Las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), implementadas como una solución temporal a la escasez de alimentos en Venezuela en 2016, se han convertido en una herramienta clientelar del gobierno de Nicolás Maduro, según denuncias de beneficiarios en ocho estados del país.
Caracas. Una vez al mes, cada mes y medio, seis meses o “de vez en cuando”, así de impreciso e irregular. La larga espera es lo único que tienen asegurado los beneficiarios de las bolsas o cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en gran parte del país.
Crónica.Uno hizo una revisión en ocho estados, incluido Distrito Capital, sobre la situación actual de la distribución y el contenido de las bolsas Clap. Gracias al testimonio de vecinos, dirigentes políticos, gremiales y locales, asi como trabajadores de dependencias públicas se comprobó que en los últimos cuatro meses, entre julio y noviembre de 2023, han sido frecuentes los reclamos en torno a la entrega de las bolsas de alimentos del programa.
Todos los consultados, en zonas de distinto poder adquisitivo de Monagas, Barinas, Bolívar, Sucre, Táchira, Nueva Esparta, La Guaira y Caracas, coincidieron en que el programa más que una solución se ha vuelto parte del problema, al profundizar la desigualdad en el acceso a la alimentación.
Ni para una familia
“Es poco lo que llega, cada vez es menos lo que trae esa bolsa”, dijo entre suspiros Ana Zambrano, una ama de casa residente del sector Pirineos, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.
Según Zambrano, desde el mes de febrero pasado se acentuó el retraso con la entrega de la bolsa de los Clap en esa zona. En su cuenta el beneficio ha llegado cada tres meses, en promedio, al menos en el último año.
El recurrente retraso solo se ve compensado por el bajo precio, equivalente a un dólar, que fue lo que la ama de casa pagó por la última bolsa. En el monto se incluyó el costo por el traslado. Aunque tal compensación es ficticia, pues el bajo precio, justificado por el subsidio oficial, es un reflejo de la baja calidad y cantidad del contenido de la bolsa.
En algunos casos, los residentes han dicho que los alimentos que se entregan son insuficientes para las necesidades de una familia. Otros insisten en que han sido coaccionados a asistir a actividades políticas locales, so pena de perder el beneficio.
“Anteriormente la bolsa era entregada cada mes y medio, ahora es de vez en cuando lo que llega. No he sido amenazado con me quitarán la bolsa, pero si nos obligan a ir a las marchas del gobernador o del alcalde”, señaló Luis Pastrana, quien trabaja en una dependencia pública del sector salud, en alusión a las convocatorias políticas que promueve Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira.
Punto crítico
Creado como un plan transitorio para atenuar la profunda escasez de alimentos en el país, las bolsas de comida entregadas por los Clap desde el 3 de abril de 2016 son, a la fecha, uno de los brazos de la política clientelar del gobierno de Nicolás Maduro, como se evidencia en testimonios sobre el uso político del beneficio.
Entre 2015 y 2017 el porcentaje de la población venezolana en situación de hambre llegó a 11.7 %, según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), publicado en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los Clap, surgidos dos años antes de la publicación de ese informe de la FAO, se crearon para atender esta carencia. Sin embargo, desde que empezaron a repartir las bolsas, al principio en cajas, en el estado Sucre su irregular distribución y deficiente contenido generó malestar y descontento entre los residentes.
En junio de este año, el retraso ha llegado a un punto crítico. En algunas comunidades, la bolsa no llega con la frecuencia prometida, y en otros casos, los productos que se entregan son de baja calidad. Vecinos de la urbanización Gran Mariscal en Cumaná, por ejemplo, han denunciado que la bolsa que les llegó en junio tenía productos de inferior calidad y a un precio más alto que en mayo.
Además, algunos residentes manifestaron que los obligan a asistir a actividades políticas asociadas al chavismo para mantener su derecho a recibir la bolsa. Los trabajadores de oficinas del Estado están exentos de pago, pero de la exclusión ni de la tardanza en la distribución.
Desigualdad embolsada
Dicen que “amor con hambre no dura”, por lo que tras más de seis años de su implementación, las quejas por las fallas en su distribución y la baja calidad de los productos se han vuelto comunes en algunas zonas. Otro reclamo que se repite es sobre su entrega discrecional, bajo amenazas, y su uso como medio de control político, Esto es más notorio en sitios donde el programa gubernamental, más que un paliativo, es la única forma de acceder a rubros básicos de la canasta alimentaria
Así ocurre en el estado Bolívar, donde la situación es aún más compleja que en otras regiones. En algunas comunidades, como Ciudad Guayana, han pasado seis meses o más sin recibir la bolsa de alimentos de los Clap. Los residentes de estas comunidades han perdido la esperanza de recibir estas bolsas y no generan mucha expectativa cuando las reciben.
La diferencia entre las bolsas que reciben los trabajadores jubilados y pensionados de las empresas básicas y los activos es mínima. Ambos reciben combos proteicos que constan de 2 pollos, 1 cartón de huevos y 1 mortadela, pero los trabajadores activos reciben el doble de proteína.
El mes pasado entregaron una caja de sardinas y mantequilla, que nunca nos viene. Al menos me ahorro comprar arroz y pasta, aunque a veces meten unas que no son muy buenas, igual que la harina, pero es un resuelve. Lo que le pagan a mi esposo no nos alcanza para nada”, dijo Damaris Bolívar, quien reside en la zona de Sierra Parima, en Puerto Ordaz.
Además, estas bolsas se utilizan como medio de chantaje. Tal es el caso de las empresas básicas de Guayana, denunció personal de la empresa estatal a Crónica.Uno. Los trabajadores con fichas desactivadas, un sistema de control de asistencia y productividad, corren el riesgo de ser excluidos de este beneficio. A otros les pagan menos.
“A los trabajadores con fichas desactivadas les quitan ese beneficio de la comida y cobran el salario base”, contó un trabajador de Sidor quien desde 2020 está desactivado por ser “personal no requerido” y pidió el resguardo de su identidad.
Hambre y miedo
En comunidades más humildes, hay un miedo implícito. Los residentes temen que los excluyan de este programa si no votan por el partido de gobierno. Así ocurrió con el reciente simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo. Poco antes del 19 de noviembre pasadas, volvieron las amenazas de suspensión del servicio. Esta vez en busca de forzar la participación, de acuerdo con casos reportados por residentes de zonas populares que perdieron el resguardo de su identidad por temor a que se cumplan las represalias.
“Ya se ha vuelto costumbre. Cada vez que hay elecciones, los jefes de calle, que son chavistas, comentan que se pueden dar cuenta si votamos por la oposición y nos quitan el Clap”, dijo una residente del sector Villa Bahía, una localidad del municipio Caroní.
En Monagas, como en buena parte del país, la situación varía por zona. Solo en pocos sectores, como Maturín, la frecuencia de entrega de las bolsas es mensual. Además, incluye productos distintos a los de los urbanismos o sectores denominados como clase B. En cambio, en otras comunidades, como por ejemplo en el estado Guanaguana, pequeño pueblo ubicado al noroeste de la entidad, la entrega de las bolsas es menos frecuente y solo se realiza cada dos meses, en promedio.
Todo esto contrasta con comunidades en las que están instaladas bases de misiones. De acuerdo con denuncias de vecinos de la zona, la bolsa y otros beneficios llegan de manera frecuente. Uno de los denunciantes, que pidió no revelar su identidad por temor, reveló que en estos sectores priorizados por gobiernos regionales y locales, las bolsas incluyen más productos.
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