En la entidad, 600 pacientes deben realizarse hemodiálisis en centros privados, y de ellos al menos la mitad no pudo recibir el tratamiento de forma adecuada a causa de los apagones, denuncia la Fundación Amigos Trasplantados.
Valencia. Tres pacientes renales fallecieron en Carabobo ante la imposibilidad de cumplir con el tratamiento que requieren, debido a las fallas de servicios públicos y de medicamentos. La irregularidad en las diálisis afecta en la entidad al menos a 300 de las 600 personas que la necesitan. El servicio ha empeorado gravemente por los tres apagones nacionales registrados en menos de un mes.
Alfredo Cáceres, presidente de la Fundación Amigos Trasplantados capítulo Carabobo, explicó que la salud de los pacientes renales que dependen de hemodiálisis para tener una segunda oportunidad de vida se ha visto desmejorada. Un paciente con esta patología debe recibir ese tratamiento tres veces por semana por un lapso de cuatro horas, con el fin de eliminar las toxinas que genera el cuerpo y que no pueden ser depuradas de forma natural. Se debe contar con electricidad y agua para que las máquinas realicen ese proceso.
“Al no funcionar las máquinas, al no haber medicamentos, los pacientes no tienen calidad de vida y pueden morir. Van tres fallecidos”, explicó Cáceres. Los apagones también inciden en ese deterioro.
Refirió que en la entidad carabobeña no hay hospitales públicos que brinden el tratamiento de diálisis. El Estado venezolano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cancela en centros de salud privado las diálisis de los pacientes que lo requieren, pero desde 2014 mantiene deudas con estas clínicas que obliga a los pacientes a costear insumos como inyectadoras, líneas, catéteres, bolsas de sangre, entre otros.
A esto hay que añadir la escasez de muchos de los medicamentos que estos pacientes requieren por su condición.
Cáceres, en nombre de los pacientes trasplantados, pidió que en Venezuela se restituya la institucionalidad y que se garantice el derecho a la salud y a la vida, que a su juicio “el régimen no garantiza actualmente de ningún modo”.
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