Dirigentes estudiantiles y familiares de presos políticos que se movilizaron para exigir el fin de los tratos crueles en las cárceles, motivados por la muerte del preso político, Víctor Quero, fueron interceptados por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que les cerró el paso.
Caracas. Bajo la consigna “reconozcan, entreguen y libérenlos”, el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se movilizó este miércoles, 13 de mayo, hacia la autopista Francisco Fajardo.
El grupo, que tomó la calle para exigir el fin de las torturas y la libertad de los presos políticos, marchaba de forma pacífica cuando un numeroso contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerró el paso y frenó el avance de la protesta.
Pese al bloqueo los dirigentes reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos humanos y mantuvieron cerrados los accesos viales como medida de presión ante la situación en los centros de reclusión. Durante la jornada, los dirigentes estudiantiles fijaron un plazo de 15 días al Gobierno para gestionar la liberación de los presos políticos.
La convocatoria, que inició desde tempranas horas, reunió a dirigentes estudiantiles y familiares de presos políticos que acudieron para fijar posición por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025, aunque las autoridades negaron su presencia en prisión durante casi 10 meses.
Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, denunció que, pese a las promesas oficiales de excarcelación realizadas el 8 de enero, aún permanecen más de 500 ciudadanos venezolanos y extranjeros privados de libertad por motivos políticos.
Ultimátum estudiantil
Suárez exigió a la administración de los hermanos Rodríguez una solución inmediata al conflicto y advirtió que, de no recibir una respuesta en el plazo de 15 días, el movimiento estudiantil iniciará movilizaciones en todo el país.
Desde la plaza del Rectorado, el dirigente afirmó que no esperarán la muerte de otra persona bajo custodia del Estado, como ocurrió con Víctor Quero, y exigió justicia por ese caso y por el de otros ciudadanos que permanecen detenidos o en desaparición forzada.
“Tenemos menos miedo de caer presos a que se muera otra persona en los centros de tortura. Así que van a contar con nosotros porque vamos a estar firmes frente a cualquier movilización hasta que le den respuesta a los venezolanos, hasta que le den respuesta a los familiares, hasta que le den respuesta a este movimiento estudiantil”.
Al ser consultado en relación a las acciones de calle, Suárez indicó que los detalles de las protestas se anunciarán próximamente y contarán con el respaldo de otras universidades, partidos políticos y diversos sectores de la sociedad civil. Aunque hasta el momento no han recibido respuesta del Ejecutivo, mantienen la disposición de establecer una ruta de solución.
Sigue la tortura en las cárceles
Durante la protesta los familiares de algunos presos políticos aprovecharon la convocatoria para denunciar la inhumana situación que atraviesan sus familiares en los centros de reclusión. Una de ellas fue Maira Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca.
Fonseca, vinculado al caso de la Operación Gedeón, se encuentra recluido en la cárcel de Fuerte Guaicaipuro, en los Valles del Tuy. De acuerdo con el testimonio de su hermana, el pasado jueves intentó suicidarse cortándose las venas.
“Cuando lo abracé vi las heridas en sus muñecas y cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que está cansado, que está mal por todos los que están enfermos. La cárcel es un centro de tortura. A él le han hecho torturas y maltratos tanto física como psicológicamente en los últimos 15 días”, lamentó Morales.
Morales contó que recientemente, en el centro de reclusión donde está su hermano, los privados de libertad permanecieron desnudos durante 15 días y bajo condiciones precarias de alimentación. A su juicio, los tratos crueles y la falta de atención médica habrían desencadenado la crisis en su hermano.
Ante estos hechos, Morales responsabilizó de forma directa a la administración de Delcy Rodríguez y al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por lo que pueda pasar con la integridad física y mental de su hermano en los próximos días, ante la persistencia de los maltratos.
Durante la concentración, estudiantes y familiares de los detenidos pidieron protección para quienes enfrentan torturas en los calabozos e hicieron referencia al caso de Víctor Quero.
El 7 de mayo pasado el Ministerio para el Servicio Penitenciario reconoció el fallecimiento bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, un vendedor informal de 51 años detenido en enero de 2025.
Según la versión oficial, la muerte de Quero ocurrió en julio de 2025 por complicaciones asociadas a una infección respiratoria y un tromboembolismo pulmonar en un centro hospitalario. Sin embargo, las autoridades revelaron esta información casi 10 meses después del deceso.
Durante más de un año, su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, recorrió diversos centros penitenciarios en busca de una fe de vida de su hijo. A pesar de sus constantes visitas a recintos como el Rodeo I, los funcionarios le negaron su paradero y ocultaron que el cuerpo ya estaba enterrado en una fosa común.
Exigencia de justicia internacional
En respuesta a este caso, al menos 45 organizaciones no gubernamentales venezolanas e instancias internacionales exigieron el inicio de una investigación independiente. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas manifestó su consternación por el fallecimiento de Quero Navas bajo custodia del Estado.
En Venezuela, distintas coaliciones de derechos humanos como el Foro Penal, Cepaz y Justicia, Encuentro y Perdón publicaron un comunicado conjunto para denunciar la gravedad del suceso.
Las organizaciones señalaron que este hecho evidencia un patrón de maltratos y falta de acceso a la salud en las cárceles del país. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Quero y su madre ante la falta de respuestas del Ejecutivo.
En relación a la falta de respuesta del Ejecutivo, Andreina Baduel, activista e hija de Raúl Isaías Baduel —exministro de Defensa de Hugo Chávez— y hermana del preso político, Josnar Baduel, recordó que con la muerte de Quero Navas se contabilizan 27 las familias a la espera de justicia.
Baduel señaló que su padre murió hace 55 meses en circunstancias similares a las de Quero Navas y denunció que, pese a las solicitudes de organismos internacionales para realizar una investigación independiente, aún no existe una respuesta oficial.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que las condiciones de reclusión actuales acaban con la vida de los detenidos y reveló reportes recientes sobre tres intentos de suicidio, entre ellos el de Ricardo Fonseca.
“Toda esta situación nos preocupa porque ratifica lo que hemos venido denunciando y es que no ha parado la tortura y no ha parado el ensañamiento en contra de quienes piensan distinto”.
En cuanto a la relación con las instituciones públicas, Baduel denunció el silencio de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Aunque en abril pasado acordaron establecer mesas de encuentro y el comité consignó un balance sobre los tratos crueles documentados en los últimos dos años, hasta el momento las autoridades no han ofrecido ni respuestas ni soluciones.
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