El abogado José Ignacio Hernández afirmó que un comité político ad hoc integrado por un representante de cada partido del G-4 diseñó, junto con la Procuraduría Especial, el presupuesto del Fondo de Litigios. Aclara que no fue llamado por la comisión de Finanzas durante la elaboración del informe que cuestiona su gestión. Asegura que sí se aprobó un presupuesto para la defensa de los activos y que consensuó y comunicó sus decisiones con la AN y el gobierno interino de Juan Guaidó.
Caracas. El pasado 12 de enero de 2021, la comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó las conclusiones de un informe de la comisión de Finanzas, leído por su presidente diputado Carlos Paparoni (Primero Justicia), en el que evalúan el funcionamiento de la Procuraduría Especial de la República entre 2019 y 2020.
El informe dice que esa oficina, encabezada por el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández (febrero 2019- mayo2020) y el profesor de derecho constitucional Enrique Sánchez Falcón (desde junio de 2020), aprobó la contratación de escritorios jurídicos sin autorización de la Asamblea Nacional, sin contar con presupuesto y sin verificar los requisitos legales.
La comisión de Finanzas instó a la Procuraduría Especial a corregir sus fallos, “concertar y comunicar en un modo diáfano la estrategia de defensa de los intereses del Estado en el extranjero, subsanar los errores procedimentales realizando la autorización de los contratos por parte del Consejo de Defensa Judicial con montos establecidos y la exposición de motivos” y le ratifica que todo contrato debe contar con la autorización del Consejo Nacional de Defensa Judicial con respaldo de la AN.
#SesiónAN | El Dip. @CarlosPaparoni participa en el Proyecto de Acuerdo para la protección de activos de los venezolanos y ampliación del Fondo de Litigios. pic.twitter.com/YuukNAbNcD
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 12, 2021
A raíz del seriado titulado Gestión bajo la lupa, publicado por Crónica.Uno entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2021, el extitular de la Procuraduría Especial, José Ignacio Hernández, contactó a este medio para ofrecer su versión. Por acuerdo de las partes, Hernández respondió a un cuestionario escrito y, posteriormente, respondió repreguntas vía telefónica.
El profesor universitario de Derecho Administrativo aclaró que nunca fue contactado por la comisión de Finanzas para la elaboración de dicho informe, que el documento tampoco le fue remitido de manera oficial luego de su publicación ante la comisión Delegada y que solo se ha enterado de su contenido a través de los medios de comunicación.
Desmiente las conclusiones a las que llegó la comisión: afirma que sí existió un presupuesto para el pago de contrataciones, que no manejó él directamente sino que se ejecutó a través de las directivas ad hoc de Pdvsa y BCV, y que envió 500 comunicaciones a distintos entes del gobierno encargado (desde Juan Guaidó, pasando por las directivas ad hoc, el contralor especial nombrado en mayo de 2020 y las comisiones de la AN) sobre su accionar.
El informe de la comisión de Finanzas dice que su oficina contrató escritorios jurídicos para la defensa de los activos de la República sin contar con un presupuesto para ello ¿por qué lo hizo?
–La asignación de trabajo remunerado a escritorios contratados se realizó únicamente a partir de la previsión presupuestaria aprobada excepcionalmente por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no se contrató a despachos sin contar con disponibilidad presupuestaria.
¿Podría precisar cuánto cobró cada uno de los escritorios jurídicos contratados bajo su gestión para la defensa de los activos en el exterior?
–Las firmas contratadas fueron las siguientes:
- El abogado Lee Buchheit fue contratado —por la vía de una consulta abierta por una comisión creada al respecto— como asesor jurídico estratégico, pro-bono para la deuda pública venezolana (comunicación PER-62, del 18 de mayo de 2019).
- La firma Sullivan & Cromwell (SC) fue contratada —por la vía de una consulta abierta por una comisión creada al respecto— como abogada del gobierno interno para la deuda pública, pro-bono durante un período inicial (comunicación PER-144 del 17 de julio de 2019).
- La firma Abrams & Bayliss (AB) fue contratada pro-bono —previa consulta con la junta administradora ad hoc de Pdvsa— para presentar la opinión de la República en el juicio intentado por Maduro demandar la nulidad de la designación de los directores de Citgo por parte del gobierno interino (comunicación PER-149 de 18 de julio de 2019).
- Paul Hastings (PH) fue contratado —tras un proceso de consulta abierto por una comisión creada con la junta ad hoc de Pdvsa— como abogado pro-bono de PDVSA para la negociación con los tenedores del Bono 2020, hasta el 1° de noviembre de 2019 (comunicación PER-176 de 19 de agosto de 2019 y PER-182 de 26 de agosto de 2019).
Ninguna de esas contrataciones comprometió pago de sumas de dinero, con lo cual no se precisaba de disponibilidad presupuestaria. Entretanto, la asignación de trabajo remunerado a esas firmas sí requería previsión presupuestaria. Para ello, la Asamblea Nacional aprobó:
- El Acuerdo del 1° de octubre de 2019 donde se autorizó el uso de 2 millones de dólares para gastos legales urgentes de Pdvsa, referidos a la demanda de nulidad de los Bonos Pdvsa 2020, a cargo de la firma PH. En oficio del 16 de octubre de 2019, la comisión de Finanzas aprobó el pago de un anticipo de $500.000 a esa firma, lo que demuestra que sí se contó con disponibilidad y que la Asamblea estuvo informada en todo momento. Además, con base en este acuerdo y en coordinación con la junta administradora ad hoc de Pdvsa, se acordó la contratación de Donald Verilli, de la firma de abogados Munger, Tolles and Olson LLP (MTO), como abogado en casos especiales de Pdvsa, especialmente, ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (comunicación PER-228 del 8 de octubre de 2019).
- El Acuerdo del 19 de noviembre de 2019, donde además de ratificar el monto autorizado en el Acuerdo del 1° de octubre, se autorizó el uso de 2 millones de dólares a favor del Banco Central de Venezuela. Esto permitió el pago a la firma SC por gestiones de protección de activos del BCV y reconciliación de la deuda, una vez vencido el período pro-bono al cual se comprometieron.
Entre agosto y noviembre de 2019 se preparó el presupuesto del Fondo de Litigios, por 20 millones de dólares. A pesar de que fue debatido y aprobado políticamente, a última hora del 19 de noviembre de 2019, me informaron que el texto del acuerdo no incluiría el monto de 20 millones de dólares sino únicamente los 2 millones ya señalados.
Finalmente, el 28 de enero de 2020 y tras diversos retrasos de las discusiones internas de la Asamblea Nacional, no imputables a la Oficina, se aprobó el Acuerdo que fijó el monto del Fondo de Litigios en 20 millones de dólares. Todo el asunto de la previsión presupuestaria de la Procuraduría Especial y la contratación de los despachos de abogados fue expresamente tratado en una comunicación (PER-459) remitida al Contralor Especial.
¿Cuánto cobró cada uno de los escritorios jurídicos contratados bajo su gestión para la defensa de los activos en el exterior?
–La Oficina de la Procuraduría Especial no es ordenador de pago, pues no tiene presupuesto asignado. El presupuesto provenía de recursos de Pdvsa y del BCV, quienes eran los ordenadores de pago. Esas juntas informaron periódicamente a la Asamblea Nacional de los pagos realizados y los fondos utilizados. No dispongo de los montos erogados por esas juntas. La Oficina del Procurador Especial informaba de manera regular a la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre estas gestiones. Esas instancias tienen, centralizadamente, esa información.
¿Cuáles de los más de 50 litigios que recibió su oficina avanzaron o culminaron de manera favorable para los intereses de la república y cuáles se perdieron o han avanzado de manera desfavorable?
–La estrategia de defensa judicial frente a las demandas de acreedores, se basó en los lineamientos de renegociación de deuda, aprobados en julio de 2019, según los cuales no se repudiaría la deuda legada de Chávez y Maduro, procurándose la renegociación ordenada y amistosa, difiriendo todos los riesgos sobre activos de Venezuela. En otras palabras, la estrategia de defensa no consistió en “ganar” las demandas sino en diferir los riesgos más inminentes sobre activos y ordenar las defensas para abrir así el compás favorable a la renegociación. Esos resultados se lograron exitosamente:
- Todos los riesgos sobre Citgo, que en enero de 2019 eran inminentes, lograron diferirse en el tiempo.
- Se adelantaron negociaciones con los acreedores.
- Se obtuvo la protección de la OFAC frente a acreedores, lo que incluso permitió excusar a Pdvsa, en algunos casos, del pago de sus obligaciones.
- Se pudo recuperar cerca de 300 millones de dólares en Estados Unidos bajo el control de la junta administradora ad hoc del BCV y supervisión de la Asamblea Nacional.
- Se ganó la demanda intentada por Maduro para retomar control de Citgo.
- Y se ganó la demanda, en primera instancia, intentada por Maduro para acceder al oro depositado en Londres.
Usted ha dicho que llegó a enviar unas 500 comunicaciones sobre sus actuaciones pero ninguna era respondida ¿Quién era la persona que no le respondía: el presidente Juan Guaidó, el presidente de la comisión de Finanzas?
–No he dicho que ninguna de las comunicaciones fue respondida. Aludí a casos específicos en los cuales no obtuve respuesta o comentario. En otros casos, las comunicaciones dieron lugar a reuniones, incluso, en el marco de las facultades de control de la Asamblea Nacional. Esto fue así particularmente en relación con la defensa judicial de Citgo y los Bonos Pdvsa 2020. Las comunicaciones se enviaban a distintos órganos del gobierno interino, en particular, la Presidencia, el Centro de Gobierno y las juntas administradoras ad hoc de Pdvsa y BCV. También se enviaron comunicaciones a la comisión técnica creada en el Acuerdo del 19 de noviembre de 2019. Igualmente, se remitieron comunicaciones a las comisiones permanentes de Finanzas, Energía y Contraloría. Para los casos de Pdvsa se mantuvo diálogo constante con las comisiones de Finanzas y Energía.
¿A cuál comisión técnica se refiere? En el acuerdo del 19 de noviembre de 2019, se crea el Fondo de Litigios y se anuncia que “la Asamblea Nacional designará una comisión técnica conformada por 5 miembros” para coordinar la administración del Fondo, pero esa comisión no se designó sino hasta febrero de 2020.
–La comisión técnica fue creada en el acuerdo del 19 de noviembre de 2019 pero sus miembros fueron designados formalmente por acuerdo de la Asamblea Nacional el 4 de febrero de 2020.
Sin embargo, la realidad, y así funcionaba informalmente la Asamblea Nacional —cosa que a mí siempre me pareció que no era la mejor manera— es que ya existía un comité político ad hoc designado por el G-4 entre agosto y septiembre de 2019. Un abogado en representación de cada partido del G-4. Fue en ese comité donde se discutió el presupuesto de los 20 millones de dólares para el Fondo de Litigios.
El 19 de noviembre de 2019 la AN decide darle forma a ese comité creando la comisión técnica pero niega los 20 millones de dólares para el Fondo. El 28 de enero de 2020 la AN aprueba el monto de los 20 millones, pero surge la discrepancia de PJ. El G-4 se reúne, conversan y se resuelve el problema político. El 4 de febrero de 2020 se designa una nueva comisión técnica de 5 miembros mediante acuerdo de la Asamblea Nacional, aunque algunos de los integrantes del comité permanecen. En julio de 2020, ya yo había renunciado, se aprueba la Ley Especial de Contrataciones que crea el Consejo Nacional de Defensa de la Nación, que sustituirá a esta comisión técnica.
¿Por qué esperó más de un año para renunciar en medio de las tensiones para la autorización del Fondo de Litigios, con problemas para comunicarse con algunas instancias del gobierno interino y la Asamblea Nacional y sin el apoyo de todos los partidos políticos respecto a la estrategia frente a Citgo?
–Confié en que la Asamblea Nacional actuaría a tiempo. Luego de la aprobación del monto del Fondo, en enero de 2020, puse mi cargo a la orden para permitir que el Gobierno Interino procediese a designar a un nuevo procurador, ante la falta de apoyo político a mi gestión. Logré en esa oportunidad el apoyo político, pero solo por breve lapso. Fue entonces cuando decidí renunciar.
¿Durante su desempeño usted percibió presiones de algún partido político de la oposición para que abandonara el cargo? Son públicas las acciones en su contra por parte del Sebin, la Fiscalía encabezada por Tarek William Saab y los integrantes del PSUV ¿pero del lado opositor ha recibido amenazas?
–Como he informado, lamentablemente, con ocasión del caso de los Bonos Pdvsa 2020 recibí presiones por no demandar la nulidad de los bonos. Esa decisión, enteramente razonable, fue aprobada unánimemente por la junta administradora de Pdvsa y a mí me correspondía cumplir con esa decisión. Es errado afirmar que esa decisión fue adoptada unilateralmente por la Oficina del Procurador Especial. Incluso, esto llevó incluso a amenazas personales sobre actos de retaliación que se emprenderían en mi contra. De todo ello informé en su momento por escrito, y hace un par de semanas remití una comunicación al ciudadano Presidente encargado sobre este particular.
¿Quién o qué sector de la oposición le amenazó?
–Al ser un asunto sensible, del cual fue informado incluso recientemente el Presidente encargado, prefiero no entrar en detalles en estos momentos.
¿Usted estaría dispuesto a someter su gestión al control posterior del Contralor Especial nombrado por la Asamblea Nacional?
–Más allá de que esté o no dispuesto (y por supuesto que lo estoy) ese es el principio general que debe regir. A pesar de las dificultades, cumplí cabalmente con el principio de transparencia informando a la Asamblea Nacional de todas las decisiones, incluso en lo que respecta a la contratación de abogados, materia que, como ya expliqué, sometí de nuevo a la consideración de la Asamblea Nacional y del Contralor Especial en la citada comunicación PER-459.
¿Conoce el contenido del informe del 12 de enero de 2021 de la comisión de Finanzas? ¿Fue convocado por la comisión para interpelarlo sobre su gestión como parte de la redacción de ese informe?
–Desconozco el texto del citado informe, nunca fui informado, ni se me pidió información, ni en general se solicitó mi comparecencia. Entiendo, en todo caso, que la comisión de Finanzas aludió al retraso generalizado en el pago de honorarios, y los posibles desórdenes que ello ocasionó, lo que es imputable a dos causas, todas ellas ajenas a la Oficina de la Procuraduría Especial. La primera, ya explicada, fue la tardanza de la Asamblea Nacional en aprobar el Fondo de Litigios. Y la segunda, que los recursos del BCV, al menos hasta el momento en el que renuncié, no podían ser utilizados por falta de licencia de la OFAC, lo que además impedía solicitar las correspondientes facturas (pues el régimen de sanciones restringe la emisión de facturas que no sean pagadas). Esta fue una situación crítica que, como advertí por escrito, afectó la calidad de defensa del Estado. Por otro lado, la Asamblea Nacional fue en todo momento informada de la estrategia y estado de los casos (al punto que, como es sabido, el audio de una de mis comparecencias, en una reunión privada, fue grabado y entregado al régimen de Maduro, respecto de lo cual solicité por escrito el inicio de una investigación).
¿A qué cree que se debió la tardanza en la designación del Consejo Nacional de Defensa Judicial? El ente fue designado en octubre de 2020 cuando usted ya no estaba en el cargo y el nuevo procurador, el profesor Enrique Sánchez Falcón, tenía casi cuatro meses en el cargo.
–La tardanza de la Asamblea Nacional respondió a extensos debates políticos, que no llegaban a ningún resultado concreto. En todo momento propuse alternativas y opciones (sobre la autorización del Fondo de Litigios por 20 millones de dólares), procurando una decisión expedita y conforme con la Constitución, lo que, a pesar de mis esfuerzos, no se logró a tiempo. Es importante aclarar que para el 4 de febrero de 2020 (cuando se formaliza la comisión técnica), ya se habían realizado todas las nuevas contrataciones. Antes de la designación formal de esa comisión, todo lo relacionado al presupuesto del Fondo de Litigio fue explicado al comité político ad hoc designado por el G-4, del que ya hablamos.
PER 458 by Crónica Uno on Scribd
Foto principal cortesía @permiareyes
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