Este año se han registrado allanamientos a viviendas y detenciones en la frontera que mantienen en vilo a los tachirenses.
San Cristóbal. En lo que va del mes de enero, cuatro personas fueron detenidas por motivos políticos en el estado Táchira. Esto aumenta la tensión en la zona, debido a las aprehensiones ocurridas el pasado año, después de las elecciones del 28 de julio.
Tres hombres y una mujer fueron privados de libertad este año, mientras que otros dos tienen estatus de desaparecido, al desconocerse su centro de reclusión.
La tachirense Zuleika Meneses denunció que, el 10 de enero, funcionarios del Sebin allanaron su vivienda en el sector Jesús Nazareno, en Palo Gordo, municipio Cárdenas. Se llevaron a su tía Miriam Gómez y a su prima Alaina Rangel Gómez, de forma arbitraria. No tenían orden de allanamiento ni detención.
24 horas después liberaron a Gómez, pero Rangel sigue detenida. Meneses, quien se encuentra fuera del país, dijo que la medida obedece a que desde hace varios años ha alzado su voz contra el gobierno. Asegura que se trata de un amedrentamiento contra ella. Denunció que en el allanamiento los efectivos retuvieron documentos y otras de sus pertenencias.
Los procedimientos ocurrieron en los municipios Cárdenas y Pedro María Ureña. La coordinadora regional del Foro Penal Venezolano, Raquel Sánchez, destacó que las personas mencionadas son las que ha documentado la organización en las últimas dos semanas.
Dijo que no se han registrado nuevas excarcelaciones. Hasta ahora 70 personas de la entidad se encuentran bajo la custodia de los organismos de seguridad del Estado.
Sin atención médica
El 2 de enero de 2025, hombres armados llegaron a la casa del exalcalde de Bolívar, Simón Vargas, para llevárselo consigo sin orden de allanamiento ni motivos.
Días después, se pudo conocer que se le imputaron delitos de terrorismo, incitación al odio, agavillamiento, lesiones personales y resistencia a la autoridad.
El diputado en el Consejo Legislativo Estadal, Freddy Kelly, destacó que el 16 de enero, trasladaron a Vargas hacia el Centro Penitenciario de Aragua. Indicó que su estado de salud es crítico, pues presenta hipertensión y altos niveles de ácido úrico.
“Solicitamos a las autoridades el ingreso de los medicamentos para tener un buen estado de salud, así como el respeto al debido proceso, para que se le permita la defensa privada”, agregó.
La otra detención corresponde a una mujer, en San Antonio. Según cifras del Foro Penal Venezolano, 1687 personas se encuentran detenidas en el país. Se desconoce el paradero de 43 de ellas.
Colombianos detenidos en Táchira
Familiares de Dionel López y Juan Zúñiga, ambos de nacionalidad colombiana, claman al gobierno venezolano que les den información de los jóvenes, que están desaparecidos desde el 6 de enero.
Los dos residen en Cúcuta y decidieron cruzar hacia el municipio Pedro María Ureña, por el puente Francisco de Paula Santander, desde entonces sus parientes les perdieron el rastro.
De acuerdo con el relato de Mónica García, esposa de López, este invitó a Zúñiga a llevar a su suegro en silla de ruedas a Ureña. Tras dejarlo en su vivienda, se dispusieron a regresar a Cúcuta, pero en el retorno autoridades venezolanas los interceptaron.
“Al muchacho que lo acompañaba le hallaron la libreta militar y de ahí se agarraron para molestar. Como ahora cualquier extranjero lo creen mercenario o terrorista, pues los dejaron, los tienen presos”, expresó.
No fue sino hasta el 8 de enero, cuando se enteraron de lo ocurrido. A través de un mensaje de WhatsApp les avisaron de la detención.
“Cuando vi el mensaje me volvió la vida al cuerpo, porque sabía que estaba vivo”, expresó.
En el texto decía que lo llevaban a Caracas y que le enviara dinero a una cuenta para poder comer.
“Pido que nos ayuden a su liberación, pues no es posible que los dejen presos por algo que ellos no han hecho”, añadió.
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