Familiares de detenidos denuncian brote de enfermedades en calabozos del Cicpc Maturín

Hacinamiento, violación de derechos humanos, propagación de enfermedades y retardo procesal son las denuncias reiteradas de los parientes de los privados de libertad en Monagas. Familiares denuncian que desde el 31 de diciembre no han podido visitar a los detenidos en la subdelegación del Cicpc Maturín y afirman que en los calabozos hay un brote de enfermedades.

Maturín. Familiares de los detenidos en Monagas alzaron su voz para exigir que se respeten los derechos humanos en los centros de detención preventiva de la entidad. 

Sostienen que nos les permiten ingresar medicamentos para que los detenidos puedan tratarse las enfermedades que padecen, pues aseguran que hay muchos que tienen patologías de base, como diabetes e hipertensión.

Las violaciones de derechos humanos en los calabozos venezolanos son frecuentemente denunciadas por familiares y ONG dedicadas a este tipo de situaciones. El hacinamiento, el precario acceso a los servicios públicos y la deficiente alimentación son problemas expuestos en reiteradas oportunidades por los familiares de los privados de libertad.

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento en los centros de detención preventiva es preocupante. En la subdelegación del Cicpc Maturín el hacinamiento era de 215 % para finales de 2020, cuando estaban recluidas allí 172 personas, y en febrero de 2021 aumentó a 225 % con un total de 180 detenidos.

La situación no es diferente en Polimonagas, donde el hacinamiento en los calabozos era de al menos 500 % para febrero de 2021, según datos de la ONG. Las celdas de Polimonagas están diseñadas para albergar un total de 80 presos y hay alrededor de 400, estos datos pudieron obtenerse tras el reporte de los familiares, luego de que en uno de los calabozos explotara una granada el pasado 7 de febrero.

Los calabozos son muy pequeños. Ellos permanecen parados las 24 horas del día, no nos permiten que los visitemos. La situación más grave es que hay pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas. Hay que cargarles agua a más de 100 metros de distancia y desde el 31 de diciembre no nos permiten las visitas”, detalló Olys Plaza, madre de uno de los detenidos.

La falta de higiene y de agua, el hacinamiento y la precaria alimentación han desencadenado en los privados de libertad enfermedades como tuberculosis, escabiosis e, incluso, de acuerdo con testimonios de familiares, también hay detenidos con COVID-19.

Familiares sin respuestas 

“Ellos están allí adentro como secuestrados”, contó Plaza, quien ha seguido de cerca el problema y lo ha denunciado en los organismos competentes. Plaza indicó que las visitas están prohibidas y la comida la reciben a las 8:00 de la mañana sin prórroga.  

Nos dicen que están prohibidas las visitas porque son reglas de la institución. Nosotros queremos ver a nuestros familiares porque ahí hay personas que tienen lesiones de casi tres centímetros de profundidad. Por las cámaras que están ahí afuera logramos ver que están unos encima de otros, ellos ni duermen. Esto se ha reportado en la Defensoría del Pueblo más de seis veces y hasta en los medios de comunicación”, destacó Plaza.

Retardo procesal

El retardo procesal es otro de los temas denunciados por los parientes de los privados de libertad en Monagas. Explican que se retrasan las audiencias por falta de transporte, en oportunidades no aparecen las boletas y hay detenidos a los que no se les ha hecho la audiencia preliminar.

“Los derechos humanos de los detenidos se violan todos los días. No podemos ni siquiera contabilizar cuántas violaciones de derechos humanos se registran en un mes, porque es a diario que sucede. A esto se suma el retardo procesal. Hay reclusos que cumplen su condena en centros de detención preventiva. No hay datos oficiales pero podría decir que 70 % de la población carcelaria de Venezuela tiene retardo procesal, ni siquiera se les hace la audiencia preliminar”, explicó Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Nieto sostiene que una de las enfermedades más frecuentes en los privados de libertad es la tuberculosis, y esto obedece al hacinamiento. Recalcó que la COVID-19 no es muy frecuente en las cárceles venezolanas.

La ONG logró documentar que en 2019 uno de los reclusos cumplió su condena de siete años en los calabozos de Polimonagas, situación que se replicó en Polimaturín, donde un recluso tiene tres años detenido y no ha sido procesado. 

Nieto explicó que los centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles, y los reos cumplen su condena en espacios diseñados para una detención de no más de 48 horas.