoco en el decreto regional sobre estado de alerta”, se lee en el informe.
En este caso la comisión dijo que los más afectados fueron los pacientes con enfermedades crónicas y el personal de salud debido a la falta de un plan para la atención priorizada de las personas en situación de vulnerabilidad, que fueron sometidas a padecimientos y maltratos en las estaciones de servicio.
Por otra parte, resaltó que el Hospital Universitario de Maracaibo, declarado como centro centinela para la atención priorizada de las personas contagiadas de COVID-19, “presenta déficit de personal de salud, número de camas limitadas, carencia de servicios de agua potable, alimentación y otros”.
Pero, de acuerdo con Codhez, la situación en los hogares zulianos también arrecia desde mucho antes de la llegada del coronavirus, en relación con la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos y productos de primera necesidad.
“El alto costo de la canasta básica, la escasez de ciertos productos, y los irrisorios ingresos de los hogares, han impedido que las familias puedan abastecerse de forma plena y satisfacer sus necesidades fundamentales”, dijo la comisión.
A las familias zulianas se les suma la precariedad en los servicios públicos, como la crisis eléctrica y la falta de agua que limita el cuidado en casa durante la pandemia. Según el informe, a principios de la cuarentena, desde el 13 hasta el 24 de marzo, se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de 2 millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable.
“Las constantes fallas en la distribución del servicio de agua potable, derivó en que las familias zulianas se vieran en la necesidad de buscar agua por cualquier medio. Muchos caminan extensos recorridos varias veces a la semana para abastecerse de agua en tuberías clandestinas en plazas, avenidas o cañadas, en donde hay aglomeración de personas en la misma actividad, esto en detrimento de su propia salud pues deben levantar pesados botellones y luego llevarlos caminando hasta sus casas”, reveló el informe.
En este sentido, Codhez advierte que la lucha contra la pandemia de COVID-19 no puede desviar la atención de las necesidades más básicas de la población. La garantía actual del derecho a la salud está relacionada con la vigencia y observancia de otros derechos como calidad de vida, alimentación adecuada, educación, libre tránsito, información, entre otros, y a ello debe abocarse de inmediato el Estado venezolano, de conformidad con las obligaciones previstas en el artículo 19 de la Constitución nacional.
Muertes violentas
Durante el año 2020, se registraron 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en 419 hechos que involucraron a funcionarios de seguridad del Estado venezolano. En promedio, se registraron entre 1 y 2 muertes diarias como consecuencia de hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad pública, según explica la organización.
“Para el primer semestre del año se registraron 373 muertes en 261 hechos violentos en el Zulia, mientras que, para la segunda mitad del año, 213 personas murieron en 158 presuntos enfrentamientos”. Según las cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia, Maracaibo fue el municipio con más violencia policial en cuanto al número de hechos violentos con 44,15 % y muertes ocasionadas 40,78 %.
“El mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional, seguido de cuerpos de seguridad nacionales: Sipez (22,18 %), Faes (13,14 %) y Cicpc (12,96 %)”.
Tal como lo han ratificado los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, para Codhez, estos hechos no son aislados. Forman parte de un proceso continuo, constante y creciente de muertes imputables a las fuerzas de seguridad, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida e integridad física, lo que muestra a su vez una inobservancia a mandatos internacionales y nacionales en cuanto a la garantía de estos derechos.
El llamado que hizo la comisión fue a los organismos internacionales de protección: “Deben estar atentos a lo que ocurre en Venezuela, más aún, considerando el contexto de emergencia humanitaria compleja y la evidente precariedad institucional que existe en el país, donde la arbitrariedad es recurrente e impune”, finalizó el informe.
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