Este martes, 6 de octubre, mientras Acceso a la Justicia presentaba su informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió extender por dos años más el mandato de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado para DD. HH. sobre Venezuela.
Caracas. “La justicia instrumentalizada como herramienta de poder y no de garantía de derechos bloquea la lucha anticorrupción, debilita los derechos humanos y elimina los contrapesos democráticos”, concluye la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, en su informe anual.
El estudio titulado Justicia aplazada en Venezuela, reveló que durante el año 2025 se consolidó una década de deterioro continuo en el Estado de derecho, lo cual mantuvo al país en los puestos más bajos de los índices internacionales de institucionalidad y respeto a las garantías fundamentales.
Durante la presentación del documento, este martes, 6 de octubre, el codirector de la organización, Alí Daniels, advirtió sobre la profundidad de la crisis estructural que atraviesa el país, señalando que los problemas socioeconómicos y la represión sistémica responden a una ruptura institucional profunda que va más allá de factores coyunturales como las sanciones internacionales.
El Estado de derecho
De acuerdo con el informe, que toma como referencia métricas globales como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), Venezuela ocupó en 2025 el último lugar a nivel mundial por décima vez consecutiva. El puntaje general del país descendió de 0,31, en 2015, a 0,26 en 2025, ubicándose de forma muy distante de los promedios globales y regionales.
El estudio destaca que el sector más afectado es la justicia penal, cuyo puntaje se desplomó hasta 0,11, lo cual evidencia fallas críticas en materia de independencia judicial, corrupción, debido proceso y condiciones penitenciarias.
Al respecto, el informe subraya que la justicia ha sido instrumentalizada como un mecanismo de poder y control político en lugar de constituirse como una garantía efectiva de los derechos ciudadanos.
Sin garantías judiciales
Uno de los puntos más alarmantes expuestos tanto en el informe anual como por los organismos internacionales es la total ineficacia del recurso de habeas corpus en Venezuela.
En el informe se detalla que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDHV) documentó al menos 20 casos en los cuales los tribunales rechazaron, ignoraron o se negaron a recibir solicitudes de habeas corpus para proteger a personas detenidas arbitrariamente, muchas de ellas incomunicadas o bajo graves riesgos de salud.
“¿Cómo es posible que en 207 expedientes (entre 2021 y 2023) no se den habeas corpus cuando se solicita? O sea, 207 personas pidieron, o abogados, o representantes de la persona que está detenida, pidieron habeas corpus por esa persona y no se otorgó en ese período. A 57 % le fue rechazado por inadmisibilidad, a 30 % no se otorgaron por formalidades que realmente no son esenciales (…) Y no es casual que estén muriendo en cárceles, lo estamos viendo todo el tiempo”, detalló Daniels.
El análisis refleja que, pese a los plazos legales de 96 horas establecidos en el ordenamiento jurídico para resolver estos recursos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demora en promedio más de dos años en emitir una decisión, lo que deja en un estado de absoluta indefensión a los detenidos, tanto políticos como comunes.
Restricciones al espacio cívico y a las ONG
El informe también documenta la profundización de las restricciones al espacio cívico a través de la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Tras una indagación aplicada a 54 organizaciones no gubernamentales, Acceso a la Justicia constató que apenas 20 % de ellas logró completar los procesos de registro impuestos por el Estado, sin que ninguna organización enfocada en la defensa de derechos humanos lograra inscribirse con éxito, debido a los requisitos desproporcionados exigidos por las autoridades.
“La Ley Antisociedad, aunque presentada como facilitadora de la libertad de asociación, impone requisitos desproporcionados y sustituye el régimen previo de registro por uno restrictivo y de autorización. Además, la implementación de la ley ha mostrado irregularidades sistemáticas, como plazos recortados, exigencias sobrevenidas, criterios dispares entre registros y ausencia de constancias formales de recepción de documentos”, detalló Acceso a la Justicia.
La mirada internacional
Ante la ausencia de garantías y remedios judiciales efectivos a nivel interno, el informe resalta el papel insustituible que desempeñan los mecanismos de justicia internacional como la Corte Penal Internacional (CPI), la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como la vigencia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el Estado venezolano.
Daniels enfatizó que, aunque los organismos internacionales y la presión externa cumplen una labor fundamental de contención y documentación, la reconstrucción del Estado de derecho y la conquista de la democracia dependen fundamentalmente de la ciudadanía.
“Estas instancias internacionales denuncian, pueden hacer contención, señalan, pero no es que te van a cambiar al gobierno que tienes. Entonces es presión (…) pero la presión al final es nuestra y el trabajo es nuestro, digo como venezolano”.
Para Acceso a la Justicia, sin una reforma estructural profunda que devuelva la independencia y la autonomía al sistema judicial, libre de presiones políticas e injerencias partidistas, será imposible garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos y superar la crisis institucional que golpea al país.
ONU en Venezuela hasta 2028
Justo este martes, 6 de octubre, mientras Acceso a la Justicia presentaba su informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió extender por dos años más el mandato de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado para DD. HH. sobre Venezuela.
La decisión se tomó con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra, luego de que Argentina, Canadá, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Panamá y Chile propusieran la resolución L.18, a través de la cual se garantiza la continuación de las investigaciones por torturas, persecución, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos.
Los países que propusieron la resolución, destacaron que aunque en Venezuela las circunstancias han cambiado significativamente, se mantienen instituciones y mecanismos de represión que contribuyen a las violaciones de derechos humanos que tienen y han tenido lugar en Venezuela.
En la votación, se abstuvieron Angola, Benín, Bolivia, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irak, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Sudáfrica y Tailandia. En cambio, China, Cuba, Burundi, Egipto y Vietnam votaron en contra de la renovación de estos sistemas de documentación.
China y Cuba coincidieron en sus justificaciones al asegurar que esta misión, instalada en septiembre de 2019, no contribuye a una resolución efectiva de la crisis venezolana y deja a un lado el impacto de las sanciones sobre Venezuela.
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