Rory Branker recuperó su libertad, pero su caso judicial sigue abierto bajo medidas cautelares. Su historia refleja la realidad de otros dos trabajadores de la prensa que aún enfrentan procesos penales por supuesta instigación al odio y otros cargos.
Caracas. “Nunca se puede retomar la vida normal luego de que te has convertido o te han convertido en un preso político. Cualquiera que te diga lo contrario miente. La vida cambia mucho, las perspectivas cambian, el entendimiento se abre y comprendes la realidad desde otro ángulo”, reflexiona Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, quien estuvo privado de libertad y que todavía enfrenta medidas cautelares que limitan su libertad plena.
Aunque tras recibir la orden de excarcelación pudo volver a las calles, está lejos de recuperar su vida normal. Permaneció detenido 11 meses y 15 días en la cárcel de Tocorón del estado Aragua, sostiene que cruzar las puertas del centro de reclusión fue apenas el inicio de una nueva etapa de incertidumbre.
Frente a la opción de mantenerse callado para evitar tensiones, Branker decidió retomar sus actividades en La Patilla. Considera que guardar silencio tras salir de prisión habría servido de mensaje intimidatorio para el resto de sus compañeros que ejercen la labor periodística, pese al hostigamiento y la censura.
“Yo entendí que parte de lo que me ocurrió a mí y a muchos venezolanos era para silenciarnos. Si salía callado o dispuesto a guardar silencio ante la injusticia, iba a servir como un ejemplo de cómo el periodismo venezolano tendría que actuar para estar cómodo. Y no opté por eso. Entendí que debía seguir haciendo las preguntas necesarias, investigando y apoyándonos entre colegas”.
Un expediente sin libertad plena
La causa judicial contra Banker se mantiene abierta en los tribunales del Área Metropolitana de Caracas. Imputado bajo delitos que incluyen terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, señala que el argumento de la fiscalía se basó en una publicación que realizó en la red social X (antes Twitter), en 2024, en la cual compartió la imagen de un cartel de búsqueda sobre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
El trabajador de La Patilla mantiene la medida cautelar de presentación periódica cada 30 días y la prohibición expresa de salida del territorio nacional. A estas limitaciones se suma la presión constante.
“Mi mayor preocupación es que esto no ha terminado. Siento y sé que no han terminado conmigo ni con La Patilla, un portal que sigue bloqueado en el país. Todo el aparato de represión continúa activo y las medidas pueden ser reversibles en cualquier momento. El Estado no ha terminado con su acción y yo sigo en una situación expectante”.
El caso de Branker forma parte de un patrón que afecta a comunicadores e integrantes de la sociedad civil. De acuerdo con los registros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), comunicadores y activistas como Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas y Branker continúan con causas penales abiertas en los juzgados lo que confirma que la prensa es uno de los gremios más castigados por la aplicación de la norma.
Datos del SNTP indican que siete de cada 10 periodistas y empleados de medios detenidos, o procesados judicialmente hasta enero de 2026, enfrentaron imputaciones vinculadas con la incitación o promoción al odio.
Lo que propone el Gobierno
En ese contexto, y tras nueve años de cuestionamientos por el uso de la Ley contra el Odio, como mecanismo de persecución contra la disidencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este martes, 29 de septiembre, una reforma parcial a la norma con el objetivo de “despenalizar ciertas conductas y reestructurar la justicia penal”.
En respuesta, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión especial de 11 diputados, presidida por Jorge Rodríguez, para elaborar el proyecto de modificación.
“Vamos a conformar una comisión especial a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley”, declaró el presidente del Parlamento durante la sesión plenaria.
A pesar del anuncio oficial, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas advierten que la propuesta resulta insuficiente. Los especialistas señalan que el texto mantiene ambigüedades de fondo en su redacción, un factor que deja cargos como la “incitación al odio” a la libre interpretación de los jueces.
Un patrón de criminalización contra la prensa
Los registros de la organización Foro Penal revelan que desde su aprobación, en 2017, un total de 927 personas sufrieron la imputación del delito de “instigación al odio”, en varios casos junto con otros cargos penales. De ese total, seis personas permanecen privadas de libertad y 638 continúan bajo medidas cautelares.
Este miércoles 30 de septiembre, el SNTP informó que El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo otorgó la libertad plena a los periodistas Luis López y Gabriel González.
A través de su cuenta en X, la organización gremial señaló que la decisión del juzgado puso fin a un proceso judicial de más de dos años y tres meses que incluyó cerca de 19 meses de prisión arbitraria y severas medidas cautelares.
López, detenido el 14 de junio de 2024, y González, privado de libertad tres días después, el 17 de junio del mismo año, salieron del centro de reclusión el 14 de enero de 2026, pero mantuvieron restricciones legales hasta que confirmó su inocencia.
Ante esta realidad, el SNTP exigió que cualquier revisión a la legislación contemple la anulación de los procesos abiertos, el levantamiento de las medidas cautelares y la eliminación de las restricciones operativas.
El gremio recalcó que los procedimientos judiciales bajo amparados bajo la Ley contra el Odio sirvieron para criminalizar la labor informativa y violentan los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La exigencia de derogación total
Por su parte, Espacio Público cuestionó la permanencia de este marco legal al advertir que fomenta la extorsión y entorpece el trabajo periodístico. La organización enfatizó que la Ley contra el Odio opera junto con la Ley Simón Bolívar y el proyecto de Ley Antifascismo dentro de una estructura orientada al control social.
Debido a los vicios de origen del texto y la presencia de tipos penales indefinidos, Espacio Público exigió la derogación absoluta de la ley en lugar de un cambio parcial. A través de un pronunciamiento la ONG también solicitó al Parlamento la publicación del cronograma de trabajo, los detalles sobre las conductas a despenalizar y la apertura de mecanismos reales de consulta ciudadana.
Entre las peticiones del sector destacan el sobreseimiento definitivo de las causas iniciadas contra periodistas y activistas, el fin de los bloqueos digitales a portales de noticias y la devolución de los equipos confiscados a los medios de comunicación sancionados.
En los últimos días y causa del anuncio de la reforma parcial, defensores de derechos humanos han coincidido en la necesidad de sustituir las penas de cárcel por políticas orientadas a la educación y la tolerancia, a través de un debate que garantice transparencia y apego a los convenios internacionales.
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