Fiscalía investiga 16 casos de manifestaciones atacadas por grupos civiles armados

Luisa Ortega Díaz también dejó en claro su rechazo al procesamiento de civiles por los tribunales militares, por considerar que esto viola la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos

Caracas. Los colectivos y demás grupos civiles armados que desde hace años se han dado a la tarea de hostigar y amenazar a quienes manifiestan su descontento contra el Gobierno están en la mira del Ministerio Público (MP). Así lo anunció la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien reveló que su despacho tiene abiertas 16 investigaciones.

Hemos recibido denuncias de personas que están siendo amenazadas y han resultado agredidas por oponerse a las guarimbas o por grupos identificados con el Gobierno por manifestar su descontento (…) Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados a atacarla. Es necesario desarmar a la población, afirmó la funcionaria al presentar este miércoles el segundo balance sobre las consecuencias que la represión a la ola de protestas que sacuden al país desde finales de marzo han provocado.

Tras informar que su despacho cifra 55 fallecidos y más de 1000 heridos, Ortega Díaz afirmó: He recibido información de distintos sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas propiciando que se alteren los ánimos y también tenemos información de policías y militares saqueando y le recordó a las policías y a la Guardia Nacional que “están en el deber de evitar la confrontación entre grupos antagónicos que se encuentran armados, utilizar la fuerza apegado a la ley y actuar contra cualquier grupo armado que propicie confrontación, sea del signo político que sea”.

Ya en 2014 varias organizaciones de Derechos Humanos denunciaron nacionalmente en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que grupos civiles armados reprimían manifestaciones opositoras ante la actitud complaciente de los organismos de seguridad.

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Otro pronunciamiento

Ortega Díaz aprovechó su comparecencia para criticar nuevamente a las autoridades, en esta ocasión por su decisión de pretender procesar a los detenidos en las manifestaciones y en los disturbios en los que muchas de ellas han degenerado ante los tribunales militares, por considerar que es contrario a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

“Viola el principio del juez natural”, afirmó luego de anunciar que tiene abiertas siete investigaciones por el uso de la justicia castrense contra civiles y de que le solicitó a la fiscal general militar, capitana de navío Siria Venero de Guerrero, información sobre la cantidad de procesos abiertos contra protestantes y la cantidad de personas que tienen detenidas.

Hasta el 22 de mayo, el  Foro Penal Venezolano tenía contabilizados 338 civiles presentados ante jueces militares, de los 175 habían quedado detenidos preventivamente.

Ortega Díaz ya había dejado en claro su desacuerdo con este paso previsto en el polémico Plan Zamora, al solicitar la semana pasada a los juzgados penales de Zulia que asumieran el caso de los 14 detenidos por participar en el derribo de la estatua del fallecido Hugo Chávez en Villa del Rosario, así como en el saqueo a la Alcaldía de ese ayuntamiento.

Pese a que su petición fue rechazada, la funcionaria dejó en claro este miércoles que insistirá, pues anunció que interpondrá un amparo contra otro tribunal al que le formularon el mismo requerimiento y que todavía no le había dado respuesta.

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La represión no es la solución

La Fiscal también se refirió a la situación general del país y —sin decirlo expresamente— llamó a las autoridades a cambiar de estrategia.

“Hay que identificar la causa de la confrontación entre venezolanos. Confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema. El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos y de medicinas y la inseguridad que hay”, sentenció.

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