En San Isidro, la última parroquia de la capital zuliana, los wayúu viven en medio del hambre y la vulneración de sus derechos. Se estima que hay más de 400 casos de desnutrición y 4000 personas con discapacidad.
Maracaibo. “Se me murió mi hijito”, dijo Miriam Montiel con la voz quebrada antes de hacer un largo silencio. No alcanzó a ponerle nombre porque en sus primeros meses el bebé enfermó de amibiasis.
La mujer de la etnia wayúu tenía 17 años de edad cuando perdió a su pequeño. Calcula que el niño tenía ocho meses de nacido porque no sabe contar. De los tres niños de la familia Montiel que enfermaron, solo uno se salvó.
Con la mirada fija en el suelo se concentra en calmar el llanto de la que ahora es su única hija. Le da la teta, vuelve el silencio. Le es difícil hablar español, pero como puede cuenta.
“A mi hijo le dio diarrea, después hacía con sangre y vomitaba mucho, duró como una semana, estaba flaquito, hasta que se murió ahí, en casa de mi tía”, y señala con la boca el rancho donde dejó de respirar su primer hijo, a un costado de la trilla de arena en el barrio Hijos de Noelí, de la parroquia San Isidro, al oeste de Maracaibo.
Miriam no recuerda cuántas veces fue al hospital de La Concepción. Siempre le decían lo mismo: Aquí no hay nada, tenéis que comprar las medicinas. Y ella regresaba con su hijo envuelto en una sábana.
Por eso la familia decidió tratar al niño con plantas medicinales. Los Montiel tienen un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) a solo 10 minutos de distancia y 23 consultorios de Barrio Adentro en la parroquia, pero 90 % están cerrados según el Consejo de Dirección de Asistencia Comunitaria Integral de Salud de la parroquia.
La muerte ya no asombra a las familias de esta comunidad indígena. Los ancianos se mueren y nunca saben de qué, no tienen acceso a un diagnóstico médico. Fallecen solos porque sus descendientes se fueron del país.
No hay planificación familiar y los casos de embarazo a temprana edad se incrementaron al menos 30 % el último año, explican los líderes comunitarios. La mayoría de las mujeres pare en los ranchos, con ayuda de las parteras del barrio.
En San Isidro, la última parroquia de Maracaibo que limita con el municipio Jesús Enrique Lossada, 90 % de sus habitantes pertenecen a la etnia Wayúu. Viven en una especie de hacinamiento colectivo. Los ranchos, construidos con retazos de lata y madera, son pequeños, calientes y oscuros.
La alta temperatura de la zona no permite que corra el aire por los rectángulos donde se cocina y se duerme a la vez. Los baños son letrinas. El día transcurre en silencio y por la tarde, las alabanzas cristianas dan testimonio de las creencias de algunas familias antes de que todo quede en total oscuridad.
El hambre pone en duda el voto
Las zonas indígenas de San Isidro fueron afectadas por el chavismo, los vecinos explican que los wayúu fueron reconocidos por Hugo Chávez y obtuvieron beneficios en educación, asignación de créditos para la siembra y emprendimientos que mejoraron su calidad de vida.
Después de eso votaron por Nicolás Maduro y luego por Omar Prieto para la gobernación del Zulia, en el 2017. Pero todo se vino a menos y el hambre los obligó a adoptar un sistema de sobrevivencia que los hace dudar sobre si darles su voto a los rojos nuevamente.
El pulmón económico de la parroquia es el reciclaje. La gente sobrevive de la recolección de chatarra que luego la venden por muy poco dinero, que usan para comer una o dos veces al día si tienen suerte.
“Los niños no estudian porque la necesidad los obliga a trabajar desde los cinco años. Los carritos de juguete los convierten en carrulas para recoger plástico y metal en el día y por la noche se van a Villa San Isidro a pedir comida. El Gobierno usa lo poco que nos da para hacernos más pobres porque entre más pobres e ignorantes seamos, mejor para ellos”, dice Wilmarys Maury, secretaria de emprendimiento del partido Un Nuevo Tiempo y líder comunitaria.
Juego electoral
La pobreza es extrema en esa comunidad de 150 familias, explica Maury. Más de 30 niños y niñas de San Isidro fallecieron entre 2022 y 2023 por desnutrición, dermatitis e infecciones estomacales.
Para ella la pobreza y sus consecuencias, dentro de su comunidad, es el resultado de la desatención gubernamental. A pesar de las presiones de los líderes de calle y los consejos comunales chavistas a los vecinos, para mantener el control del esquema de Gobierno (desde hace seis años), no logran el voto seguro para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado.
“Lo único que llega es la bolsa de Mercal y los bonos que la gente recibe por el carnet de la patria. Esa miseria es la que usan para presionar, nos amenazan con quitárnosla si no votamos por ellos y si reclamamos nos suspenden el beneficio”, explica Wilmarys.
La líder comunitaria tiene frescos los recuerdos de la muerte del hijo de Miriam. Contiene las lágrimas y dice que tuvo que arrancar un gabinete de su cocina, que era de madera, para que un vecino hiciera la urna del pequeño, quien fue presentado a última hora para hacer el papeleo del entierro.
“Supimos que tenían amibiasis porque pedimos dinero para hacerles los exámenes. Nuestra sorpresa fue que no solo el hijo de Miriam estaba enfermo, sino que dos de los hermanos de ella también. La parasitosis la produjo el agua porque nos llega de un pozo clandestino. Esa agua es para riego pero así como llega, sucia y con larvas, así se la toman”, dice Maury sentada al lado de Miriam.
En ese momento el consejo comunal sí se hizo cargo y donaron una fosa común. “Porque el Gobierno siempre aparece cuando ya no hay nada que hacer, ellos juegan con el hambre”.
Cinco meses después, también murió el hermanito de Miriam de un año y dos meses de edad por parásitos, un cuadro severo de desnutrición y escabiosis.
Mercal, una herramienta de control
Luis Alberto Iguarán, secretario indígena de San Isidro por la Gobernación del Zulia, fue tajante. “A nosotros solo nos tratan cuando hay elecciones, las ayudas que prometen nunca llegan. El resto del año somos humillados, tratados como un pueblo ignorante, somos manipulados, nos usan”.
Miriam comparte el rancho de una sola habitación con su hija, su mamá y seis hermanos. Sobreviven con una bolsa que le llega a través de Mercal a su madre, cada dos o tres meses.
“Mi hija a veces come arroz hervido con azúcar, de resto le doy teta”, dice.
En medio de esta realidad, los integrantes del consejo comunal Hijos de Noelí le niegan a Miriam el beneficio social del Gobierno y no le dan explicación.
Ese día, como la mayoría, Miriam y su familia comieron una sola vez a las 5:00 p. m. Solo arroz con lentejas. Antes de despedirse la joven madre soltó: Aquí no hay quien nos atienda, a nosotros nos tienen apartados, yo no tengo ni cédula.
La bolsa de Mercal, programa social del Gobierno creado en 2003, tiene un costo de 34 bolívares, pero los consejos comunales de la zona cobran 40 en efectivo.
Según Iguarán, los encargados de repartir este beneficio presuntamente se lucran. “Se agarran las bolsas de comida, la pagan y las venden más adelante. Dejan a las comunidades pasando hambre, sabiendo que aquí no hay trabajo, que es muy poco lo que se consigue. También hay quienes piden el dinero de la bolsa antes y lo usan para trabajar como prestamistas”.
Iguarán confesó que la represión que sufre su etnia es constante, por eso han cambiado de parecer progresivamente desde hace cuatro años.
Chavismo ayuda a la oposición
Muchos a pesar de identificarse con el oficialismo, comenzaron a trabajar para la oposición de manera anónima, reclutan a votantes y cuidan votos el día de los comicios.
Un líder del sector Villa San Isidro, quien prefirió el anonimato para evitar represalias, reveló los detalles de este trabajo encubierto que hacen las bases del Gobierno desde hace más de tres años para diferentes partidos de oposición.
“Nosotros tenemos nuestros votos duros y con ellos nos apoyamos para arrastrar a más gente. Trabajamos para que quedemos nosotros como testigos de mesa y no los verdaderos chavistas porque esos votan con el carnet de la patria por gente que no está en el país o que ya murió”.
“Ahí es donde nosotros hacemos el trabajo con el voto asistido y pendiente de que no metan la trampa, es tanto lo que hemos avanzado que contamos con el apoyo del Plan República, porque ellos tampoco quieren a Maduro”.
Muchos vecinos le cuentan a Iguarán que no le darán más oportunidades al chavismo con su voto, porque en 20 años que tienen en el poder viven peor. En la parroquia no reciben visitas de figuras políticas.
“A los de la oposición les hace falta voluntad, han venido a traer jornadas que no resuelven el problema y este mes hemos visto como hacen encendidos de luces, conciertos, Orquídea y yo me pregunto ¿Cuánto hubieran podido ayudar con ese dineral que gastaron?, pero evidentemente ellos no piensan igual”, comenta el hombre de la etnia wayúu.
Recalcó que la gente no confía en los partidos de siempre y, a su juicio, eso se demostró en las elecciones primarias, del 22 de octubre, cuando las comunidades salieron hasta en burros a votar.
Mientras que en las elecciones convocadas por el Gobierno para la defensa del Esequibo, el 3 de diciembre, la apatía fue protagonista.
“La gente está comenzando a rebelarse, los partidos de oposición están rayados y tampoco le van a seguir dando el gusto al Presidente, a la gente no es mucho lo que le importa a estas alturas que le quiten esos supuestos beneficios”.
Amenazas para garantizar el voto
En Los Hijos de Noelí, caminar es pesado. El ambiente es árido y el calor quema la piel. Los pies se hunden en las calles de arena bordeadas por ranchos abandonados producto de la migración que ya alcanza 80% en la comunidad.
Algunos gozan de doble nacionalidad y aprovechan para migrar a Colombia porque, del otro lado, como ellos explican, el gobierno los acoge económicamente y en materia de salud prioriza a los niños.
Mientras recorría las trillas de su barrio, Wilmarys mostró indignación. “Para poder decir que estoy en un Gobierno bueno, equitativo y de oportunidades tengo que demostrarlo y no puedo hacerlo desde mi partido, aquí la gente es un voto. Después que le hacemos el trabajo a los políticos se les olvida lo que ofrecieron, por eso ya la gente no cree en ningún bando”, dijo antes de visitar la familia Fernández.
Eleida Fernandez vive con sus siete hijos, su esposo y cinco nietos. Karly, una de sus hijas mayores que trabaja por día en casas de familia, contó que tuvo que mudarse con su mamá porque en el barrio donde vivía, en el sector Country Club, sufrió amenazas de los líderes de calle por reclamar la bolsa de comida que da el Gobierno. Además en su casa no llegaba el agua.
A pesar de que en el humilde rancho viven tres familias, los líderes de calle del barrio Hijos de Noelí también le niegan la bolsa adicional que les corresponde por ser familia numerosa, a ellas tampoco les dan una explicación.
Para Eleida de 50 años de edad y miembro de la iglesia cristiana, su fe por el gobierno se acabó. Ya no cree en ningún gobierno, solamente en Dios, porque de lo contrario dice que ya estarían muertos de hambre.
“A veces comemos una sola vez al día y eso pasa varias veces al mes. Hace rato que no vemos un pollo o un pedacito de carne, estamos cansados”.
Karly interrumpe a su madre con evidente malestar. “Nos tratan muy mal, como si fuéramos animales, nos tienen de menos, nos desprecian, pero cuando hay elecciones nos vienen a buscar rapidito y nos ofrecen de todo, pero después no vemos nada. En las presidenciales voy a votar, pero si nos ponen algo nuevo y mejor, porque no quiero más de esto para mis hijos”, sentencia la madre de 24 años.
Solo se llenan el estómago
Más adelante vive Soly María Finol, de 65 años. Ella batalla todos los días con el hambre, un dolor en el estómago y un cuadro depresivo porque hace siete meses murió su hija Luz Mery Finol, de 33 años, quien prefirió trabajar para darle de comer a sus hijos que atender su salud. Unos meses antes, la pareja de Soly también falleció por complicaciones con la tuberculosis.
Soly dice que vive por Yohainy, la única hija hembra de su difunta hija que quedó a su cargo, los varones se fueron para Colombia con su papá. El sentimiento no la deja hablar y le da impotencia no hacerse entender en su poco español.
“Estoy sola con ella, apurada porque no quiero que deje de estudiar. Con el bono de guerra logré comprarle el uniforme y apurada la pude inscribir, ella tiene ocho años y apenas está en primer grado. También me ayudo con la bolsa que llega de vez en cuando y con el bono de hogares de la patria me alcanza para comprar 40 bolívares de alitas de pollo, una azúcar porque la bolsa no trae y un cuarto de mantequilla”, dijo mientras se secaba las lágrimas.
Luis Palma, vocero del Consejo de Dirección de Asistencia Comunitaria Integral de Salud, aseguró que en abril de 2023 la parroquia tenía más de 400 casos de desnutrición que incluyen niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas, por lo que se atreve a decir que esos casos deben estar rondando los 1500 afectados.
El Instituto Nacional de Nutrición atiende a la comunidad, pero lejos de hacer una intervención adecuada de los casos, con el apoyo de una alimentación para la recuperación nutricional, lo que hacen es entregar una bolsa igual a la que vende Mercal.
“Esa bolsa no ayuda a las personas a recuperarse porque no vienen los nutrientes que se necesita, una bolsa que trae harina, arroz, pasta, azúcar y un grano que cuesta tanto ablandarlo, solo llena el estómago, no nutre. No se le hace seguimiento a los casos porque en una casa donde hay 10 integrantes y dan la bolsa para el desnutrido, esa comida se la terminan comiendo todos”, cuestiona.
Palma asegura que el sentimiento general en la parroquia no es alentador para el gobierno nacional. “Hay un descontento tremendo porque la gente en vez de ser atendida, es golpeada, humillada, usada y de paso desvían los recursos. Si me ponen en frente a Nicolás Maduro le preguntaría: ¿Qué está haciendo?, porque ahorita la prioridad es salvar vidas”.
Yohainy, la nieta de Soly, estudia a media hora a pie desde su casa, así que juntas caminan una hora al día para que la niña pueda ir a la escuela, pero todavía no tiene cuadernos porque a su abuela no le alcanza.
Mientras su nieta está en la escuela, Soly hace algo de comer que comparten entre almuerzo y cena, y descansa del dolor que le produce la caminata en la parte alta del estómago donde tiene una pelota del tamaño de un melón debido a una eventración.
“Tengo la herida abierta por dentro, el doctor me dijo hace años que tenía que operarme de nuevo para ponerme una malla, pero aquí lo que tenemos es para comer, no para curarnos”.
Como si se tratara de una cadena de infortunios, contó que su difunta hija comenzó con una infección en los riñones, pero solo se tomaba los calmantes para seguir trabajando en una floristería en Colombia desde donde le giraba dinero a los niños.
“Ella le dijo a su hermano que tenía miedo de quedarse sin trabajo, que la empresa la echara por estar enferma porque después quién iba a trabajar para sus hijitos. Ya tiene siete meses que se murió, ella sacrificó su vida para que sus hijos no dejaran de comer y aunque no todos entiendan, esto hay que vivirlo”, dijo la anciana.
Corrupción sin piedad
El barrio Hijos de Noelí lleva su nombre en honor a la diputada venezolana Noelí Pocaterra, quien funge como activista por los derechos de los pueblos indígenas, pero irónicamente, ese pueblo que comparte su etnia, no la conoce.
Según Palma la corrupción va desde los cupos para vender bombonas de gas doméstico a precios alterados, reventa de bolsas de Mercal en cinco dólares, hasta el cobro por asignación de bonos por discapacidad y maternidad.
“La manipulación del sistema para los bonos y beneficios es tanta que aparecen hombres embarazados, discapacidades como hernias testiculares y diabetes. Te cobran cinco dólares para incluirte en el sistema patria, más el primer mes de pago cuando caiga el beneficio. En la parroquia hay alrededor de 4000 personas con discapacidad sin mayor atención, sin contar las que no están ceduladas”.
Revela que en la parroquia hay analfabetismo y cada vez más vulnerabilidad nutricional. “Muchos de los que viven aquí no aparecen en el mapa porque no están presentados y mucho menos cedulados”.
La salud pende de un hilo
En el kilómetro 18 del barrio Rafael Urdaneta donde está el CDI de la parroquia el escenario no es diferente, allí los habitantes del barrio, unas 1200 familias, aseguran que no hay ni un tensiómetro para atender una crisis de hipertensión y se quejan de la mala atención de los médicos de turno, todos venezolanos.
“Te podéis estar muriendo que con su cara bien fresca te dicen que no hay nada. Ese CDI hace 10 años atrás era una tacita de oro, ahora está prácticamente cerrado, se han robado todo”, dice Magaly Gutiérrez, una vecina.
Palma asegura que las medicinas llegan mensualmente a ese centro de asistencia. “Hay mucha corrupción, por eso nunca hay nada. Lo mismo pasa en la base de misiones de Hijos de Noelí que cuando la entregué en 2018 tenía de todo, nevera, colchones, cocina, electricidad, todos los consultorios tenían baños, ahora no hay ni una poceta”.
También refiere que de los 23 ambulatorios de la parroquia solo funcionan cuatro porque tampoco hay personal médico fijo. Los doctores no van porque el sueldo que les pagan no les alcanza.
“Abandonan sus puestos de trabajo pero uno revisa la nómina y está full. La mayoría de los médicos, lamentablemente, desvían los medicamentos. Les bajan medicinas para desparasitar a los niños y no le dan el tratamiento completo, solo una sola dosis y el resto desaparece”, denuncia Palma.
Como trabajador del oficialismo él tampoco está exento de las presiones políticas, dijo que sobre él pesan varias amenazas. “A nosotros también nos presionan y nos persiguen porque al que lo hace mal lo premian, pero al que lo hace bien, lo persiguen. A mí me dijeron que me iban a beber la sangre, la misma gente que trabaja conmigo en la política”.
San Isidro es una parroquia rica en cultura ancestral, de gente trabajadora y tierra fértil para la agricultura. Pocos son los que se han mantenido a flote ante la crisis y luchan por mantener sus pedazos de tierra sembrados de maní, yuca, plátano, cebollín, cilantro, caña dulce, sorgo, arroz, frijol, maíz y hasta uvas.
La peor catástrofe para ellos es ver cómo las familias mueren de hambre mientras los políticos usan esa vulnerabilidad para conseguir un voto. Esta situación que lleva a menos su dignidad como pueblo ancestralmente respetado, los hace reflexionar sobre el escenario político planteado para 2024 cuando tendrán que elegir nuevamente un presidente para Venezuela, mientras tanto su única preocupación es no acostarse sin comer.
Este es un trabajo colaborativo de Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
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