Según resultados de la autopsia, Rafael José Hernández Ramírez, presentó politraumatismos generalizados, desprendimiento de costillas, afección del tórax y expresión de corriente en los labios. Defensoría del Pueblo de Cariaco inició investigación del caso.
Cumaná. Durante dos días consecutivos, familiares de Rafael José Hernández Ramírez de 31 años, asesinado en Cariaco capital del municipio Ribero del estado Sucre, el pasado 5 julio cuando se encontraba detenido en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); se presentaron ante la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná, para denunciar la presunta tortura que provocó su muerte.
“Le rompieron las costillas, le dieron golpes en la espalda por demás, le metieron corriente en la boca. Quiero justicia porque no había necesidad de que mataran a mi hijo cruelmente”, aseveró Alicia Hernández, madre del hombre asesinado en los calabozos de la DIP, quien exigió justicia para que el caso de su hijo no quede impune.
Explicó que los funcionarios del organismo policial no notificaron la muerte de Hernández Ramírez a la familia y fue una persona allegada quien avisó a su hermana, luego de ver el cuerpo en la emergencia del Hospital Diego Carbonell de Cariaco.
Cuando llevaron a mi hijo la emergencia ya tenía dos horas muerto y cuando mi hija preguntó qué le había pasado, los funcionarios dijeron que se había caído en el baño pero la doctora –quien no quiso firmar el acta de defunción- confirmó que no tenía golpes en la cabeza aunque lo golpearon mucho en la espalda y las costillas”, añadió la madre.
Hernández Ramírez fue detenido, junto a su pareja, el pasado 27 de junio por presunto maltrato contra su hija de 10 meses. La niña presentó fractura del brazo y fue trasladada a Carúpano, municipio Bermúdez para una cirugía.
La mamá de la niña fue liberada un día después de la muerte de mi hijo pese a que debía cumplir 45 días en la DIP. Ella misma confirmó que los funcionarios lanzaron a mi hijo a los calabozos y que los demás presos pedían auxilio para que lo atendieran, porque estaba agonizando”, aseveró.
Hernández exigió a la Fiscalía una investigación contra la DIP, aseguró que no es la primera vez, según ella, que se registra un caso de abuso policial por parte de los funcionarios de esta institución en la población de Cariaco.
“Ellos hacen lo que les da la gana en el pueblo, se meten a las casas sin orden de allanamiento son muchos los abusos”, apuntó.
El legislador Miguel Vásquez, confirmó que el caso es investigado por la Fiscalía Quinta según expediente MP 141957-2022, por el delito de trato cruel. Durante su visita a la institución, a los familiares les fue confirmada la detención de cuatro funcionarios de la DIP, pero desconocen la identidad de los mismos.
Vásquez, quien acompañó a los familiares en su recorrido por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Cumaná, también dijo que solicitará una investigación a través de la Comisión de Política Interior del Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES).
No puede haber silencio cómplice, pedimos que se depuren los cuerpos policiales para evitar la tortura, el trato cruel a los detenidos, es urgente que se actué a través de un castigo ejemplarizante a los responsables de este hecho que no fue un enfrentamiento sino que ocurrió dentro de las instalaciones de la DIP ubicada además frente al Liceo de Cariaco”, agregó.
Traslado de presos
Juan Carlos Ramos, defensor delegado del pueblo en el estado Sucre, indicó que la institución conoció del caso a través de su representante en Cariaco, e inmediatamente iniciaron las investigaciones para sustentar el expediente.
“Hay dos vertientes que señalan violencia por parte de los privados de libertad que le propinaron una golpiza debido a la denuncia de violencia infantil y hay otra versión que advierte tortura por parte de funcionarios de guardia. Esperamos que el MP ordene o manifieste los resultados para garantizar justicia en el caso”, dijo.
Anunció además que aunque en la sede de la DIP, no hay hacinamiento de presos, en los calabozos esta semana participarán en el traslado hacia Cumaná, de 70 personas que se encuentran allí recluidas.
Es un centro de detención en buenas condiciones porque es relativamente nuevo, pero sabemos que debe cumplir detención preventiva es decir, no puede tener privados de libertad por un lapso mayor a 48 horas”, indicó.
Ramos aprovechó la oportunidad para exhortar a la ciudadanía a denunciar los casos de tortura, trato cruel e inhumano y evitar la extorsión o los abusos policiales, pues en su opinión, “si no hay denuncia, hay impunidad”.
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