“A la felicidad de mi familia la mataron inocentemente en una OLP”

Orangel Ferrer, de 18 años, fue asesinado en El Cementerio el miércoles 25 de mayo, cuando iba camino a casa de su abuela. Testigos denunciaron que funcionarios del Cicpc dispararon sin mediar palabras.

Yohana Marra/@yohanamarra

Caracas. Desde el 25 de mayo de 2016 Atimar Ferrer olvidó su tratamiento de quimioterapia. Ya no lucha con la misma fuerza contra el cáncer de estómago, que tiene desde hace tres años, porque ahora solo piensa en hacer justicia por el asesinato de su hijo mayor durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en El Cementerio.

Orangel Gabriel Ferrer Ferrerer, de 18 años, recibió un tiro en el pecho cuando corría hacia casa de su abuela, en la calle Vargas, cerca de un sector conocido por los vecinos como la Redoma de la Cota 905.

Testigos dijeron que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le disparó en el pecho, sin mediar palabras. Corrió herido hasta donde pudo, pero cayó más adelante y los uniformados recogieron su cadáver, y lo dejaron en el hospital de Coche. Ese día mataron a cinco personas más.

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Atimar se encontraba en Boconó, estado Trujillo, acondicionando la casa a donde se mudaría con sus hijos cuando recibió la noticia. La tía de Orangel fue quien reconoció el cuerpo en la morgue de Bello Monte y acudió hasta la sede del Cicpc, en la avenida Urdaneta, donde la trataron como una delincuente.

“A mi hermana le dijeron que mi hijo había matado a cinco Cicpc, que vendía drogas y le incautaron una R15. La trataron como una delincuente, inventaron que ella era mujer de alias ‘el Galleta’. Hasta la amenazaron con tardar en entregarle el cadáver. Si mi hijo cargara una R15 al menos hubiese herido a alguien, digo yo”, detalló Atimar, fuerte como un roble, pero con un rostro completamente desolador y demacrado.

Los funcionarios no les dieron pruebas o denuncias de lo que decían. La madre del joven desmintió todas las acusaciones verbales porque su hijo, quien apenas tenía dos meses viviendo en casa de su abuela, en El Cementerio, no estaba en malos pasos ni tenía malas juntas.

“No tuvo antecedentes, no estuvo detenido, nunca tuvo problemas con nadie. Si mi hijo fuese malandro yo lo digo, pero no tengo nada que esconder porque siempre me he esforzado por darle valores a mis hijos”, soltó la madre, acompañada por su hija de 15 años, quien la escuchaba en silencio.

Ambas dieron el testimonio dentro de un vehículo, alejadas de la avenida principal de El Cementerio, pues no querían subir al barrio ya que les habían dicho que había policías arriba y tenían miedo. “Siempre que ellos están arriba hay que tener miedo, a veces nos sentimos más seguros con los malandros, lamentablemente”.

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Un pilar, el papá de sus hermanos

Orangel era el mayor de cuatro hermanos. Su padre falleció, así que era el apoyo de su mamá en la crianza de los muchachos y quien acompañaba a Atimar practicarse las quimioterapias. La regañaba cuando no cumplía lo que le pedía el doctor.

“¿Mi hermano? Mi hermano era mi papá”, dijo la adolescente, de 15 años, cuando se refirió a la víctima. “A la felicidad de mi familia la mataron inocentemente en una OLP. Siempre estaba pendiente de todos, cuidaba a sus hermanitos. Su familia paterna lo adoraba”, agregó su mamá.

No descansará hasta hacer justicia y limpiar la memoria de su hijo. Por ahora ha recibido asesoría de varias ONG’s e irá hasta donde sea necesario para aclarar las cosas.

“Está bien que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Nada les costaba detenerlo, pedirle papeles, o algo. Ellos mataron sin mediar palabras. El Cicpc debe hacer las cosas bien, con órdenes de allanamiento, con testigos. No todos los que vivimos en barrios somos malandros”.

Atimar llevaba dos meses en casa de su mamá, porque el 30 de enero presenció un homicidio, junto con sus hijos, en el barrio donde vivía (El Manguito, Catia) y los delincuentes estuvieron persiguiéndolos para matarlos. Tenían protección policial.

Por la inseguridad tomó la decisión de mudarse de Caracas y compró una vivienda en Boconó. Orangel, estudiaba de 5to.año de bachillerato en la U.E. Santiago Key Ayala y quería cursar Administración en la universidad.

“En los barrios hay adolescentes que quieren surgir, no todos son delincuentes. Hay padres que queremos sacar a nuestros hijos adelante y le damos valores. Quiero que se haga justicia por la muerte de mi hijo, la felicidad de la familia, el bochinchero, el guapo, el familiar”, dijo Atimar con tanta fortaleza, que apenas dejó ver un poquito sus ojos aguados, pues inmediatamente escondió todo tipo de lágrima que pudiera asomarse.

Relanzamiento de la OLP

El 10 de mayo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, anunció el relanzamiento de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que comenzó en Coche, El Valle, El Cementerio y la Cota 905.

Este plan fue ejecutado por primera vez en julio de 2015, en la Cota 905, y se extendió por varias comunidades de Caracas y el país.

De acuerdo con el informe anual del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), durante 2015 detuvieron de manera masiva a 17.071 personas, de esta cifra 15.946 ocurrieron en el marco de la OLP.

Detallaron que en su mayoría los detenidos no fueron encontrados en flagrancia ni existió orden judicial para el arresto, por lo que se trató de detenciones arbitrarias o ilegales.

“Cuando se analizan por separado o de manera integrada las distintas fuentes de información (medios impresos, fuentes oficiales, medios digitales) hay coincidencia en el porcentaje entre detenidos iniciales y personas posteriormente procesadas o al menos presentadas ante el Ministerio Público (MP): detenidos iniciales 95,5%, procesados formalmente 4,5%. Es decir, que al menos 95,5% de estas detenciones fueron ilegales o arbitrarias”, reza el documento.

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El 30 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció que aprobó la propuesta para realizar una megajornada de OLP con los componentes cívico, militar y policial, para enfrentar a las bandas paramilitarizadas.

Fotos: Miguel González/Mabel Sarmiento