Los parientes de los detenidos rechazan la Resolución 005-2020 del TSJ, porque impide la aplicación oportuna de la justicia y, además, aumentarían las posibilidades de que se contagien de la COVID-19 en los calabozos.
La Guaira. Con la Resolución número 005-2020 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que paraliza el sistema judicial penal hasta el 12 de agosto, más de 400 reclusos de los centros de detención preventiva del Litoral Central pudieran sufrir más retardos en sus respectivos procesos penales.
La decisión emanada el pasado 12 de julio del máximo órgano de justicia del país involucra a hombres, mujeres y adolescentes transgresores de la ley, quienes están recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en La Guaira, y de la Policía Municipal en Macuto, así como en el Centro de Retención de Mujeres y Adolescentes, en Caraballeda.
Frente a la situación de que ningún tribunal despachará hasta el próximo 12 de agosto debido a la pandemia, familiares de los reclusos del Litoral Central manifestaron a Crónica. Uno que no solo temen que las causas engrosen la lista del retardo procesal y la impunidad, sino que aumente la posibilidad de contagio del coronavirus dentro de las celdas.
Aunque no se obtuvo el permiso de las autoridades policiales para acceder a tales lugares, trascendió que los detenidos están hacinados y con escasas condiciones de salubridad.
¿Qué más me van a restringir las visitas a mi hijo si te digo lo que ya sabes? Esos calabozos son un infierno, en algunos no hay ventilación y la mayoría de los presos hasta duerme de pie”, reveló Dominga Fernández, que lamentó que el juicio de su hijo adolescente se postergue por la determinación del TSJ.
“Uno no sabe qué es peor: si esto que deciden en Caracas en una oficina con aire acondicionado o que en esas celdas también se puedan contagiar con el virus chino”, manifestó por su parte Luisa Mercedes Echarry, otra madre que aguardaba para ver a su hija, procesada por un caso de drogas.
Otros parientes de reclusos del Litoral Central denunciaron que dentro de los calabozos hay enfermos de sarna y otras afecciones, pero no reciben el permiso oportuno para la atención médica.
Es el cuento de nunca acabar, en estos sitios no se respetan los derechos humanos de nadie. Eso no es un secreto para las autoridades policiales y de justicia de este país”, afirmó el abogado Luis Mora Vélez, tras asistir a una reunión institucional en el Retén de Caraballeda.
Empeora retardo y caos penitenciario
El coordinador general de la Asociación Civil Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, dijo que la Resolución N.° 005-2020 mantiene paralizado el sistema de justicia penal y, en consecuencia, agrava el retardo procesal y aumenta el caos penitenciario que ya existe en el país.
En nota de prensa, advirtió que la decisión, además, aumentará significativamente el hacinamiento en los recintos penitenciarios, incluidos los centros de detención preventiva, y traerá como consecuencia, entre otras cosas, más brotes de enfermedades contagiosas, como tuberculosis, paludismo y escabiosis.
“Esto aumentará el caos en nuestras cárceles y centros de detención preventiva. Desde el pasado 16 de marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la justicia en Venezuela se encuentra paralizada”, precisó.
A la luz de este período de distanciamiento social y cuarentena, Una Ventana a la Libertad ha realizado dos informes en relación con el estado de salud en el cual se encuentran los internos de los centros de retención preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira.
De acuerdo con la investigación, solo en mayo cinco privados de libertad murieron por causas vinculadas con condiciones de salud; se determinó, además, que 188 internos padecen de tuberculosis, 10 tienen VIH y 941 presentan desnutrición aguda. En este período el hacinamiento alcanzó 218,10 %.
En junio, al realizar el “Boletín N.° 1 Ventana de la Salud”, la organización determinó que tres privados de libertad fallecieron ese mes: uno de tuberculosis, otro de un paro cardiorrespiratorio y el tercero de fractura craneal, al caer de un tercer piso cuando se encontraba en un centro de detención preventiva.
El coordinador general de UVL destacó que, si se mantiene el cronograma, el día viernes 14 de agosto comenzarán las vacaciones judiciales, las cuales se extenderán hasta el próximo 15 de septiembre: “En conclusión, la justicia penal venezolana estará paralizada por seis meses o más”.
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