La unidades de transporte se mantienen bajo control del Gobierno desde mayo de 2024, en el marco de la campaña presidencial, a pesar de que ya tienen orden de entrega.
Caracas. El transportista William Yánez tiene más de dos años a la espera de que le devuelvan su vehículo de trabajo, retenido por policías tras trasladar a varias personas a las concentraciones opositoras en el marco de la campaña presidencial de 2024.
El argumento de los funcionarios fue que la unidad, de la línea Baruta-Manzanares, presuntamente estaba fuera de ruta, en vista de que conducía hacia Guatire. Y aunque ya se cumplió el tiempo de la sanción, el vehículo sigue bajo custodia del Estado.
“Eso era una sanción administrativa de tres meses, no para que me quitaran el carro. Hasta la fecha sigo sin respuesta del Estado. He ido a todos los entes gubernamentales y no me dan razón de esto”, dijo.
El caso de William forma parte de una situación colectiva. Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi, en la parroquia Caricuao, reportó que cerca de 50 unidades de transporte público están retenidas en el país. De esa cantidad, 17 corresponden a Caracas y tienen orden de entrega.
La vocera indicó que el tema se planteó el 20 de mayo en una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la comisión del sector transporte, pero siguen sin soluciones.
Agregó que hace dos semanas varios transportistas vieron sus unidades en la vía pública, utilizadas en eventos políticos, sin la autorización de sus propietarios.
Vulneración de derechos
Para el sector transporte, la medida representa una violación directa al debido proceso, al derecho al trabajo y a la propiedad. Yelmira Jiménez señaló que las autoridades no han emitido citaciones ni explicaciones legales sobre los motivos para retener los vehículos luego de vencidos los lapsos administrativos previstos en la ley.
Wiliam fue operado de cálculos en la vejiga y en el riñón derecho. Todavía requiere una cirugía en el riñón izquierdo, pero no tiene dinero para costearla. De los ingresos de su unidad dependían tres hogares: el de su expareja, el de su actual esposa y el del chofer que conducía el día de la retención.
Las consecuencias de las medidas alcanzaron a Mayra Vivas, propietaria de otra de las unidades bajo control estatal. Vivas era paciente oncológica y falleció sin recuperar su vehículo. Sus familiares quedaron sin la entrada de dinero que permitía cubrir la alimentación del hogar y los gastos médicos derivados de la enfermedad.
Los transportistas llevaron sus reclamos a El Helicoide, a la Policía Nacional Bolivariana de Parque Central, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público. La denuncia está radicada en la Fiscalía 59, donde se acordó concentrar los vehículos en un solo estacionamiento para realizar experticias técnicas, pero no se ha concretado.
Sin ingresos fijos, algunos propietarios recurren a la venta de café en las calles o al trabajo informal. William laboró durante un tiempo como conductor de aplicación en un vehículo particular, pero dejó la actividad porque los costos de alquiler y gasolina superaban las ganancias diarias.
“Es necesaria la entrega inmediata de los autobuses y la reparación de los daños económicos y materiales causados a cada uno de los dueños de estas unidades de transporte”,
sentencia Jiménez.
Ajuste de tarifas
Al problema de la flota detenida se suma la discusión sobre el valor del pasaje. Nelson Vivas, representante del sector transporte, dijo que desde mayo de 2026 la tarifa urbana está anclada al valor de la divisa, con un ajuste de 0,25 dólares el primer día de cada mes.
Para el mes de octubre, el pasaje urbano queda en 220 bolívares. El monto se establece por la falta de papel moneda de baja denominación, en un contexto donde el billete de menor valor en circulación es de 20 bolívares. En las rutas suburbanas el cobro se calcula por la distancia recorrida en kilómetros, con una base mínima de 220 bolívares.
Vivas explicó que la indexación de las tarifas es la vía que permite sostener las operaciones y evitar la paralización del servicio público. Agregó que los transportistas no cuentan con recursos para el mantenimiento preventivo o correctivo de sus vehículos.
“El sistema de transporte requiere un pasaje mínimo de 0,50 centavos de dólar, ya que la tarifa actual está totalmente devaluada y no cubre las necesidades básicas de un transportista”, sostiene Vivas.
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