Vecinos de un conjunto residencial privado ubicado en Puerto Ordaz, denunciaron la invasión de cinco torres. La contraparte alega ser de la OCV Rodilla en Tierra, quienes “resguardan” los apartamentos a la espera de la entrega por parte del Ministerio de Vivienda.
Puerto Ordaz. La preocupación por las invasiones de residencias privadas regresó a Ciudad Guayana. Vecinos del conjunto residencial Doña Paulina, ubicado en la av. Atlántico de Puerto Ordaz, denunciaron la invasión de cinco torres de una etapa que estaba sin ocupar.
“Somos una residencia privada. Ellos rompieron nuestra privacidad. Entraron el sábado a las 11:00 p.m. Abrieron un hueco e ingresaron más de 40 familias. Tienen niños, ancianos, bolsos, colchones. Esa zona donde están no tiene luz, agua, los apartamentos están en obra negra. Ellos alegan que nosotros les desmantelamos los apartamentos y no es así”, denunció una de las afectadas.
Los vecinos manifestaron también que estas personas rompieron el cerco eléctrico residencial y temen que actúen con daños hacia sus vehículos. Al lugar asistió una comisión de ocho funcionarios de la Guardia Nacional, quienes levantaron un acta para llevarla a Fiscalía.
La Residencia Doña Paulina cuenta con dos etapas. La primera estaba ya totalmente habitada por sus propietarios legales. La segunda etapa estaba sin ocupar, y de los siete edificios ocuparon ilegalmente cinco torres, cada uno con 20 apartamentos.
Anteriormente hubo intentos de invadir, pero nunca lograron pasar porque hay dos portones de seguridad y siempre los deteníamos en el primer portón. Siempre venía un grupo pequeño intentando amedrentar y la Guardia nos prestaba colaboración y se iban”, relató una de las vecinas.
Los “resguardos”
La contraparte se autodenominan “resguardos”, bajo la figura de la Organización Civil Pro vivienda (OCV) Rodilla en Tierra. Manifestaron ser 100 familias que esperan por la entrega de los apartamentos que se construyeron con material de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Aseguran que son 184 familias a la espera de la entrega de estos apartamentos por parte del ministro Ildemaro Villarroel. Asimismo, muestran un documento del Tribunal Quinto de control que, sostienen, los avala para ocupar la propiedad. También desmintieron las acusaciones de haber violentado el muro por donde ingresaron y dañar el cercado eléctrico, a la vez que rechazaron los calificativos de “invasores”.
Con respecto al argumento de que la obra se construyó con materiales de la Misión Vivienda, esto lo desmintieron los propietarios de la empresa García Armas Inversiones S.A, a cargo de la construcción de Residencias Doña Paulina. El hecho lo denunciaron como una toma ilegal.
A mediados de enero del año pasado, el gobierno les notificó que por decisión del Ministerio de Vivienda dispondrían de más de 180 apartamentos de dicho urbanismo. El argumento fue que era propiedad del Estado y se construyó con materiales de la Gran Misión Vivienda, alegato que los hermanos García refutaron.
El conjunto residencial Doña Paulina consta de un total de 13 edificios y 260 apartamentos, 85 de ellos vendidos. La empresa aseguró que, además, la construcción fue con recursos de la banca privada, a través del BOD.
En 2010, el Gobierno del presidente del entonces presidente Hugo Chávez, expropió a la familia García Armas de sus empresas Frigorífico Ordaz, S.A. (Friosa), Delicateses La Fuente e Inversiones Koma. La infraestructura de esta última está totalmente desmantelada.
Bases legales
El abogado Robny Gutiérrez destaca que la legislación venezolana sanciona esta conducta y la tipifica como delito en el artículo 471, literal a, del Código Penal.
Asimismo, destaca que la figura de “resguardo” no existe en ninguna parte del ordenamiento jurídico consagrado en el país. En ese sentido, al haber un propietario privado y tomar por la fuerza un bien, inmueble, terreno o bienechuria por parte de invasores, se comete un delito.
El delito de invasión se incorporó al ordenamiento jurídico penal a partir de 2005 con la cuarta y última reforma al Código Penal. Allí se establece de cinco a 10 años de prisión y multa de 50 a 200 unidades tributarias para el delito de invasión de terrenos, inmuebles y bienhechurías.
Ambas partes en el conflicto esperan la asistencia de la Fiscalía y la acción de las autoridades ene l caso.
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