El jefe del Parlamento rechazó las acciones de Estados Unidos tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado como precandidata. Aunque la convocatoria no denota una exclusión de la Plataforma Unitaria Democrática, sí obvia el primer punto de los acuerdos firmados en octubre de 2023.
Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, expresó su rechazo a las acciones de los Estados Unidos en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, precandidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Rodríguez, quien también encabeza la delegación oficialista en las negociaciones respaldadas por Noruega, anunció que el próximo lunes, 5 de febrero, iniciarán las reuniones para definir el cronograma electoral de los comicios presidenciales previstos para este año.
Nuestra respuesta es convocar a todas y todos, a los precandidatos y precandidatas que quieran, los empresarios y empresarias que quieran, a los profesores universitarios, a las maestras de escuela, para este próximo día lunes trabajar en el cronograma electoral presidencial, llevemos juntos y juntas la propuesta de un pueblo”, indicó ante la plenaria de la AN.
De concretarse, la decisión desconocería lo pactado por el oficialismo con la PUD en los acuerdos de Barbados, llamado formalmente “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, firmado el 17 de octubre de 2023. Pues, uno de los puntos establece la elaboración conjunta de un calendario electoral. Esto en función de lograr unos comicios “con todas las garantías”, con la venia de las partes involucradas en el pacto.
TERCERO: Las garantías electorales para todos los actores a que hace referencia este Acuerdo Parcial y que serán promovidas conjuntamente por las Partes incluirán los siguientes aspectos:
1. Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional.
Reimposición
La convocatoria de Rodríguez se dio en el marco de la discusión del primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la AN de este martes, 30 de enero. Titulado “Acuerdo en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte de los Estados Unidos de América en contra de la Integridad y Soberanía de Venezuela”, la propuesta del diputado Ricardo Molina surgió en respuesta a la decisión de la administración de Joe Biden de no renovar la licencia que alivia las sanciones al comercio de oro, petróleo y gas venezolano.
Al respecto, el jefe del Parlamento nacional acusó a Estados Unidos de tomar decisiones basadas en su “poderío, chantaje, soborno, secuestro y robo” del oro venezolano. Asimismo, enfatizó que, en Venezuela, “los apellidos ya no son quienes toman las decisiones trascendentes”. Del mismo modo, rechazó cualquier forma de ultimátum de Estados Unidos contra “la integridad y soberanía” del país.
El gobierno estadounidense justificó la medida en la reciente detención de miembros de la oposición. También en la inhabilitación de candidatos para competir en las elecciones presidenciales de este año. La administración Biden considera que estos actos son “incompatibles con los acuerdos que suscribieron en Barbados los representantes de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria en octubre pasado”, expresó Miller en un comunicado de prensa.
En el corto plazo la reimposición de sanciones afecta a la estatal Minerven. La estatal venezolana se encarga de la extracción y comercio del oro y otros minerales. No obstante, el impacto se podría extender a las empresas de gasíferas y petroleras en abril, advirtió John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante una rueda de prensa.
“Tienen hasta la primavera para honrar sus compromisos. Tienen decisiones que tomar antes de que nosotros midamos qué decisiones tomaremos”, dijo Kirby.
Guerra de declaraciones
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también respondió al gobierno de Estados Unidos. En un post citado en su cuenta de X (antes Twitter) calificó de “ultimátum grosero” el mensaje del vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.
Rodríguez advirtió que, si Estados Unidos intensifica la agresión económica contra Venezuela, a partir del 13 de febrero se revocarán los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos a ese país. Esta fue una de las primeras medidas implementadas en el intento de normalización de la relación bilateral.
Esta contramedida fue respaldada por el ministro para el Petróleo, Pedro Tellechea, quien desestimó la restitución de sanciones estadounidenses a Minerven y el posible restablecimiento de las medidas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
En una reunión con periodistas Telechea advirtió que Estados Unidos también sufrirá las consecuencias de las medidas que tomen contra la operatividad de empresas administradas por el gobierno venezolano.
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