IPYS registró 636 violaciones a la libertad de información incluyendo dos asesinatos

libertad de expresión

La organización indicó que los homicidios de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves siguen sin ser aclarados por las autoridades. En la presentación de su informe de 2020, la ONG señaló que el gobierno de Maduro “usó la pandemia como nueva excusa para atacar y censurar a los reporteros y medios de comunicación”.

Caracas. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) registró un total de 374 casos que acumularon 636 violaciones a los derechos de información y expresión en Venezuela, tanto en los medios tradicionales como en los digitales durante el año 2020. Entre estos destacan los asesinatos de dos trabajadores de medios, José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, cuyas causas no han sido aclaradas. También se registró un intento de asesinato de un reportero gráfico en el estado Guárico.

“Si bien la cifra de incidentes es inferior a la evidenciada en 2019, cuando se contabilizaron 534 hechos que incluyeron 1032 violaciones, los condicionamientos que actualmente rodean a la prensa en un país en confinamiento son prueba de un escenario que continúa empeorando”, se lee en el reporte “El virus de la censura” que puede ser descargado en la página web de la organización no gubernamental.

Las violaciones a las garantías de información fueron desglosadas de la siguiente manera: 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna, y un caso de impunidad.

El mayor número de casos ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo durante abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos.

Indicaron que el aumento de los casos durante los primeros meses del año coincidió con las restricciones impuestas por el Gobierno de Maduro debido a la pandemia de la COVID-19. A partir de entonces el Ejecutivo “usó la pandemia como nueva excusa para atacar y censurar a los reporteros y medios de comunicación”.

Lee también
Expertos califican detenciones en Apure y Anzoátegui de “una nueva escalada contra la libertad de expresión”
Violencia para “imponer el temor”

La ONG destacó el hecho de que el uso de la violencia fue el mecanismo más común para “imponer el temor” en los medios venezolanos.

“Ocurrieron 338 violaciones por incidentes contra la integridad física de periodistas y medios, que comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 16 por la eliminación de registros periodísticos, nueve por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, siete por persecuciones, cinco por acoso, tres por desapariciones forzadas”.

Entre estas figuran los casos de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías. Bislick era locutor en la emisora Omega 94.1 FM y fue hallado sin vida en la población de Güiria, estado Sucre, luego de realizar denuncias sobre el tráfico de combustible, drogas, trata de personas, extorsión y corrupción. Nieves “perdió la vida tras ser ejecutado extrajudicialmente por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que le dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia”, señala el informe.

También mencionaron el caso de Jamel Louka, reportero gráfico del diario La Antena de Guárico, registrado el pasado 2 de diciembre, quien había recibido amenazas, por parte de dos personas, relacionadas con sus publicaciones. “Luego de resguardar a su familia, el reportero fue interceptado en su vivienda por los mismos dos sujetos, un hombre y una mujer, quienes con una escopeta le propinaron un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía puesto en ese momento”, explica el reporte.

Lee también
Después de 24 horas fueron liberados periodistas y activistas detenidos en Apure

Los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron los principales agresores al ser responsables de 252 casos del total de 374 (de estos, 154 corresponden a cuerpos de seguridad del estado). Le siguieron el Poder Judicial con 13 incidentes y la ahora extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con cinco.

El registro detalla 102 violaciones por abuso del poder del Estado: “48 casos de detenciones arbitrarias, 24 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, seis regulaciones de contenido de radio y televisión, seis campañas de agravios promovidas por grupos oficiales o paraoficiales, y cuatro seguimientos. Además, hubo denuncias de 29 hechos de amenazas y procesos legales contra periodistas, reporteros gráficos, directivos de medios y locutores, entre otros trabajadores de medios”.

Sin servicios públicos

El IPYS también tomó en cuenta las fallas en servicios públicos como “la electricidad, el agua, el gas y la gasolina, además de las fallas de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones, que aunado a la situación de confinamiento por la emergencia sanitaria causada por la pandemia comprometieron aún más el ejercicio pleno del periodismo y de la libertad de expresión en el país”. Hicieron énfasis en como esto afecta especialmente a las regiones.

También registraron las detenciones arbitrarias realizadas por organismos militares y policiales, acompañadas de procedimientos civiles y penales, que afectaron a 62 trabajadores de la prensa.

Entre estos casos destacan los del periodista Darvinson Rojas, detenido por 12 días, el politólogo Nicmer Evans quien estuvo preso casi dos meses (ambos casos relacionados con acusaciones de “instigación al odio”) y el del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien permanece privado de su libertad desde el pasado 26 de octubre.

El documento también registró las violaciones en el caso de los espacios digitales: 27 ataques que afectaron a periodistas y a los servidores de medios de comunicación, 25 por denuncias de bloqueos a plataformas digitales informativas y redes sociales, 23 restricciones a la expresión en línea, y dos casos por limitaciones a la privacidad.

Esta es una situación grave, preocupante, de descomposición del tejido comunicacional en Venezuela. Es un indicador alarmante de la salud de la sociedad que está en situación de dictadura informativa, señaló la directora ejecutiva de la ONG, Marianela Balbi.

Consideraron necesario otorgar garantías de protección efectivas a periodistas y defensores de derechos humanos, asegurar que este tipo de delitos sean investigados y castigados, mejorar y garantizar el acceso a la información pública, fomentar mecanismo de seguridad digital que protejan estos derechos y ofrecer programas de mejoramiento de las capacidades periodísticas.

Lee también
Personal sanitario sigue muriendo mientras hospitales tienen dotación insuficiente

Foto: Angeliana Escalona/Archivo


Participa en la conversación