Ley de Migración de Retorno busca la reinserción educativa y laboral de quienes regresen al país

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Cuando entre en vigencia, el instrumento sancionado por la AN amparará a todos los venezolanos con al menos un año fuera del país, pero excluye a los que son investigados por corrupción y violación de DD. HH. La norma busca facilitar la reinserción laboral, educativa y a la seguridad social de quienes regresen a Venezuela. …   leer mas

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Cuando entre en vigencia, el instrumento sancionado por la AN amparará a todos los venezolanos con al menos un año fuera del país, pero excluye a los que son investigados por corrupción y violación de DD. HH. La norma busca facilitar la reinserción laboral, educativa y a la seguridad social de quienes regresen a Venezuela. El Estado facilitará los pasajes de regreso a aquellos venezolanos vulnerables, con enfermedades graves, niños o adolescentes solos, entre otros.

Caracas. El pasado 12 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Migración de Retorno, que tiene por objeto regular e incentivar el regreso voluntario de los venezolanos que migraron al extranjero, así como de los que se encuentran en situación de retorno involuntario (deportados). El instrumento pasó a formar parte del denominado “banco de leyes para el cambio democrático” que construye la oposición desde el Parlamento.

Una vez que entre en vigencia, la ley establece que los retornados tendrán derecho a insertarse en el sistema educativo en cualquiera de sus niveles y a que se les conceda la equivalencia de sus estudios en el exterior. Además, podrán acceder a los servicios de capacitación laboral y emprendimiento promovidos por el Gobierno, como integrarse al sistema laboral en áreas estratégicas, “especialmente en los sectores de educación, medicina, ciencia, investigación, siderúrgico, energía, petróleo, minería, agroindustrial entre otros”. También tendrán derecho a ser incluidos en el sistema de seguridad social y programas sociales del Estado sin discriminación y acceder al sistema financiero.

En su exposición de motivos, la ley se refiere expresamente a “la necesidad de reincorporar a la actividad productiva a los profesionales altamente calificados que fueron objeto de despidos en el año 2002”, durante el paro petrolero.

La norma aplica “una exención o reducción de los aranceles” para la importación de sus equipos de trabajo, herramientas, máquinas, equipos tecnológicos e instrumentos vinculados al ejercicio profesional, artístico u oficio de los retornados; así como una exención del pago de tributos para el ingreso de enseres domésticos, bienes muebles y hasta un vehículo de uso personal, el cual no podrá ser enajenado de ninguna manera a terceras personas en un plazo de tres años desde su nacionalización.

Estos beneficios serán aplicables únicamente a los venezolanos que permanecieron ininterrumpidamente en el país receptor durante un año como mínimo y que lo puedan comprobar ante la autoridad competente. Una vez en Venezuela, los retornados podrán solicitar dichos beneficios hasta 24 meses después de haber regresado.

El texto de la ley invita a los venezolanos residentes en el exterior a apoyar los emprendimientos encabezados por los retornados a través de organizaciones, empresas y de manera personal.

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Por otra parte, la normativa deja claro que quedan excluidos de la aplicación de sus beneficios las personas deportadas desde el exterior por la comisión de delitos y quienes estén solicitados por tribunales o cuerpos de policía. Tampoco podrían beneficiarse quienes tengan procesos judiciales abiertos en Venezuela o condenas vigentes por trata de personas, lavado de activos, tráfico de drogas, violaciones al derecho internacional humanitario y a los Derechos Humanos, y quienes sean perseguidos por corrupción.

La ley abre la puerta a la creación de una oficina nacional con competencia en materia de retorno y establece que las oficinas consulares de Venezuela en el exterior brinden todo el apoyo necesario a los venezolanos migrantes para conocer los incentivos, trámites y documentos necesarios para el regreso al país.

Los costos

La norma establece que el Estado proveerá el pasaje de retorno únicamente a las personas que se encuentran en situación vulnerable (petición de asilo rechazada, niños o adolescentes solos, enfermos graves, víctimas de trata de personas, entre otros). De acuerdo con el Informe de Viabilidad Económica y Presupuestaria de la ley, la instrumentación de este beneficio para los migrantes vulnerables tendría un costo aproximado de 72 millones de dólares.

Utilizando como base la estadística del Organismo Internacional para la Migración de la ONU y suponiendo que 15 % de la población venezolana en el exterior cumpliría con la condición de vulnerabilidad [asociada a los asilos rechazados], se presenta un escenario base de 72 millones de dólares, dice el informe.

Cabe destacar que los datos sobre los cuales se hacen los cálculos están contenidos en el informe sobre la migración venezolana publicado por la OIM en abril pasado, correspondiente a finales de 2017, cuando el cálculo era de 1,6 millones de venezolanos fuera del país.

El informe de viabilidad presupuestaria elaborado por la AN señala en cambio que la inserción en los programas sociales no tendrá costo adicional para el Estado “ya que no crea programas ni planes sino que garantiza el acceso a los vigentes”. Igualmente sobre la exoneración de tributos para el ingreso de equipos de trabajo el documento sostiene que desde finales de agosto está vigente una liberación absoluta y total de 8039 aranceles de importación, de los casi 11.000 existentes: “Debido a la vigencia de dicha exoneración, el impacto presupuestario ocasionado por el sacrificio fiscal de la aprobación de la exención sobre los bienes contemplados en la ley de migración de retorno, es de esperar que sea nulo o menor en un 75 %” (sic).

Tampoco la eventual creación de una oficina para el apoyo a la reinserción social de los retornados generaría un impacto presupuestario importante, si se compara con los recursos destinados a una oficina existente con fines similares como lo es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a la cual se destina el 0.01 % de gasto público, según la ley de presupuesto correspondiente a 2016.

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