El grupo expresó su opinión de que Marrero no solo debería ser liberado, sino también indemnizado por el Estado, pues su detención fue arbitraria. Además, solicitó que se investigue a los funcionarios que violaron los derechos del operador político y jefe de despacho de Juan Guaidó.

Caracas. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) aprobó una opinión en la que solicita formalmente al gobierno de Nicolás Maduro liberar e indemnizar a Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, detenido desde el 21 de marzo de 2019.

En el documento, el GTDA refleja su opinión de que la detención de Marrero es arbitraria “por contravenir los artículos 1, 7, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

En ese sentido, solicita que se “adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Marrero sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”.

El grupo, que es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además tiene la opinión de que Marrero debería no solo ser liberado, sino que también tiene “derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

En esa línea, el GTDA pide al Gobierno que lleve a cabo no solo la liberación de Marrero, sino además una investigación “exhaustiva e independiente” de las circunstancias relacionadas con la “privación arbitraria de la libertad” y que se tomen medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Roberto Marrero fue detenido el 21 de marzo del 2019 cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron su residencia y la del diputado Sergio Vergara, aproximadamente a las 3:00 a. m.

En los días posteriores, Marrero fue acusado de legitimación de capitales, asociación para delinquir, conspiración y ocultamiento de armas de guerra y explosivos.

Hasta la fecha sigue siendo procesado por el gobierno de Nicolás Maduro en un juicio que su abogado, Joel García, ha denunciado que se ha visto retrasado por la destitución de la jueza que llevaba el caso, el pasado 8 de enero.


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