Desde su creación en 2019, la AN-2015 ha autorizado a Juan Guaidó a ampliar el Fondo de Litigios en cuatro oportunidades. Para hacer pagos a través del Fondo se requiere que el servicio de defensa judicial haya sido prestado, que el Consejo de Administración del Gasto lo verifique contra facturas, que el Parlamento autorice el pago y la OFAC libere los recursos.
Caracas. Esta semana la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional instalada tras la reforma del Estatuto para la Transición, autorizó a su presidente Juan Guaidó a ampliar el Fondo Especial de Litigios en más de 10 millones de dólares, para cubrir la segunda porción de una deuda de defensa de activos reconocida en enero. La semana previa, en su sesión del 6 de abril, la Delegada había autorizado otros 3,7 millones de dólares para pagar los honorarios de la defensa judicial del oro venezolano en Inglaterra.
Como se sabe, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó ha funcionado desde enero de 2019 bajo tres objetivos centrales: impulsar un cambio de gobierno en Venezuela, paliar la crisis humanitaria compleja y bloquear el acceso de Nicolás Maduro a los activos de la república en el exterior.
Para cumplir esos fines y con el aval de la Asamblea Nacional creó dos fondos: el Fondo Especial de Litigios (noviembre 2019) para pagar los gastos generados por juicios u otras acciones destinadas a proteger o recuperar activos de la república; y el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital (abril 2020), que funciona como el presupuesto operativo del gobierno interino y la AN-2015.
Aparte de estos dos fondos, el gobierno interino solicitó en marzo una licencia para desbloquear 30 millones de dólares para comprar el acceso de Venezuela al mecanismo Covax. Sin embargo, tras el anuncio de Miraflores de haber pagado de su cuenta dicho cupo en Covax, Guaidó anunció que el dinero quedaría a disposición de la Mesa Técnica para Acceder a Covax, para reforzar la cadena de frio, comprar más vacunas o lo que hiciera falta.
Fondo sin límites
Volviendo a los fondos, aunque ambos mecanismos han sufrido modificaciones, ajustes y ampliaciones, con el paso del tiempo, es pertinente señalar que el Fondo para la Liberación de Venezuela, tiene un límite de hasta 80 millones de dólares. Todos los cambios que se le han hecho hasta ahora a su estructura han consistido en ampliar o recortar partidas, jugando siempre con el tope indicado.
Pero el Fondo de Litigios parece no estar regido por los mismos límites: aunque inicialmente solo se dispuso de dos millones de dólares para que Pdvsa ad hoc pagara la defensa de sus activos, a la fecha de hoy, ese fondo ya ha recibido 46.470.368,92 dólares. Veamos su evolución en detalle.
En primer lugar, es pertinente señalar que para hacer pagos a través del Fondo de Litigios se requiere que el servicio de defensa judicial de los activos en el exterior ya haya sido prestado, que el Consejo de Administración del Gasto lo verifique contra facturas, que el Parlamento autorice el pago y la OFAC libere los recursos. En ese orden.
El 1° de octubre de 2019, antes de la creación del Fondo de Litigios, la AN autorizó a Pdvsa ad hoc a disponer de 2 millones de sus recursos para el pago de la defensa de sus activos. Cinco semanas después, el 19 de noviembre de 2019 concedió el mismo permiso, por el mismo monto y para los mismos fines, pero esta vez al Banco Central de Venezuela ad hoc.
En esa oportunidad, noviembre de 2019, la AN creó oficialmente el Fondo Especial de Litigios y lo limitó a los 4 millones de dólares aprobados hasta el momento.
El 28 de enero de 2020, la plenaria de la AN –con el voto salvado de las fracciones de Primero Justicia y 16 de Julio– autorizó la primera ampliación del fondo hasta 20 millones de dólares.
Los recursos servirían para pagar servicios de defensa judicial y extrajudicial ya prestados a la república desde comienzos de 2019, cuando se designó la Procuraduría Especial, hasta ese momento.
Tres ampliaciones más
El 12 de enero de 2021, la Comisión de Finanzas presentó un informe a la Comisión Delegada en el que reconoce que para ese momento, el gobierno interino tenía una deuda de 18.749.681,49 dólares con firmas y escritorios de abogados que habían venido ejerciendo la defensa de los activos de la nación en el exterior en distintos juicios a lo largo de 2020, e incluso en 2019.
Como ya se dijo, los pagos se reconocen, autorizan y procesan una vez prestados los servicios.
Ese día, la Delegada autorizó el pago de una parte de esa deuda: 1.053.052,86 dólares para los compromisos de defensa judicial de los activos del BCV ad hoc y 7.560.544,46 dólares para el mismo fin, pero de Pdvsa ad hoc. En la práctica, esto significó una nueva ampliación del Fondo Especial de Litigios por 8.613.597,32 dólares, pero por la vía de autorizar a ambas juntas ad hoc a usar recursos propios para pagar dichas deudas.
El 6 de abril pasado, Juan Guaidó solicitó a la Delegada autorizar una nueva ampliación del Fondo de Litigios, esta vez por 3.720.687,43 dólares. La suma iría destinada a pagar los servicios de defensa judicial generados en el juicio por la protección del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
Y una semana después, este 13 de abril, el presidente encargado volvió a solicitar a la Delegada una nueva autorización para pagar deudas pendientes por defensa de activos, ahora por 10.136.084,17 dólares. Esta cifra corresponde al remanente de lo que ya había sido reconocido como deuda en enero de este año, pero que en esa ocasión quedó pendiente, como se explicó más arriba.
Rendición de cuentas en hold
En total, según se desprende de sumar los montos autorizados mediante acuerdos parlamentarios por la Asamblea Nacional y la Comisión Delegada, el Fondo Especial de Litigios ha recibido desde 2019 un total de 46.470.368,92 dólares para pagar “deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos” que incluyen “honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero”.
El 64,9 % de ese monto, es decir 30,1 millones de dólares, ha sido autorizado sin especificar el ente del Estado que incurrió en el gasto de defensa judicial. En esos casos, que atañen a las autorizaciones del 28 de enero de 2020 y 13 de abril de 2021, los acuerdos parlamentarios solo dicen que el dinero es para pagar la “deuda sostenida con las firmas de abogados que han representado al Estado y sus entes descentralizados”.
Hasta la fecha, ni el presidente Juan Guaidó ni el Consejo de Administración del Gasto han rendido cuenta pública y detallada sobre la ejecución de tales gastos. En las ruedas de prensa del 3 de marzo y del 14 de abril de este año, Guaidó ha dicho que presentará el informe de memoria y cuenta “antes del mes de julio”.
Algunos datos públicos
El único documento que contiene cierta información al respecto es el informe de gestión 2019-2020 de la Procuraduría Especial, publicado en febrero de 2020, por el entonces procurador especial José Ignacio Hernández. Allí se pueden leer los nombres de algunos de los escritorios jurídicos que han prestado servicio al gobierno interino, así como el tipo de juicios que enfrentaba la república para ese momento.
Entre 2019 y 2020, el principal tipo de proceso judicial, de acuerdo con el informe, fue la ejecución de laudos arbitrales (48 % de los procesos) como resultado de las políticas de expropiaciones que ejecutó Hugo Chávez durante su gobierno y que todavía en la actualidad siguen generando litigios y gastos al Estado. El segundo tipo de juicio es por demanda de daños (16 % de los procesos). Luego están los juicios por bonos de la república (14 %), pagarés de Pdvsa (9 %), y los de recuperación de activos que según la Procuraduría apenas representan el 5 % de todos los procesos judiciales que enfrenta la república. Por último, los juicios por los bonos de Pdvsa, que representan 4 % de los casos en corte y los de nulidad de deuda y “otros” con 2 % cada uno.
En una entrevista concedida en febrero de este año a Crónica.Uno, Hernández dijo que el detalle de los pagos por la defensa de los activos estaba en manos de las juntas administradoras del BCV ah hoc y Pdvsa ad hoc, que a su vez remitían toda la información a la Comisión de Finanzas de la AN.
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