Acusados de intento de magnicidio, conspiración, terrorismo y porte de armas, Jerry Ostos y Carlos Castillo pasaron 24 meses presos, hasta que el jueves pasado un juez desestimó casi todos los cargos y los condenó a cuatro años, bajo libertad condicional, por porte de armas.
Caracas. Los 24 meses de cárcel que Jerry Argenis Ostos Perdomo y Carlos Eduardo Castillo pagaron tras su detención, por un presunto plan de magnicidio contra el depuesto presidente Nicolás Maduro, no se contaron en la pena de cuatro años que les impusieron.
Esta jueves, 8 de octubre, finalmente desestimaron todos los cargos en contra de ellos, salvo el de porte de armas por el cual recibieron una condena. En un vuelco procesal, el Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo dictó sentencia en la causa que vinculaba a estos presos politicos.
El juez José Antonio García decidió desestimar los delitos de intento de magnicidio y conspiración para delinquir, que pesaban originalmente sobre ambos detenidos.
“La gran víctima fue la verdad y durante 24 meses yo estuve recluido en El Helicoide y las verdades estaban siendo ocultadas. Ese día yo fui en búsqueda de la verdad y la verdad se encontraba secuestrada. Aún se encuentra secuestrada porque el interinato todavía está gobernando y a nosotros nos pusieron un delito que tampoco hicimos”, dijo Jerry Ostos a Crónica Uno, a su salida del juicio que resolvió, en cinco horas, un caso que tenía casi tres años sin ser llevado a los juzgados.
Debido al tiempo transcurrido bajo detención y la naturaleza de la pena impuesta, la decisión judicial contempla que ambos recuperen su libertad bajo el cumplimiento de medidas cautelares sustitutivas, mientras que el periodista y activista de los derechos humanos, Carlos Julio Rojas, también en la misma causa, obtuvo su libertad plena.
La versión oficial
El caso comenzó el 25 de marzo de 2024, en las inmediaciones de la plaza Diego Ibarra en Caracas, durante la movilización civil para la inscripción de la candidatura presidencial oficialista ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con las declaraciones idel fiscal general, de ese momento, Tarek William Saab, a Jerry Ostos y Carlos Eduardo Castillo los aprehendieron en flagrancia a 20 metros de la tarima principal.
Las autoridades aseguraron que los ciudadanos portaban armas de fuego, calibres 9 mm y 7.65 mm, y supuestamente confesaron formar parte de las estructuras operativas del partido opositor Vente Venezuela.
Semanas más tarde el Ministerio Público utilizó testimonios derivados de estas capturas para involucrar penalmente al periodista Carlos Julio Rojas, como presunto instigador o coordinador logístico de la operación.
Presos por disentir
A lo largo de los más de dos años de proceso judicial, defensores de derechos humanos y familiares de los procesados formularon denuncias públicas respecto a las irregularidades del caso.
Organizaciones independientes reportaron que, tras la detención, Jerry y Carlos Eduardo enfrentaron períodos de incomunicación forzada, restricciones en el acceso a una defensa privada de su confianza y la imposición de defensores públicos.
“Nos agarró la Dgcim (Dirección General de Contreaingeligencia Militar), nos llevaron a Boleíta Norte. Allá nos golpearon, nos maltrataron, nos humillaron. Y de allí nos trasladan al Helicoide. Al día siguiente nos presentan a los tribunales y nos acusan de magnicidio, porte de arma, incitación al odio”, contó Carlos Eduardo.
Ambos presos políticos admitieron que son opositores y que protestaban contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, son conscientes de que eso no era razón para inculparlos de los delitos, que les imputaron en 2024.
Coaliciones civiles y activistas de derechos humanos expusieron ante instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que los testimonios autoinculpatorios presentados por William Saab en alocuciones oficiales, presuntamente los obtuvieron bajo mecanismos de coacción física y psicológica.
“Mal por la justicia”
Y aunque Jerry y Carlos Eduardo están contentos de no tener que regresar a la cárcel, donde estuvieron dos años, hasta marzo pasado, insisten en la injusticia de la que fueron víctimas y en el daño que les generaron. Ahora tienen dificultades para retomar sus vidas, conseguir trabajo y volver a la normalidad.
Jerry celebra que el juez haya desestimado los cargos de mayor gravedad, que implican penas de 15 y 20 años de prisión, pero recalca que en algo tiene que pesar su inocencia y el hecho de que ni siquiera se le permitió defenderse, hasta este jueves cuando, finalmente permitieron que un abogado de su confianza se juramentara para llevar el juicio.
Explicó que se trató de una audiencia “expres” de apertura de juicio que duró alrededor de cinco horas y en la que declararon más de 12 funcionarios, y expertos, que no pudieron conectar los delitos con los acusados.
“No estoy conforme porque se suponía que yo estaba haciendo un acto de protesta pública con una pancarta. Y bueno, también me agarraron, me secuestraron, duré 24 meses en El Helicoide y ahí sufrí una gran cantidad de aislamiento. Me violaron todos los derechos procesales, no me permitieron defensa (…) Bien por la justicia, mal por la condena, porque esta condena no debió haber sucedido”,
dijo Jerry.
Ambos esperan que haya justicia y que más adelante el Estado pueda resarcir los daños morales que vivieron, luego de que los acusaran de un plan magnicida, el cual no existió y por el que perdieron dos años de su vida en prisión.
“Estamos luchando para que el Estado nos revierta el daño que nos hizo psicológica y moralmente ante la sociedad. Porque salimos públicamente a la televisión cuando el fiscal nos nombró como terroristas, como homicidas, en una cadena nacional. Es un daño moral que nos hizo y tienen que repararnos”, aseveró Carlos Eduardo.
