El estatus de los partidos que aún se encuentran ilegalizados podría afectar la imparcialidad del proceso y motivar la abstención. De acuerdo con cálculos de técnicos y expertos electorales, entre 1,7 millones y 2,5 millones de jóvenes de entre 18 a 23 años de edad están excluidos del padrón y podrían quedarse sin votar este año si el CNE no actualiza el Registro Electoral.

Caracas. Una vez más la oposición se enfrenta a la pelea de mejorar las condiciones electorales para participar o no en unas elecciones, pues se abstuvo en 2005 y la mayoría no participó en 2018. En esta oportunidad la disputa será por las condiciones electorales ante la renovación del Parlamento prevista para el año 2020 en la Constitución. Aunque en 2015 el cumplimento de las normas permitió a la tolda opositora obtener la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral dio un giro de 180 grados.

Así se evidenció en 2018 con el adelanto de los comicios presidenciales –que debían realizarse en diciembre y que se convocaron en mayo a través de la Asamblea Nacional Constituyente– y en las regionales y municipales caracterizadas por la reducción de la oferta electoral y la falta de publicación del registro preliminar pautado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Estas irregularidades, aunadas al cambio de otras condiciones que concede el ente comicial, restan competitividad y confianza al sistema, afirman técnicos electorales.

En 2016 la orden de renovación de 59 partidos políticos emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) auspiciaba el fin de la pluralidad electoral. La sentencia del máximo ente rector dejaba en entredicho la legitimidad de las organizaciones que aglutinaban a la Unidad Democrática, que disentían del chavismo y de la oposición y que no participaron en los comicios presidenciales de 2013.

Hoy día, a pocos meses de celebrarse los comicios parlamentarios, muchos de esos partidos políticos –como Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y la Mesa de la Unidad Democrática liderados por candidatos que enfrentan procesos penales y administrativos en su contra, como es el caso de Henrique Capriles, Julio Borges y Leopoldo López– siguen inhabilitados para participar en las elecciones y en cualquier cargo político.

Para constatar este y otros hechos vinculados a las condiciones electorales de cara a los comicios parlamentarios, el equipo de Crónica.Uno consultó a técnicos y expertos electorales que ofrecieron sus proyecciones en torno a esta nueva jornada de votación.

Un registro electoral excluyente y adelgazado

Para este 2020 se desconoce si el CNE tiene prevista una actualización del padrón electoral. No ha abierto jornadas especiales y la cantidad exacta de votantes es un enigma. Eso pese a que el ente comicial publicó a finales de octubre de 2019 el RE preliminar en el que contabilizan 20.588.968 electores.

Para Vicente Bello, coordinador nacional de Asuntos Electorales y miembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), la explicación es sencilla: el registro actual no incluye los cambios de residencia de los ciudadanos que emigraron, ni tampoco a los fallecidos. La data no ha sido actualizada desde 2015 cuando comenzó el éxodo migratorio.

Aproximadamente 500.000 jóvenes que cumplen la mayoría de edad cada año están fuera del RE, por lo que podrían quedarse sin ejercer el derecho al voto. Bello puntualizó que la falta de inversión y el desinterés del ente comicial ha dejado a 2,5 millones de personas entre 18 y 23 años excluidos del sistema.

Sin embargo, Félix Arroyo, consultor de procesos electorales para la Asamblea Nacional, ofrece una cifra más conservadora al indicar que 1.713.156 menores de 30 años están excluidos del RE.

En lo que ambos expertos sí coinciden es en que, aunque el mecanismo de inscripciones está siempre abierto solo se disponen de las oficinas regionales ubicadas por estado –24 en total– para el registro de nuevos votantes. “Antes el CNE instalaba 1400 puntos en distintos sitios e instituciones en todo el territorio para la recolección de datos. Eso dejó de hacerse y a la gente se le dificulta acercarse a las sedes regionales”, detalló Bello.

Un análisis divulgado por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) reveló que en 2015 se desarrollaron 12 actividades en un período de 53 días para los operativos de inscripción y actualización del padrón electoral, con un despliegue de 1568 puntos en todo el país. En ese lapso se inscribieron 870.811 nuevos votantes. En cambio, en 2018, se agruparon 17 actividades en 35 días con 531 puntos de inscripción, lo que representa una disminución de 83 % en comparación con 2015.

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Auditorías en “veremos”

Las auditorías son la revisión del mecanismo automatizado que permite demostrar la transparencia del sistema electoral y la integridad del voto. En cada jornada se realizan entre 14 y 19 procesos de verificación, totalización y comprobación. Sin embargo, desde 2015 esta cantidad está en retroceso. Para ese año, el CNE realizó 19 auditorías en 42 días, mientras que en 2018 planificó 16 en 34 días. Con aquel recorte –se señala en un informe del OEV– se eliminaron las auditorías del software del Sistema de Información al Elector (SIE).

Aunque es apresurado proyectar la cantidad de auditorías que se establecerán para los comicios parlamentarios de 2020, Bello y Arroyo coinciden en que la reducción de los partidos políticos postulantes que permanecen ilegalizados influirá gravemente en la participación de los representantes en las auditorías técnicas, lo que le restaría transparencia y credibilidad a la verificación.

Los puntos rojos y la coacción al elector

La instalación de puntos partidistas –puntos rojos y tricolores–, promovidos por simpatizantes del Gobierno con el consentimiento del árbitro electoral se exacerbaron en los últimos procesos electorales, pese a que –según las leyes– estos puntos de información deben estar ubicados a 200 metros del perímetro de seguridad del centro de votación. En repetidas ocasiones se han registrado irregularidades relacionadas con la propaganda, el montaje de tarimas y presencia de simpatizantes instando a sufragar a favor de un candidato específico.

Egleé González, profesora de la Universidad Central de Venezuela y especialista electoral, explicó que el análisis de los puntos rojos debe realizarse posterior a los resultados de las elecciones de 2017-2018. “En caso del año 2017 en las elecciones de gobernadores, después de un año de hiperinflación en el contexto económico, la oposición podría obtener entre 15 y 18 gobernaciones. Sin embargo, la oposición escasamente llegó a cinco gobernaciones”.

González explicó que uno de los elementos que influenció la toma de decisiones para el voto de los electores fue la presencia de “puntos rojos” del chavismo en las cercanías de los centros de votación.

Influenciaron en la ideología de muchos electores. La preferencia del voto siempre tiene una vinculación muy estrecha con la situación económica del ciudadano. El elector siente que si no vota perderá algún beneficio, como la caja Clap, indicó la experta.

En ese sentido, indicó que se coacciona al elector y, más allá del control social y clientelar, es la violencia que se ejerce sobre el ciudadano. “Los puntos rojos son individuales del voto, pero es un símbolo que ejerce presión. Es una demostración de poder y ventaja”, aseveró.

González afirmó que en estas próximas elecciones de 2020 disminuirán los puntos rojos, pero continuarán los mecanismos de control. Esta dinámica ha sido perfeccionada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de forma sistemática con la denominada “maquinaria roja”, que incluye acciones de intimidación del voto a través del chequeo de electores con las listas de bonos, becas y carnet de la patria.

Exceso de propaganda en campañas electorales

El hilo del discurso oficial durante la carrera electoral de 2015 trazó una estrategia comunicacional y propagandística que mantuvieron las instituciones del Estado. Un informe de las parlamentarias 2015, elaborado por el OEV, revela que en esta etapa predominaron las restricciones para el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a informarse a través de los medios tradicionales, de manera libre, diversa y plural en relación con el proceso de participación ciudadana.

En los medios públicos se hizo proselitismo político y se emitieron constantes mensajes de confrontación, pese a las expresas prohibiciones que establece la legislación electoral venezolana. Luis Lander, director del OEV, aclaró que el período más duro fue durante la campaña en la que se emitieron mensajes de agravio desde los programas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La campaña estatal televisada se utilizó para dirigir amenazas y coacciones contra el electorado. También la cobertura en los medios de comunicación fue distorsionada. “Maduro y Cabello usaron sus funciones públicas para lanzar mensajes de confrontación y desalentar a los ciudadanos a ejercer su voto de manera libre y responsable”, aseguró.

La campaña duró 21 días y fue del 13 de noviembre al 3 de diciembre de 2015. Durante estos días hubo 28 transmisiones especiales, que contaron con la difusión de Venezolana de Televisión y la red de medios oficiales para favorecer la estrategia partidista de la fuerza política que lidera el oficialismo.

En 2018, el CNE no reguló el período de precampaña y no hizo cumplir las normas, pese a que el Gobierno usó los medios para hacer su llamado al sufragio. Durante ese lapso, en comparación con el proceso electoral de 2015, se evidenció el uso indiscriminado de los recursos del Estado para instar a votar en favor del Gobierno.

Circunscripciones maquilladas

Para las elecciones parlamentarias de 2015, el CNE convocó a 19.504.106 electores inscritos para escoger a 167 diputados: 51 por lista y 113 de forma nominal. En el caso de los diputados nominales, el ente decidió utilizar las 87 circunscripciones o circuitos definidos en las elecciones parlamentarias de 2010.

Una circunscripción electoral es una “demarcación que se toma como criterio para distribuir los escaños, tomando en consideración el conjunto de votos emitidos en la misma”, de acuerdo con el Diccionario del Español jurídico de la Real Academia Española.

Con base en el número de diputados lista que se deben elegir, el CNE determina los índices poblacionales, por entidad federal, que sirven como parámetros para dar forma a los circuitos electorales. La Lopre establece en su artículo 19 que, para la conformación de las circunscripciones electorales, “se podrán agrupar municipios o parroquias contiguas y continuas”, hasta alcanzar el índice o múltiplo de este en cada estado.

Vicente Bello señala que las circunscripciones fueron manipuladas, mediante alteración de bases poblacionales, principalmente en los estados Aragua, Barinas, Miranda, Carabobo y el Distrito Capital. La irregularidad de las proyecciones fue señalada por el OEV en su informe final de observación de las parlamentarias 2015.

Esas proyecciones poblacionales, presentadas por el INE y aprobadas sin debate por la AN solamente con el voto favorable de la bancada oficialista, para algunas circunscripciones entraban en contradicción con las proyecciones hechas por el mismo INE en el año 2013. Las nuevas proyecciones, además, alteraron el número de diputados en algunas pocas circunscripciones, señala parte del informe.

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El número de diputados también se vio afectado por esta manipulación. 66 del total de circunscripciones fueron uninominales (escogieron un solo diputado), 16 fueron binominales y cinco trinominales.

Para los comicios parlamentarios de 2015, el Distrito Capital escogió siete diputados nominales y su población, reportada por el INE ante la AN de mayoría oficialista, era de 2.147.793 habitantes, al 31 de diciembre.

De manera tal que el índice poblacional fue de 306.828. El CNE, sin embargo, conformó dos circuitos que superaron con creces el índice poblacional establecido. En este caso, los circuitos 1 y 5 contaron con casi el doble de la población de circuitos como el 2 y, a la postre, escogieron el doble de diputados.

A juicio de José Huerta, técnico electoral de Voluntad Popular en las elecciones de 2015, los cambios en las circunscripciones hechos en 2010 respondieron a que el Gobierno y el PSUV preveían posibles cambios políticos y reajuste de fuerzas tras analizar los resultados electorales anteriores.

Ausencia de testigos en mesas

La Lopre establece que los partidos y los grupos de electores tienen derecho a acreditar testigos en cada una de las etapas de los procesos electorales. Cada testigo podrá exigir que se incorporen al acta las observaciones de hecho o irregularidades que haya presenciado.

El técnico electoral Félix Arroyo explica que en cada mesa debe haber un testigo por candidato o alianza. En las elecciones de 2015, los partidos de oposición se agruparon en la tarjeta electoral de la MUD y tuvieron candidatos únicos en casi todas las circunscripciones.

El día previo a las elecciones parlamentarias de 2015, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena señaló que tanto el PSUV como la MUD habían cumplido con más del 60 % de acreditación de sus testigos principales y suplentes. El 6 de diciembre, el oficialismo contaba con 90 % de presencia de testigos y la MUD con 87 %.

Asimismo, en las auditorías la presencia de testigos fue de 92,9 %. Tanto el PSUV como la MUD tuvieron el mismo alcance de presencia de testigos (86,3 %).

Para las elecciones regionales de 2017, últimas en las que participaron los principales partidos de oposición, el oficialismo tuvo presencia en 77,2 % de las mesas observadas por el OEV y la oposición estuvo en 72,7 %, de 158.141 testigos de partidos políticos que acreditó el CNE.


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