La pérdida de la independencia judicial, la provisionalidad masiva de jueces y el uso del derecho penal como herramienta de persecución política, convirtió la transformación del sistema de justicia en una condición ineludible para el restablecimiento de la democracia y la seguridad jurídica en el país.
Caracas. La reactivación de los espacios de diálogo político, y la discusión sobre la renovación de los poderes públicos, dejó nuevamente en el centro de la agenda nacional la urgencia de renovar y transformar el sistema de justicia antes de cualquier giro político o electoral.
Tanto los políticos, como las organizaciones de la sociedad civil, y los académicos insisten en este cambio como una necesidad, vista la “instrumentalización” del sistema judicial para validar acciones del Ejecutivo, ocultar la corrupción y perseguir a la disidencia.
El empleo del sistema judicial como “un brazo ejecutivo” del chavismo es ampliamente denunciado.
En entrevista con Crónica Uno, la abogada penalista y académica, Magaly Vásquez, aseguró que en el país se instauró, hace años, el “derecho del enemigo”, en el que se emplea la justicia como un mecanismo de persecución del adversario. Y aunque un cambio requiere pasos que van más allá de elegir un nuevo Tribunal Supermo de Justicia (TSJ), este es un buen comienzo.
Crónica Uno seleccionó algunos aspectos que permiten entender los nudos críticos que ahogan la administración de justicia en Venezuela y por qué su transformación es un paso ineludible.
El valor de la justicia
El sistema de justicia es el pilar del Estado de Derecho. Actúa como el árbitro imparcial que frena los abusos de poder y protege los derechos ciudadanos.
La Constitución de 1999 estableció que los jueces deben ser autónomos, independientes y titulares en sus cargos. De hecho, en el artículo 254 se consagra la independencia del Poder Judicial y se establecen los parámetros para garantizar la imparcialidad de los juzgadores.
Sin embargo, cuando este sistema se fractura y no se sigue el debido proceso, que consagra la propia Constitución en su artículo 49, se pierde la seguridad jurídica, se ahuyenta la inversión privada y los ciudadanos quedan en completa indefensión frente a las arbitrariedades del Estado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Provea, denuncian de forma reiterada que los tribunales y los órganos de justicia en Venezuela operan sin la autonomía necesaria, lo cual impide una separación real de poderes.
En múltiples informes indicaron que el sistema de justicia no investiga de manera efectiva las denuncias de torturas, tratos crueles ni las irregularidades cometidas por cuerpos de seguridad del Estado.
La provisionalidad en la carrera judicial
Uno de los daños más profundos al Poder Judicial ocurrió a partir de 2003, cuando se suspendieron los verdaderos concursos públicos de oposición para el ingreso y ascenso de los jueces bajo el argumento de que resultaban onerosos.
La abogada Magaly Vásquez advirtió que la consecuencia directa de esto fue la instauración masiva de la provisionalidad, en detrimento del artículo 255 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de los concursos públicos como garantía de “idoneidad y excelencia” para el ingreso a la carrera judicial.
Una persona que no tiene estabilidad laboral “difícilmente puede ser autónoma, independiente e imparcial”, ya que al no ser titular, basta con una decisión administrativa para dejar sin efecto su nombramiento y removerla del cargo de forma discrecional, explicó.
El TSJ en la cúspide de la crisis
La cúpula del sistema judicial, el TSJ, arrastra vicios estructurales severos denunciados ampliamente.
Durante años se implementaron procesos de selección y reformas legales que no cumplían con los extremos constitucionales, lo que convirtió al propio poder en juez y parte.
Vásquez recordó que el perfil de los magistrados cambió radicalmente: mientras que en el pasado se trataba de autores de libros, académicos y juristas con una trayectoria y ascendencia respetada en la sociedad, en las últimas décadas las designaciones respondieron a lógicas políticas y ajenas al mérito intelectual.
El TSJ ha emitido múltiples fallos críticos que, según diversas ONG de derechos humanos, analistas legales e informes independientes, consolidaron el poder del chavismo y desmantelaron la independencia de los poderes públicos.
Investigaciones de organizaciones, como Cepaz o Transparencia Venezuela, documentaron que el TSJ pasó años sin emanar decisiones que contradijeran al Poder Ejecutivo, controlado por el chavismo.
Entre las sentencias más emblemáticas e históricas, que evidencian esta alineación política, está la número 260 de la Sala Electoral, de diciembre de 2015, en la que el Supremo ordenó la desincorporación de los diputados del estado Amazonas bajo acusaciones de presunto fraude electoral.
Al reincorporarse los diputados, en marzo de 2017, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional (AN) en desacato con la sentencia 156, con la que retiró por completo las competencias al Parlamento para asumirlas directamente o delegarlas en el Ejecutivo.
Esta acción fue catalogada ampliamente a nivel nacional e internacional como un «golpe de Estado judicial». A estas se suman decisiones para invalidar elecciones de gremio, convalidar resultados electorales tildados de fraudulentos e incluso intervenir partidos políticos.
La justicia como herramienta de persecución
En el ámbito específico del derecho penal, el impacto es dramático. Especialistas coinciden en que en Venezuela se instauró de facto un modelo en el que el proceso penal se utiliza como un mecanismo de persecución del adversario político y social.
Esto ha vaciado de contenido las garantías procesales, limita severamente el ejercicio de la defensa privada, vulnera los derechos de personas bajo custodia estatal y debilita a la defensa pública, lo que deja al ciudadano expuesto a un sistema punitivo sin transparencia ni controles independientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que el derecho penal en Venezuela se utiliza de forma discrecional y punitiva para hostigar, silenciar y criminalizar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
A través de sus informes, y casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la Comisión ratificó que los tribunales venezolanos incumplen las obligaciones internacionales sobre garantías judiciales, lo que impide una tutela efectiva y el ejercicio libre y seguro de la defensa técnica.
Esto lleva al país a concretar la cifra de más de 1000 personas detenidas por razones políticas, de las cuales al menos 324 siguen tras las rejas, según datos del Foro Penal, que denunciaron la negación a la defensa de confianza, la desaparición forzada y el retardo procesal como prácticas comunes.
El cambio en marcha
La AN inició formalmente el procedimiento para la designación de los 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente de la comisión preliminar de postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó que este viernes, 2 de octubre, se publicará en los medios y periódicos la convocatoria para seleccionar a 12 integrantes de la sociedad civil que conformarán, junto a los 11 diputados ya nombrados, el Comité de Postulaciones Judiciales.
Este proceso estará abierto hasta el 9 de octubre, para dar paso a la evaluación de los 12 candidatos que se sumarán a los 11 diputados. El grupo será presentado ante el Legislativo el 15 de octubre y tomará juramento el 16.
Para Acceso a la Justicia, las negociaciones políticas que dieron lugar a estos cambios “pueden abrir una oportunidad para reconstruir progresivamente el Estado de derecho y restablecer la democracia. Pero esa reconstrucción no dependerá solo de los acuerdos que se alcancen en una mesa de negociación, sino también de las decisiones concretas que se adopten desde ahora”.
En este sentido, la ONG recalcó la necesidad de que exista en el proceso de selección de los magistrados transparencia, reglas claras y un baremo público.
“Si este proceso demuestra que es posible seleccionar magistrados mediante reglas públicas, evaluaciones objetivas y supervisión independiente, enviará una señal de que el país comienza a recuperar instituciones capaces de generar confianza”, advirtió la organización, y añadió que lo contrario generaría “un serio déficit de credibilidad”.
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