Informe anual de Amnistía Internacional revela que embarazo adolescente aumentó 65% en Venezuela

informe de amnistía

En el informe anual de Amnistía Internacional se señala que en 2019 Venezuela atravesó una crisis de derechos humanos sin precedentes. Las autoridades se niegan a reconocer la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria y del deterioro de las condiciones de vida. La población sufrió severas situaciones de escasez de alimentos, medicinas, suministros médicos, agua y electricidad. 

Caracas. En Venezuela, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales empeoró dramáticamente en 2019, según informe anual de Amnistía Internacional, documento en el que se reporta que el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos es extremadamente limitado y en algunas ciudades, inexistentes. Desde 2015 observan un repunte de 65 % de los embarazos en adolescentes.

En el informe más reciente que presenta Amnistía —y en el cual se detalla la situación de los derechos humanos en la región de las Américas— se concluye que la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continúan siendo una realidad habitual en toda la región, lo que para miles de personas se tradujo en violaciones de derechos humanos cotidianas.

Hacen énfasis en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos al destacar que desde 2015, en Venezuela, los embarazos a temprana edad aumentaron 65 %, lo que afecta además el derecho a la educación de las niñas, de acuerdo con lo reforzado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

En el marco de la emergencia humanitaria, el Gobierno siguió negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de las agencias humanitarias. Esto favoreció el aumento del flujo de venezolanos a países vecinos para acceder a bienes básicos. Incluso esto provocó que muchas mujeres abandonaran la nación para dar a luz en otros territorios, dice el informe.

Horas después de hacer públicos los resultados, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba en cadena nacional sobre el parto humanizado. «A parir seis muchachos cada una para que crezca la patria», dijo Maduro. Su comentario fue considerado una burla para la mujer venezolana a la que, por la falta de políticas públicas en materia asistencial, se le vulnera hasta el derecho a tener una buena higiene personal. La mayoría vive sin agua y así lidia con su período menstrual.

Para el cierre del año, se estimaba que 4,8 millones de personas habían abandonado el país en busca de protección.

Para Amnistía Internacional, la mortalidad materna también fue motivo de preocupación, pues manejó informes de muertes ocasionadas por abortos en condiciones de riesgo.

Igual tomó en consideración que las personas que viven con VIH enfrentan peligro por la escasez e intermitencia de los antirretrovirales, y reproducen cifras de las ONG que dicen que 70 % o más de los 300.000 ciudadanos que necesitan tratamientos se ven afectados por el desabastecimiento.

En 2019 continuaba la alarmante escasez de servicios de salud y medicamentos básicos, así como el éxodo del personal asistencial, cita el informe. Asimismo, los cortes de electricidad, cada vez más frecuentes y prolongados, causaron daños irreparables en infraestructura y servicios de salud.

Ese año continuaba la reaparición, tal como lo seguían informado las ONG, de enfermedades como sarampión y difteria. Se mencionan resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual señala que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1557 personas fallecieron como consecuencia de la falta de suministros en los hospitales.

El documento hace énfasis en la vulneración del derecho a la alimentación: la hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que 6,8 millones de individuos sufrían desnutrición. El poder adquisitivo disminuyó considerablemente, lo que dio lugar a graves limitaciones en el acceso a los alimentos.

La falta de agua también tuvo mención en el informe anual e ilustraron el problema citando datos de los organismos no gubernamentales que dan cuenta de que la población venezolana tenía acceso al servicio solo 48 horas a la semana, especialmente en zonas de menos ingresos. La degradación de la red eléctrica también repercutió en la prestación del servicio.

Especial interés les tomó el tema de las protestas y el excesivo uso de la fuera por parte de los órganos de seguridad del Estado.

A lo largo del año varios países de la región se vieron sacudidos por manifestaciones multitudinarias, al tomar la gente las calles para exigir rendición de cuentas y que se respetaran sus derechos humanos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social«.

En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de la ciudadanía, las autoridades recurrieron a la violencia en las actuaciones policiales mediante las manifestaciones y, en algunos casos, incrementaron la militarización de las operaciones de orden público. «Durante el año, al menos 120 personas murieron a consecuencia de la violencia en el contexto de las protestas”, se lee en la investigación.

En Venezuela —se recuerda en el texto— ante el agravamiento de la emergencia humanitaria, miles de personas salieron a las calles del 21 al 25 de enero para pedir un cambio de gobierno. Al menos 47 personas murieron en el contexto de las protestas, todas ellas por heridas de bala; otras 39 personas fallecieron a manos de los miembros de las fuerzas estatales o de terceros y 11 ciudadanos fueron presuntamente ejecutados de manera extrajudicial. Más de 900 personas fueron detenidas, entre ellas niñas, niños y adolescentes.

El patrón de represión que se vivió en 2019 coincidía con las prácticas represivas utilizadas contra la población civil desde 2014, por lo que había razones para alegar que los ataques sistemáticos y generalizados contra la población podían constituir crímenes de lesa humanidad.

La violencia de género, los derechos de los pueblos indígenas y la estigmatización y castigo hacia los defensores, tienen sus análisis por país, aunque se aprecia una tendencia a las coincidencias en las violaciones sistemáticas en el acceso a la justicia.

Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, citaron que no existe en la región atención a las mujeres después de sufrir un aborto.


Participa en la conversación