Abogados señalan que “el patrimonio de los venezolanos, de Pdvsa, están en una indefensión total y pudieran perderse si el Parlamento no actúa”.

Caracas. Del lado derecho del juez Darrin Gayles, los abogados de Pdvsa US Litigation Trust que reclaman el pago de 10 millardos de dólares. En el izquierdo, los representantes de las empresas demandadas Helsinge, Lukoil Pan Americas LLC, Glencore y Trafigura.

La primera audiencia del caso en el Tribunal del Sur de Florida, en Miami, transcurrió el pasado 4 de abril en medio de desacuerdo entre las partes por fijar el inicio del juicio, por lo que el juez Gayles resolvió que el caso pasará a la instancia federal, a la magistrada Alicia Otazo-Reyes y el 20 de abril deberían retornar para ver si, finalmente, se descarta el caso o se procede a efectuar la acción judicial.

Los ausentes: representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional.

Hace más de un mes, Pdvsa Litigation Trust demandó a Helsinge —firma creada en 2004 en Panamá por los venezolanos Francisco Morillo y Leonardo Baquero— por obtener información privilegiada, licitaciones fraudulentas y sobornar a funcionarios de la estatal. Pdvsa Litigation denunció que hubo un daño patrimonial de 5 millardos de dólares en el transcurso de 10 años.

Pero las dudas surgieron sobre el bufete que se encarga de la demanda, porque Pdvsa delegó su representación a un tercero, sin aprobación de la Asamblea Nacional, ni la firma del presidente de la República.

El patrimonio de los venezolanos, de Pdvsa, están en una indefensión total y pudieran perderse si el Parlamento no busca un abogado, admitido y con actividad judicial en los Estados Unidos, para que se oponga a lo que sería el primer caso de una estafa multimillonaria internacional.

Así lo alertó el abogado venezolano, Carlos Ramírez López quien, junto con el economista Federico Alves y la jurista Norma Camero, se oponen a esta demanda por alegar que Pdvsa US Litigation Trust carece de legitimidad y legalidad, al no ser autorizada por la AN para asumir la representación de Venezuela en instancias internacionales.

La Constitución en su artículo 150 obliga a que cualquier representación de los intereses de Venezuela deben ser avalados por el presidente de la República, luego de una autorización del Parlamento. “Los diputados deben venir”, exigió Camero.

Alves alertó: “Estamos en presencia del mayor robo y estafa en Estados Unidos”.

David Boies, calificado como “el gurú de la recuperación de fondos” por la prensa norteamericana, representa a Pdvsa Litigation y ya presentó a los 30 abogados que lo acompañarán en el tribunal.

Boies logró entre 1991-1993 recuperar 1,2 millardos de dólares, según el Federal Deposit Insurance Corporation. Es jefe de la firma Boies Schiller Flexner, con sede en Nueva York, que entre sus clientes tuvo a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores.

“Esos recursos no irán a Pdvsa sino que existe una conspiración entre empresas y exsocios de la gerencia petrolera para apoderarse de estos fondos”, afirmó Camero.

Foto: Cortesía


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