Geoff Ramsey: «Las sanciones no son la causa de la crisis, pero han agudizado el impacto de la emergencia humanitaria»

El director para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) afirma que la oposición está debilitada y el gobierno de Nicolás Maduro más “empoderado”. Teme por el aumento de la represión hacia la sociedad civil organizada, y aboga para que la administración de Joe Biden levante la sanción al diésel por su impacto humanitario. “Hay que reconstruir la legitimidad de la oposición en las calles”, afirmó.

Caracas. Geoff Ramsey no es el típico activista por los derechos humanos que vive en otro país y envía comunicados basados en informes que le remiten terceros sobre Venezuela. Este texano, nacido en San Antonio, conoce de palmo a palmo América Latina.

De niño vivió ocho años en Guatemala y luego se hizo internacionalista especializado en relaciones internacionales con enfoque en América Latina en la Universidad Americana en Washington. También vivió en Uruguay y Colombia y habla un perfecto español sin acento americano.

Este activista es el director para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y ha estado en contacto con el país desde 2014, viajando con regularidad para conocer de primera mano la situación.

Ramsey alerta que el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden no tendrá a Venezuela entre su lista de prioridades, y aboga por la revisión de las sanciones impuestas por Estados Unidos al país, en especial el diésel.

Asegura que la decisión de Maduro de arreciar la represión contra activistas de derechos humanos, medios independientes y actores políticos “es una malísima señal para buscar un acercamiento”.

¿Cuál es su interés por Venezuela? 

—Empecé a conocer a Venezuela cuando viví en Colombia. Tuve varios amigos venezolanos. Visité Caracas por primera vez en 2014. Luego empecé a trabajar con WOLA en el equipo de comunicaciones y cubrí las elecciones parlamentarias de 2015, con la profundización de la crisis pasé a trabajar exclusivamente con Venezuela.

¿Qué recuerda de sus primeros viajes?

—La alegría en el país tras las elecciones parlamentarias de 2015, todo el mundo pensaba que podía haber un cambio. Sí lo hubo, pero fue un giro hacia el autoritarismo.

Si alguien le preguntase en este momento ‘¿cuál es su mayor preocupación con relación a Venezuela?’ ¿qué respondería?

—La falta de un gobierno democrático que respete los derechos humanos de sus ciudadanos.

En un artículo que escribió junto con David Smilde publicado en El País de España, ambos apuntan los retos de la Biden en Estados Unidos con Venezuela. Se lo pongo al revés ¿cuáles son los retos del presidente Nicolás Maduro con Biden?

—El mayor reto para el régimen de Maduro será convencer a la administración estadounidense de que vale la pena cambiar la política hacia Venezuela, porque Biden tiene decenas de prioridades, y Venezuela no está en las primeras 20.

Para Biden es demasiado fácil dejar la política hacia Venezuela en una cierta inercia, y va a ser aún más difícil si Maduro no ofrece concesiones, o no demuestra ningún interés en liberar a los presos políticos, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral equilibrado, devolver las tarjetas de los partidos políticos opositores. No veo a la administración Biden cambiando su política de modo significativo.

Usted ha sido muy crítico con las sanciones impuestas por la administración del expresidente Donald Trump a Venezuela, no sólo porque considera que son ineficaces, sino por el sufrimiento que genera en la población ¿Cree que es posible que sean levantadas o flexibilizadas?

Hay que aclarar primero que las sanciones no son la causa de la crisis humanitaria del país, la profunda caída del Producto Interno Bruto de Venezuela empezó muchos años antes de las primeras sanciones sectoriales en 2017. Las sanciones no son la causa de la crisis, pero han agudizado el impacto de la emergencia humanitaria, más que nada en los sectores más pobres y hay estudios sobre sus efectos”.

Es necesario revisar la política de sanciones hacia Venezuela. Sabemos bien, estudiando casos de países sancionados como Corea del Norte, Irán, Cuba que las sanciones raras veces producen un cambio político, deben ser acompañadas de algún incentivo claro para la cúpula que está en el poder.

Ramsey en una visita un albergue de refugiados venezolanos indígenas en Boa Vista (Brasil) en 2019

¿Para qué sirvió la política de ‘máxima presión’ respaldada por el Gobierno Interino de Juan Guaidó y de Trump?

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—Uno de los errores de Trump fue insistir en la presión sin ofrecer incentivos claros para Maduro y su entorno. Hubo una hipótesis de que la ‘máxima presión’ iba a generar una transición automáticamente, y eso no ocurrió. Maduro está más empoderado en comparación con 2017, la oposición está más débil y la Comunidad Internacional (CI) está más escéptica.

¿Cuáles son, a su juicio, las sanciones que debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la pandemia, deberían ser flexibilizadas de manera urgente?

—La administración Biden puede flexibilizar algunas sanciones sin anuncios y sin ningún costo doméstico. Un ejemplo claro sería revisar la suspensión del intercambio de petróleo venezolano por diésel. Estas sanciones han tenido un impacto muy desequilibrado sobre la población, en comparación con sus efectos para el régimen. El régimen siempre va a priorizar las necesidades de las Fuerzas Armadas. Antes de que los jeeps o vehículos militares en el país sufran las consecuencias de la escasez del diésel, los primeros que los van a sufrir son las ambulancias del país, las plantas eléctricas y los hospitales, así como los sistemas eléctricos regionales que dependen del diésel. Biden podría flexibilizar esta medida y así crear un ‘momentum’ político en la búsqueda de acuerdos parciales.

¿Puede explicar qué son las sanciones secundarias?

— Primero hay que entender que cada Estado bajo la ley internacional tiene el derecho de decidir con quién hace negocios. No es estrictamente cierto que las sanciones sean ilegales. Las sanciones de Estados Unidos hacia el sector petrolero en Venezuela anunciadas en enero de 2019, lo que hicieron fue limitar la compra de petróleo venezolano por parte de empresas estadounidenses; ese es el efecto primario de las sanciones. Luego, en agosto de 2019, el exconsejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anunció las secundarias, que limitan la exportación de petróleo hacia otros países; es decir, no sólo tiene implicaciones para las relaciones bilaterales, sino para las relaciones de Venezuela con países europeos y asiáticos. En ese momento muchas empresas petroleras lo que hacían era que, en vez de pagar a Pdvsa con efectivo, hacían un intercambio por combustible como gasolina o diésel. Ese intercambio fue restringido y hubo un impacto casi inmediato con la gasolina.

La Tesorería de Estados Unidos no emitió ninguna excepción para el intercambio de gasolina, pero sí dejó unas excepciones humanitarias como el diésel. En noviembre de 2020, Estados Unidos decidió eliminar esas excepciones y desde ahí ninguna empresa ha hecho intercambio de petróleo por diésel.

Muchos ciudadanos y políticos apoyan las sanciones. El hecho de que se hable de “levantamiento o flexibilización” tiene un alto costo político para quienes se atreven a hacerlo ¿A qué lo atribuye?

—A una falsa premisa de que las sanciones son una herramienta útil, pero entiendo el sentimiento de los venezolanos… Los estudios sobre el impacto de las sanciones que se impusieron en todo el siglo XX demuestran que en 70 % de los casos fracasan. La mayoría de los casos en los que sí han ayudado a producir un cambio es porque las sanciones han sido multilaterales, y atadas a objetivos claros y comunicados al país sancionado.

El Gobierno ha encontrado maneras de surfear esas medidas. Los que argumentan su eficacia deben evaluar ¿qué han logrado las sanciones? No hay transición y se ha agudizado la crisis económica preexistente. ¿Qué beneficio traen esas medidas si no hay una iniciativa diplomática para lograr concesiones realistas del régimen? El peligro es que Estados Unidos decida dejar las sanciones a largo plazo y no lleguemos a ningún cambio, como ha ocurrido en Cuba en los últimos 50 años.

Aparte de unirse en torno a un objetivo común y “ser realistas” como usted ha escrito, ¿qué otro reto enfrenta la oposición?

—Subrayaría la situación humanitaria y la crisis económica. Fue un error pensar como algunos voceros de la oposición, como la exembajadora en el Reino Unido de Guaidó, Vanessa Neumann, quien expresó hace unos meses que las sanciones iban a producir un estallido social.

Esa lógica, que fue expresada estrictamente por ella, creo que fue compartida por muchos representantes y opositores, fue un error. La profundización de la crisis económica ha tenido el efecto inverso: en vez de producir más movilización, ha generado más pobreza y menos energía para movilizarse y combatir el autoritarismo. Eso lo demuestra el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: hubo un claro descenso de manifestaciones en 2020.

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Otro desafío es lidiar con una CI cada vez más escéptica frente al liderazgo opositor. Las declaraciones del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto y la Unión Europea —con sus diferencias en los términos para referirse a la figura de Guaidó— demuestran que ya no estamos en 2019 y la CI está buscando algún espacio político para impulsar una transición ordenada. Ya no hay esperanza para una transición espontánea y casi mágica. Hay más pragmatismo y realismo.

Ahora que menciona a la exembajadora Neumann, el dirigente opositor Leopoldo López defiende las sanciones y asegura que Venezuela produce el diésel que necesita el país.

—Es cierto que Venezuela produce diésel, pero no alcanza, ni de lejos, para la demanda doméstica. También es cierto que el país manda un porcentaje mensual de ese hidrocarburo a Cuba, a cambio de asistencia de ciertos servicios incluyendo asistencia militar y de sus fuerzas de inteligencia. Lo que pasó en 2020 fue una acumulación de inventarios de diésel. Entre octubre y noviembre alcanzaron niveles altísimos porque fue casi la única cosa que recibió el régimen a cambio de su petróleo. Ese inventario no va a durar para siempre.

Muchos economistas han advertido que a mediados de este año vamos a ver una escasez creciente del diésel en todo el país. Esas medidas no van a afectar al régimen sino a la población. Los vehículos militares seguirán recibiendo diésel. Por eso es un gran error pensar que esta medida es una herramienta útil de presión.

Hay una versión que apunta a que tras la sanción al diésel hubo un intenso lobby impulsado por el partido Voluntad Popular, el equipo de Juan Guaidó y Leopoldo López en Washington. ¿Qué sabe de esto?

—Esas sanciones fueron apoyadas por ciertos sectores de la oposición y no me quedan dudas de que esos actores fueron claves en la decisión de restringir el intercambio de diésel. Vale la pena resaltar que no toda la oposición apoya esa medida. El mismo representante de Guaidó ante la Naciones Unidas, Miguel Pizarro, se ha manifestado públicamente en contra de estas sanciones. Este es otro argumento para levantarlas, porque además de su efecto en la población, han producido rupturas dentro de la misma oposición.

Associated Press
Geoff Ramsey, director de WOLA/AP

Usted ha señalado que la fragmentación de la oposición podría diluir el apoyo de la Comunidad Internacional y que la llamada comisión delegada de la AN es cuestionable constitucionalmente. ¿Qué percepción tiene del liderazgo de Juan Guaidó y la efectividad de esa comisión delegada?

—La premisa de la continuación del mandato de la AN elegida en 2015 se basa en el principio de continuidad administrativa, un principio de jurisprudencia fuertemente criticado por la misma oposición. El ex procurador general de Guaidó, Jose Ignacio Hernández, ha escrito muchas veces en contra de la legalidad del principio de continuidad administrativa, alegando que por su invocación en 2013 el fallecido presidente Hugo Chávez ni siquiera fue juramentado como Presidente cuando agonizaba en Cuba. Es un concepto, de dudosa constitucionalidad, que la misma CI lo está diciendo con sus declaraciones un poco grises sobre la legitimidad del Gobierno Interino. Es un error seguir insistiendo en esto, en vez de poner el énfasis en reconstruir la legitimidad de la oposición en las calles.

¿Cuál ha sido el peor error que cometió la gestión de Juan Guaidó en el gobierno interino?

—Quisiera empezar con sus logros: En 2019 hubo una explosión de apoyo popular para la idea de un cambio político pacífico y democrático. Es increíble cómo lograron movilizar a miles de personas, viniendo de un año como 2018. Sin embargo, a lo largo del tiempo la popularidad de Guaidó pasó de 70 % de aprobación en 2019 a menos de 25 % hoy en día. El gran error fue gastar tiempo y poner énfasis en ser un gobierno, que en buscar una movilización sostenible en el país. Desde mi perspectiva, vimos demasiada energía puesta en nombrar embajadores e impulsar la presión internacional, y hubo un menosprecio en mantener la movilización nacional y ampliar la coalición, más allá de los partidos tradicionales. Las encuestas venezolanas muestran que 60 % de los ciudadanos no se identifican ni con el PSUV ni con Guaidó, pero quieren un cambio.

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¿Cuál ha sido el peor error que cometió la administración de Nicolás Maduro en los últimos dos años?

—Subestimó la capacidad de la CI de rechazar la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 y traducirlas en efectos políticos y económicos, que tuvieron un impacto muy grande para su gobierno. El segundo error es la decisión de ampliar la represión hacia sectores de la sociedad civil; es una malísima señal para buscar un acercamiento con Estados Unidos.

 ¿Cómo ve a la nueva Asamblea Nacional tal como fue escogida? ¿Cree que será un interlocutor válido para negociar con Biden?

—No. Ni la administración Biden, ni la Unión Europea, ni las mayorías de las democracias en el mundo ven a la nueva AN como un interlocutor válido. Para ningún país democrático son aceptables las condiciones electorales en las cuales se dieron las elecciones parlamentarias el año pasado. No veo ninguna posibilidad de que Biden busque relaciones directas ni con la AN ni con Maduro. Sí creo que pueden hablar a través de terceros.

Geoff Ramsey, director para Venezuela de Advocacy for Human Rights in the Americas (Wola)

El Parlamento presidido por Jorge Rodríguez llamó a un diálogo con todos los sectores del país, y al mismo tiempo se desató una ola de ataques contra activistas de derechos humanos, medios independientes y dirigentes políticos.

No es una muestra de buena voluntad de parte de Maduro. Pero si vas a esperar que Maduro demuestre buena voluntad para hablar con el régimen, vas a esperar mucho tiempo. Veo a un gobierno empoderado —con una oposición marginada—, que ahora está buscando ampliar la represión a sectores organizados de la sociedad civil, incluso a sectores humanitarios que trabajan con agencias de Naciones Unidas, como el caso de la ONG Azul Positivo. No puede haber avances políticos si continúa la represión hacia la sociedad civil y la prensa independiente.

¿Cómo lograr una transición pactada con un gobierno autoritario que no quiere dejar el poder y con una oposición que no puede ponerse de acuerdo en cosas básicas?

Es cierto, el Gobierno de Maduro no quiere la alternabilidad, porque si la quisiera no sería un régimen autoritario, y lo es. Eso no significa que debamos tratar al Gobierno como un actor unitario; depende de toda una gama de actores diferentes para sostenerse en el poder. Depende de la lealtad de las Fuerzas Armadas; de la lealtad disminuida, pero relevante, de la base del chavismo y de la élite económica que ha sido beneficiada en los últimos años.

Hay que volver a ver al Gobierno como un producto de relaciones distintas en sectores diferentes, y hay que tratar a esos sectores relevantes con incentivos claros para que apoyen una transición. Hasta ahora no ha funcionado, pero eso no significa que no se pueda mejorar la estrategia de comunicarse con actores claves. Una manera de hacerlo podría ser la activación de espacios donde se puedan buscar acuerdos parciales.

¿Como cuáles?

—Hay que construir acercamientos a esos sectores relevantes que podrían generar confianza y construir un ‘momentum’ hacia la búsqueda de un acuerdo mayor. Es lo que estamos viendo ahora con el avance de negociaciones parciales para el acceso a las vacunas para la COVID-19, otro acuerdo podría ser la reactivación de las conversaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para reparar el sistema eléctrico en el Zulia y el oeste del país y la idea de vender petróleo a cambio de alimentos monitoreado por la ONU. No va a ser fácil, pero sí va a ayudar en la construcción de un espacio más amplio para lograr una transición democrática.

No tiene que ver con la entrevista, pero quisiera saber, ¿qué tipo de lecturas hace?

—Soy adicto a las noticias. El último libro que leí, que no tenía que ver con Venezuela, fue It de Stephen King, lo terminé hace unas semanas y me gustó muchísimo. (Risas)

Fotos: Cortesía WOLA y Associated Press


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