El candidato de Soluciones por el circuito 1 de Caracas señaló que el Parlamento que surja del 6-D debe debatir sobre el respeto a la propiedad privada y las condiciones necesarias para que haya inversiones y crecimiento económico.
Caracas. Irwing Ríos es un internacionalista de 40 años de edad que integra la coordinación nacional del partido Opinión Nacional (Opina). Candidato al 6-D en el circuito 1 de Caracas por la plataforma Soluciones para Venezuela –liderada por Claudio Fermín–, aclara que no forma parte “ni de un polo ni de otro”, y considera que se debe construir un proyecto político que vaya más allá del rechazo a un sector. “No formamos parte de ninguno de esos dos bloques oscuros radicales que pretenden dirimir la política a trancazo limpio”, sostiene.
El circuito 1 incluye las parroquias Sucre (Catia), La Pastora y El Junquito. Ríos asevera que los principales problemas de sus habitantes son los económicos, y señala que el Parlamento que surja de las elecciones del 6-D –cuestionadas por la actual Asamblea Nacional (AN) y parte de la comunidad internacional– debe estar integrado por personas dispuestas a dar debates como el de la dolarización, el respeto a la propiedad privada y las condiciones necesarias para que haya inversiones y crecimiento económico.
Dice que no tiene dudas sobre la legitimidad de Maduro como presidente, pues, a su juicio, este ganó unas elecciones “en un ejercicio transparente como establece la ley”. A pesar de esto no deja de asignar 90 % de la responsabilidad de la situación económica al mandatario y su gabinete, a la vez que rechaza el “carácter poco democrático” de la oposición agrupada en la AN: “La ley antibloqueo es una realidad y vamos a tener que aprender a vivir con ella, pero la mejor ley antibloqueo, que deberíamos crear, es la de todos aquellos políticos que pretenden destruir la República”.
¿Cuál es la propuesta que lleva a la AN ante la situación económica?
—Tenemos un artículo en la Constitución, el 91, que establece los parámetros de lo que sería un salario digno para los venezolanos. Establece que debería ser suficiente para que los venezolanos cubran sus necesidades materiales e intelectuales, para él y su familia. En torno a ese gran artículo se pueden generar muchísimos mecanismos de debate. El bolívar, hoy por hoy, está pulverizado, y ha sido la continuación de las políticas económicas de devaluar la moneda para cubrir el gasto público y no generar mecanismos o condiciones para que aumente la productividad económica y el libre ejercicio de los particulares, que se traducirían en mayor ingreso para el Estado.
“La política económica en este país, desde 1983 ha sido esa, devaluar la moneda para cubrir el gasto público, y no ha sido generar las condiciones de confianza para que exista una reinversión por parte de los venezolanos en el circuito económico y una migración de capitales extranjeros a Venezuela, por muchas condiciones. La gran mayoría son condiciones políticas; por irrespeto a las inversiones, a la propiedad privada, que de repente de un plumazo llega y considera de utilidad pública algo, porque en el ejercicio ellos son ineficientes y toman posesión y destruyen el aparato productivo privado, no lo pagan y no devuelven el dinero. Por ende, ese grado de irresponsabilidad con que se ha manejado la política económica del país ha repercutido de tal forma que podríamos hablar de que nuestra república está prácticamente quebrada. Las sanciones han hecho mella y tienen su cuota de responsabilidad, pero no olvidemos que, por lo menos, 90 % de la responsabilidad absoluta en materia económica es de los administradores, de más nadie.
“Hay muchos debates que se tendrían que dar en la AN. El tema de la dolarización, tenemos un artículo en la Constitución que establece el bolívar como moneda de curso forzoso. ¿Cómo vamos a hacer para que los ciudadanos puedan transar económicamente bajo acuerdo voluntario, sin que el Estado le tenga que decir cómo hacerlo o cómo no hacerlo, y cada una de sus acciones voluntarias sean ilegales a la discrecionalidad de un grupo con una filosofía política que está perjudicando la república?”, se pregunta.
En 2015 la oposición ganó la AN por un margen importante, pero con ese número de diputados no se cambió esa situación, ¿por qué va a ser diferente en este caso? ¿Qué va a cambiar para que el gobierno reconozca las decisiones de la AN?
—No hay garantía de que eso suceda, porque conocemos el carácter arbitrario de la imposición de criterios por parte de los que hoy gobiernan el país, pero también tenemos que ser conscientes, claros y responsables de visibilizar el carácter poco democrático, de imposición, de quienes, de una u otra manera, lograron monopolizar la oposición hasta hace tres años. En el 2015, al llegar a la AN, no fue llegar para discutir situaciones reales de política bajo el reconocimiento real de las fuerzas vivas, que conforman cada uno de los grupos. Fue un vamos a declararnos la guerra, porque conformamos un poder, y vamos a empezar a medir fuerzas con un objetivo, que era generar conflicto en torno al criterio subjetivo de la legalidad y legitimidad del presidente de la República.
“Aquí lo que no entra en discusión, en este grupo de venezolanos que consideramos que no formamos parte ni de un polo ni del otro, no se discute ni la legalidad ni la legitimidad del presidente de la República, debido a que él ganó sus elecciones en un ejercicio transparente como lo establece la ley. Aunque a mí no me guste, ni esté de acuerdo con su ejercicio de gobierno, eso a mí no me da derecho de exacerbar el conflicto y de violentar los derechos de otros ciudadanos para tratar de acceder al poder a como dé lugar. Ya nosotros hemos vivido, en la historia reciente de la república el hecho de que ciudadanos hayan tratado de romper las reglas de juego democráticas y la sociedad civil no los ha acompañado. Para muestra un botón: el 11 de abril de 2002 y lo que pasó el 30 de abril (de 2019). Lo que no logro entender es por qué nos seguimos enfrascando en tratar de unirnos en torno a la sensación de un rechazo hacia un sector u otro, y no tenemos la capacidad de construir un proyecto político que pueda convocar a los venezolanos”, indica.
¿Cómo ve las condiciones electorales?
—No tengo ninguna duda sobre el sistema electoral venezolano, más bien estoy muy complacido de cómo ha funcionado. ¿Cuál puede ser mi molestia con el CNE? Que aquí han violado la norma los políticos del partido de gobierno de manera abierta y se hacen la vista gorda. Pudiera ser que no compartan eso, pero no implementar mecanismos que permitan una sanción, un llamado de atención, los convierte de alguna manera en una especie de cómplices silenciosos, sobre todo cuando el mandato para cualquier ejercicio público está establecido en la norma. El CNE no se puede hacer la vista gorda de la actividad de inicio de campaña que hizo el partido de gobierno en la plaza Diego Ibarra, o no se puede hacer la vista gorda de que se utilizan las bolsas Clap de las misiones como mecanismo de promoción política o de retaliación política. Seguramente el presidente Maduro no está de acuerdo con eso, pero de que sucede aguas abajo, sucede. Cuando nosotros hemos hecho campaña y hay gente que nos va a apoyar, que están dispuestos para que se generen las condiciones de cambio, después los visita el consejo comunal y los amenaza con que les van quitar las bolsas.
¿Cómo consigue los fondos para su campaña?
—El partido Soluciones para Venezuela nos ha proporcionado propaganda, el trabajo de la jefa de prensa ha sido voluntario, porque lo deseó hacer y se casó con la idea política. De los otros donantes, que son propios, son personas que nos han regalado resmas de papel, otros la tinta, me he puesto a imprimir en mi casa, y así vamos, poco a poco. En el caso del refrigerio del equipo de campaña, unos panaderos de la parroquia Sucre nos han regalado 20 panes, igual que la charcutería, porque estamos claros en que somos políticos pobres. En una situación en la que nos han empobrecido y tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan tratar de cambiar las cosas. Nuestra campaña ha sido con unos costos que no son cero, porque movilizarse, pagar gasolina tiene valor, pero no se compara con lo que hace el PSUV y de dónde sacan sus fondos.
¿Cómo hacen campaña en medio de la pandemia y la escasez de combustible?
—Con los mecanismos pertinentes de bioseguridad, con los guantes, tapabocas. Mantenemos la distancia. No podemos hacer aglomeraciones. Sí estamos haciendo visitas, casa por casa, con distanciamiento, entrega de volantes, en algunos casos nos han invitado a encuentros con distancia social y podemos tener una retroalimentación con los electores, pero no ha sido un problema grave. Utilizamos las redes sociales. Con el tema de la gasolina es cuesta arriba. El hecho de hacer una cola para recargar combustible que te puede llevar cuatro, cinco o seis horas. Toca ir a las bombas donde se cobra en dólares y eso incrementa los costos a niveles estrafalarios. El desabastecimiento de la gasolina, si bien es cierto que tienen parte de la culpa las sanciones por no permitirnos poder hacer compras de combustible para paliar la crisis, en materia de producción petrolera no podemos eximir de responsabilidad al Gobierno en 90 %, debido a que es el único responsable, desde el punto de vista administrativo. Pero todo el que ha promovido las sanciones como mecanismo de retaliación política también tenemos que visibilizar su responsabilidad en la profundización del caos como mecanismo de hacer política.
¿Cómo ve la llamada ley antibloqueo que podría afectar la labor de la AN?
—Acuérdate de que la AN es el único ente que tiene capacidad de legislar, de crear leyes, etc. Está el tema de la ANC, son cosas que han sucedido en el país. La ley antibloqueo es una realidad y vamos a tener que aprender a vivir con ella, pero la mejor ley antibloqueo que deberíamos crear en el país es la ley antibloqueo de todos aquellos políticos que pretenden destruir la república en su ejercicio administrativo, o en su forma de promoción política. La única ley antibloqueo que debimos haber promovido para generar patriotismo en la república, responsabilidad y compromiso es que se cumpliera la Constitución y se respetara el derecho a la propiedad o devolverles todo a las empresas expropiadas, luego de que las chupaste y las pulverizaste. Eso es un reconocimiento de lo que fue la ineficacia y la inoperancia a la hora de cumplir la norma y el mandato expreso de la Constitución de cómo se deben administrar y ejecutar los recursos en la república.
Foto: .Cortesía equipo de prensa de Irwing Ríos
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