Jonathan Carrillo, imputado por cinco delitos relacionados con el intento de ingreso ilegal de un ciudadano extranjero, es el último periodista judicializado de una lista de al menos 40 trabajadores de la prensa, que hasta enero de este año tenían procesos penales abiertos.
Caracas. El 20 de julio de 2022 el estudiante de Comunicación Social, Jonathan Carrillo, esperaba estar en Ciudad Bolívar con su madre. Pero cuando iba a tomar su vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía lo detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A Jonathan lo implicaron en un caso por el que pagó más de tres años de cárcel y actualmente es el último periodista judicializado en Venezuela.
“Soy inocente y exijo mi libertad plena, ya basta, exijo mi libertad plena, exijo justicia, porque mi única función en este país, en Venezuela, es estudiar y trabajar. Soy estudiante universitario, trabajo y estudio para seguir adelante y avanzar por mi país, por todos nosotros, por un país lleno de democracia”, dijo Jonathan a Crónica Uno.
Pasó tres años, siete meses y seis días preso. A finales de 2025 su mamá se atrevió a exponer su caso y exigir públicamente su liberación, que se concretó el 26 de febrero pasado.
Pero solo fue una excarcelación, ya que el estudiante del noveno semestre de Comunicación Social, en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sigue sometido a un proceso judicial viciado y sin pruebas sólidas que puedan vincularlo al caso de un ingreso ilegal al país en el que lo implicaron.
En zozobra
Jonathan está acusado de los delitos de migración ilícita, usurpación de funciones, uso de documento público falso, forjamiento de documentos públicos y asociación.
Aseguró que jamás estuvo relacionado con estos tipos penales y condenó las formas de su detención, encarcelamiento, aislamiento, así como los maltratos físicos y psicológicos que recibió por parte de los funcionarios del Sebin, desde el momento de su captura.
Las manos le tiemblan cuando recuerda sus días en El Helicoide y en la cárcel de Yare II, donde incluso llegaron a golpearlo y lo obligaron a pasar horas de pie bajo el sol.
Cuando lo detuvieron estaba por culminar su carrera universitaria que pudo retomar hace apenas un par de meses. Pero el proceso judicial que vive hace mella en su vida personal, en su economía y en su estabilidad emocional, Jonathan teme que en cualquiera de las audiencias puedan privarlo de libertad nuevamente, sin razón alguna.
“Es demasiado desesperante saber que eres inocente, que no hiciste nada malo y tener que estar obligado a ser parte de un proceso judicial completamente viciado e injusto que se ha robado parte de mi vida”.
Un juicio extendido
Jonathan remarcó que el retardo procesal en su caso es la constante. La audiencia preliminar se repitió al menos en cuatro ocasiones. Y, posteriormente, postergaron sus audiencias de juicio por incidencias declaradas por la juez 24 de Juicio, a donde remitieron el caso tras un traslado de tribunal.
“La audiencia preliminar me la hicieron cuatro veces en distintos tribunales. Dos audiencias preliminares se celebraron en el estado de La Guaira, injustamente (…) Y en los tribunales de Caracas me hicieron dos audiencias preliminares, también en tribunales de terrorismo. Desde el inicio del proceso realmente ha sido una injusticia”.
Siete meses después de su excarcelación Jonathan sigue bajo un régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y en un juicio en el cual difieren y reprograman las audiencias de forma ilimitada y abusiva, desde que arrancó formalmente el 29 de junio pasado.
Desde entonces acudió a seis audiencias, cinco de ellas con la incidencia de la ausencia de los nueve funcionarios del Sebin, que actuaron en el procedimiento de detención y a quienes llamaron a declarar en el caso.
De acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) “en estas cinco audiencias, a la que se suma una inicial que fue diferida, el Ministerio Público no ha promovido ninguna prueba que vincule a Carrillo con alguno de los delitos que se le imputan”.
Además, fue apenas este miércoles, 7 de octubre, cuando permitieron la juramentación de la defensa privada de Jhonatan y por primera vez sus abogados tuvieron acceso al expediente “en el que no hay elementos contundentes que vinculen al estudiante de comunicación social con el hecho por el que lo acusan”, dijo el SNTP.
El último
Jonathan es el último periodista judicializado, de al menos 40 trabajadores de la prensa que hasta enero de este año tenían procesos penales abiertos, 24 de ellos privados de libertad y recluidos en distintas cárceles de Venezuela.
Contó que este miércoles, 7 de octubre, en la sexta audiencia de su juicio, se presentaron dos de los nueve funcionarios del Sebin citados a declarar y que en ninguno de los testimonios lo vincularon con los hechos descritos en el caso.
“Estos dos funcionarios actuantes que estuvieron en el desarrollo de esta sexta audiencia, no testificaron nada que sea en mi contra, absolutamente nada. Realmente hoy dentro de estos dos órganos de prueba no se habló absolutamente nada de mí”.
Además, tras más de cuatro años fue el miércoles pasado que sus abogados privados vieron el expediente por primera vez y constataron que no hay pruebas de relevancia que lo incriminen o vinculen de alguna manera.
Durante las últimas tres semanas, en el marco de los procesos de negociación entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, fueron absueltos los periodistas Luis López, Gabriel González y Rory Branker y fue sobreseída la causa contra Carlos Correa.
Este jueves también recibió sentencia absolutoria el periodista y activista Carlos Julio Rojas, acusado de magnicidio y otros delitos por los que estuvo detenido en El Helicoide. Con su libertad plena, el gremio de la prensa se encuentra a solo una sentencia firme de no contar periodistas detenidos por hacer su trabajo.
La audiencia de Carlos Julio Rojas había iniciado a las 12:50 p. m. Hoy pudieron juramentarse sus abogados privados, Ana Leonora Costa y Alonso Medina Roa. El fiscal Carlos Alcalá señaló que no había pruebas para sustentar una condena contra Rojas. Las otras dos personas procesadas en la misma causa fueron condenadas a cuatro años de prisión por porte ilícito de armas.
— SNTP (@sntpvenezuela) October 8, 2026
No obstante, actualmente organizaciones como el SNTP y Espacio público levantan una data de periodistas que debieron salir de Venezuela en los últimos años por amenazas, persecución o procesos judiciales.
Jonathan fue el último de los trabajadores de la prensa listado por organizaciones de Derechos Humanos en ser excarcelado y ahora con esperanza dice que espera que pronto con él también espera que «se cierre este oscuro capitulo» de los periodistas presos en Venezuela.
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