Augusto Puga, de 22 años de edad, estudiaba Medicina la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. El joven iba a estudiar con una compañera y recibió un impacto de bala, cuando funcionarios de seguridad intentaban reprimir una protesta en 2017.
Caracas. El jueves 25 de mayo de 2017, cerca de las 4:00 p. m., Augusto quedó atrapado en medio de una balacera en el decanato de la Universidad de Oriente (UDO), en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Mientras corría, recibió un impacto de bala en la cabeza.
Su intención era reunirse con una compañera para estudiar Anatomía en la universidad. Según su madre, Carmen de Puga, esa tarde había un grupo de manifestantes en la Contraloría del estado Bolívar, a escasos metros del decanato donde él se encontraba.
De manera simultánea, en el decanato de la UDO estaban reunidos varios estudiantes para hacer una vigilia a favor de otro grupo de estudiantes que fueron detenidos y trasladados hasta el centro penitenciario El Dorado, en esa localidad. En ese momento arribaron miembros de cuerpos de seguridad y dispararon, siendo Augusto víctima de tales acciones, según el relato de Carmen.
Augusto Sergio Puga Velásquez, de 22 años de edad, estudiaba Medicina en la UDO, aunque antes cursaba Enfermería. Su sueño era ser neurocirujano y servir a su país con la que sería su profesión.
El día de su asesinato, otros estudiantes resultaron heridos en el decanato, de acuerdo con Carmen. Y varios de ellos se fueron del país porque recibieron “supuestas amenazas”.
En el 2017 hubo protestas masivas en el país, que iniciaron el 1º de abril, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera las sentencias 155 y 156, que suprimían la inmunidad de la legítima Asamblea Nacional, electa en 2015.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) entre abril hasta agosto se registraron 163 muertes durante las protestas. Las entidades con mayor número fueron Distrito Capital, Miranda, Táchira, Lara, Carabobo, Mérida y Aragua.
La mañana de ese jueves Carmen escuchó el último “te amo” de su hijo a través de una llamada telefónica. Tenía ya 15 días sin verlo porque él vivía en una residencia estudiantil en Ciudad Bolívar, a una hora y media de distancia de San Félix, donde residía su madre. Augusto también trabajaba como gerente en un comercio.
“A nosotros nos mataron nuestra esperanza, nuestro futuro. Porque él era nuestro futuro, que solo estaba en búsqueda de su profesión, que tanto añoraba, y con el sueño de que fuéramos una gran familia”, expresó Carmen.
Seis detenidos
El Ministerio Público solicitó la detención de cinco funcionarios de la policía del estado Bolívar y un sargento segundo de la Milicia, por la presunta vinculación en el asesinato de Augusto Puga y fueron privados de libertad entre el 25 y 27 de mayo, el mismo año de los hechos.
Estos hombres fueron identificados como Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y el sargento Cristhiam Arzolay. Los imputaron como supuestos coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica.
Una nota de prensa del Ministerio de Comunicaciones indica que los cinco policías estarían detenidos en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix; mientras que el sargento fue trasladado a la Comandancia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Ciudad Bolívar.
Sin información
Después de seis años de lo acontecido, Carmen y su familia no saben si los presuntos implicados continúan detenidos o si “están deambulando por las calles”. No tienen información al respecto.
“No sabemos nada de nada, no tenemos información. Ya se cumplen seis años y ellos no han hecho justicia, no nos dicen en qué situación está el caso. Nada de eso”.
La familia del joven estudiante pide justicia y transparencia en el proceso. Según Carmen, no tienen acceso al expediente del caso, han tenido más de seis fiscales y trasladaron la causa hasta el estado Monagas sin una razón que los parientes de la víctima consideren pertinente.
Añadió que llevan numerosas audiencias de las cuales muchas no les han notificado para participar. La última vez fue hace tres años y, supuestamente, los familiares de los presuntos victimarios intentaron arremeter contra su esposo, César Puga.
Manifestación por las víctimas de 2017
El 26 de abril de 2023, familiares y allegados de 19 víctimas de presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas armadas y policiales durante las protestas de 2017, se reunieron en el Ministerio Público para exigir celeridad en las investigaciones porque los crímenes se mantienen impunes.
Manifestaron que su confianza para el acceso a la justicia permanece en instancias internacionales por ser “autónomas e independientes”.
Además, solicitaron hacer la entrega de un documento que exponía sus denuncias y que listaba nueve casos de víctimas que por más de seis años no tienen imputados ni acciones legales para determinar la responsabilidad en los asesinatos.
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