Industriales: El problema no es la Constitución, es el desconocimiento de los derechos de propiedad

Conindustria señaló en un comunicado que la Asamblea Constituyente no resolverá la grave crisis económica.

Caracas. Los empresarios cuestionan la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro y que tiene entre sus objetivos un nuevo sistema económico.

En un comunicado, Conindustria señaló que el Gobierno “propone una asamblea constituyente que, además de no resolver la grave crisis  económica, nos secuestra el derecho de la elección a través del voto universal, directo y secreto”.

“El problema no es la Constitución, como lo quieren hacer ver, sino el desconocimiento que se hace de ella; el desconocimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos; el desconocimiento de los derechos de propiedad; y el desconocimiento del Estado de Derecho”, indicó el organismo.

Fedecámaras en otro comunicado dijo este fin de semana que “no es necesaria una nueva Constitución. El país exige alimentos, medicinas, seguridad, paz, estabilidad política, social y económica, instituciones democráticas, restablecer el hilo constitucional, activar el cronograma electoral, abrir y respetar los espacios de diálogo”.

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La actividad industrial está afectada por el modelo de controles. Las empresas tienen que vender productos por debajo de sus costos y no cuentan con dólares suficientes para adquirir la materia prima que requieren para producir, lo que ha acentuado el desabastecimiento.

Conindustria añadió que “la prosperidad de Venezuela dependerá de su capacidad de crear riqueza y la creación de riqueza requiere de tener empresas que estén libres del cerco de controles y puedan producir”.

Objeciones

Los empresarios condenaron los saqueos ocurridos en el estado Carabobo.

Conindustria apuntó que “quien roba y destruye medios de producción, no solamente se lleva algo que no le pertenece, algo por lo cual no ha trabajado, algo que no ha creado, sino que también acaba con las fuentes de ingresos de cientos y miles de trabajadores y sus familias y le quita a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los bienes que se producían en las fábricas destrozadas”.

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