La ONG Una Ventana a la Libertad presentó un informe detallado sobre la situación que actualmente se vive en los centros de reclusión y que ha empeorado por la cuarentena de COVID-19 y la falta de políticas por parte del Estado para educar y combatir la precariedad en los penales.
Caracas. La población penitenciaria es una de las más vulnerables en Venezuela en situaciones normales, y ahora que el país vive una cuarentena preventiva para evitar la propagación de la COVID-19, los problemas han aumentado, así lo refleja un informe especial presentado por la ONG Una Ventana a la Libertad a propósito de cumplirse más de 50 días desde que se impuso la medida en el país.
El documento, según refleja la ONG, es una muestra de la investigación realizada por el equipo en 15 estados del país durante los primeros 50 días de la cuarentena por la COVID-19. “Específicamente, desde el 14 de marzo hasta el 4 de mayo”.
Uno de los puntos que el informe pone de relieve desde su inicio fue la dificultad para lograr el levantamiento de la información. Señalan persecución e intimidación contra “periodistas y otras personas que han publicado información o análisis sobre lo que se vive en el país” como uno de los principales obstáculos.
En primera instancia, el reporte critica lo que ha sido una política de improvisación en torno a las medidas que deben ser adoptadas dentro de los centros de reclusión y señala que inclusive en algunas instancias las medidas adoptadas por las autoridades del Estado pueden llegar a ser “incoherentes”.
“Nuevamente, la improvisación se impone en las medidas que se toman, de manera incoherente y sin evaluar las consecuencias que las mismas traerían para las personas detenidas –hombres y mujeres– y para sus familias”, se lee en el documento.
Una Ventana a la Libertad refleja en su investigación que durante estos primeros 50 días de cuarentena apenas se han realizado 227 pruebas en los centros de detención y que solamente se han llevado a cabo dos charlas preventivas para informar a los reclusos de los peligros de la COVID-19.
La COVID-19 no es la única enfermedad que amenaza a la población penitenciaria
A pesar de que la COVID-19 es la causa principal para mantener al país en un proceso de cuarentena permanente desde hace ya más de 50 días, el informe señala que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 no es la única amenaza para la salud de los reclusos.
Enfermedades infecciosas como la tuberculosis también representan una amenaza para los internos. De hecho, la tuberculosis se lleva el primer lugar dentro de los centros penitenciarios con 37 casos registrados.
“Además, hubo 10 desnutridos, situación que se agravará por la dificultades para los familiares para entregar alimentos a los detenidos, lo cual ha generado protestas a las puertas de los calabozos”, refleja el texto.
Además de las enfermedades que se registran dentro de los centros de detención, Una Ventana a la Libertad hace énfasis en otro tipo de riesgos para la integridad de los reclusos y manifiestan que, ya sea por violencia entre la propia población penal o por violencia de funcionarios contra reos, se han detectado en estos primeros 50 días tres heridos por riñas y 16 reclusos torturados.
El hacinamiento es otro de los problemas que arrastran los centros de detención desde hace años y que se ha exacerbado por la cuarentena. El Estado ha intentado combatir esta situación a través de medidas institucionales y de descongestionamiento. En total, 29 mujeres y 375 hombres se han visto beneficiados por este tipo de mecanismos.
Caso de la matanza en el Cepella
El informe dedica una parte a los hechos importantes registrados durante la cuarentena por la COVID-19. Entre los que nombran, el de mayor impacto es el de la muerte de 47 reos en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) en Guanare, estado Portuguesa.
En las consideraciones al respecto, Una Ventana a la Libertad, que se refiere al hecho como una “matanza”, asegura que la gravedad de lo registrado se refleja en que lo ocurrido trascendió las fronteras venezolanas a la hora de exigir correctivos para evitar que sucesos como ese vuelvan a suceder.
También hacen la diferenciación entre las dos versiones sobre los hechos: la versión oficial de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, en la que la responsabilidad es puesta sobre un “líder negativo” o “pran”, y la de los familiares, quienes señalan que los problemas para la entrega de comida fueron el detonante de lo ocurrido.
Destacan, citando a la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, que el Cepella tiene una capacidad para 750 reos y que al momento de ocurrir la masacre, en el penal se mantenían recluidos 2500.
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