Para Carlota Salazar, abogada anzoatiguense especialista en participación ciudadana con doctorado en Gobierno y Administración Pública, la opacidad con la que se ha tratado el tema de la Ley de Ciudades Comunales es lo que genera ruido. Asegura que el objetivo del oficialismo es instaurar un sistema que fue rechazado en el proceso de reforma constitucional de 2007 y que al final no tendrá factibilidad, porque lo que busca es tener un control de la sociedad.

Barcelona. Aprobada en primera discusión el pasado 11 de marzo, la Ley de Ciudades Comunales entró en la fase de disertación en las comunidades, proceso en el cual, según el diputado por Anzoátegui a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo de las Comunas, Luis José Marcano, más de 50.000 personas han participado. 

Una de esas personas que ha intervenido en la discusión, e incluso ha dejado planteamientos en el sitio oficial de la nueva Asamblea Nacional, ha sido la abogada anzoatiguense especialista en participación ciudadana con doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid Carlota Salazar, quien, a la par de que asegura que no ha recibido respuesta, es tajante al señalar que el proyecto en la forma como lo plantea el ejecutivo de Nicolás Maduro es inviable.

De la mano de Marcano, quien es su principal impulsor, la zona norte de Anzoátegui ha servido como laboratorio para ensayar parte de las implicaciones que tendría la aprobación definitiva del estamento. 

En 2019, la Alcaldía de Barcelona, tras la celebración de consultas previas y un posterior referéndum, decidió traspasar las competencias en materia de aseo urbano a las comunas organizadas. Hoy las quejas por la acumulación de basura en las calles de la capital anzoatiguense están a la orden del día.

A su juicio, ¿Qué objetivo busca la implementación de esta nueva ley en el país?

—Busca consolidar el sistema planteado en la reforma constitucional de 2007 y que fue rechazado. Esta ley, como la plantean, es prácticamente un municipio paralelo. Significa que vaciará las competencias municipales en otro organismo, y deja de lado el sistema de planificación de políticas públicas.

La jurista sostiene que no le teme al sistema en su concepción original. Afirma que muchas sociedades en Europa han alcanzado el progreso con sistemas similares. Sin embargo, su cuestionamiento sobre lo que se quiere hacer en Venezuela es la opacidad que reina acerca de la legislación y la ambigüedad de su contenido. 

¿Qué características positivas puede tener un sistema como el que se quiere implementar con la Ley de Ciudades Comunales?

—Los esquemas ciudadanos deben ser libres y plurales. 40 personas trabajando por el bien común, debatiendo todos los puntos y alcanzando acuerdos que los beneficien a todos es maravilloso, y si eso se lograse con un sistema como ese, otra es la historia; pero cuando solo escuchas a los tuyos y politizas el sistema, este ya cae por su propio peso. 

¿Cómo hacerle entender a un gobierno que los sistemas tienen que involucrar a todos y no solo a una parte de la población?

—Eso no lo sé. Ellos no razonan, pero si este sistema de ciudades comunales sigue los mismos parámetros de cómo se trataron los consejos comunales, desde ya es inviable. 

Salazar explica la inviabilidad de la Ley de Ciudades Comunales con un ejemplo propio.

Ella y otros vecinos del sector R16 del municipio Urbaneja de Anzoátegui, de mayoría abiertamente opositora al oficialismo, realizaron todos los pasos protocolares para la constitución del consejo comunal de la zona. Cuenta que una vez constituido, al momento de registrarlo en Fundacomunal para darle la legalidad, prácticamente fueron ignorados y solo aceptaron registrar un consejo comunal asentado en el sector Casco Central de Lechería, la zona popular del municipio. 

Nosotros quedamos sorprendidos porque pensamos que la gente no participaría, y la sorpresa fue que obtuvimos 6000 votos afirmativos a la propuesta. Las personas creen en un sistema que plantee proyectos y soluciones, pero si tú no aceptas que en la sociedad tienes personas que no comulgan con tu pensamiento político, pero que buscan el bien para sus comunidades y actúan con pluralidad de criterios, entonces tu sistema fracasa y en algún momento la gente se rebela. Tú crees que el invento de las UBCH fue para qué. Eso fue para controlar a muchos consejos comunales que, si bien comparten la ideología, no compartían la corrupción y plantaron cara, se les salieron de control y para controlarlos nuevamente llegaron las UBCH”, dice.

¿Por qué en estos 22 años de proceso, el oficialismo no ha logrado consolidar el sistema que tanto defiende?

—Según las cifras que ellos manejan, y disponibles en la página del Ministerio de Comunas, ellos apenas han alcanzado el 10 % de consolidación de comunas y consejos comunales. ¿Por qué no han consolidado el sistema? Una cosa es el concepto y otra el uso que le das, y pese a que saben que de esa forma el sistema no rinde frutos, han elaborado un entramado de leyes que apuntan a implantarlo, y una de ellas es esta de las ciudades comunales. 

¿Todo apunta a que la Ley de Ciudades Comunales lo que busca es implementar un control sobre la sociedad?

—Y van a perder en esa tarea. La intención con esta ley es controlar a la sociedad y ellos lo afirman. Hay sitios a los que ellos llaman zonas chavistas y ningún opositor puede pasar por allí, pero al final van a perder, no todos los que viven en una ciudad comulgan con tu proyecto, ¿qué vas a hacer con esas personas? No tiene factibilidad un sistema donde no se involucre a todo el mundo. Durante 40 años AD quiso controlar a la gente y se les rebeló, y ahora el oficialismo pretende hacer lo propio y van a perder. 

Este sistema a todas luces choca con la Constitución, porque hay conceptos como el autogobierno y el Estado socialista que no están plasmados allí. ¿Qué consecuencias traería esto para la nación?

—En un principio se planteaba el autogobierno pero en lo aprobado cambiaron y ahora están ligadas al sistema y Consejo Federal de Gobierno, ese concepto de autogobierno dejado así, de manera abierta, se podría haber interpretado como que cualquiera viene y pasa por encima del Estado y llega la anarquía. Hay cosas que obviamente no están en la Constitución, como el llamado Poder Popular. Para hacer realidad muchas cosas de las que se están planteando primero deben reformar la Constitución, y no se han atrevido a hacerlo porque saben que van a perder en un referéndum; entonces todo lo acomodan a fuerza de leyes. En esa ley hay la contemplación de organismos como: Consejo de Economía de la Ciudad Comunal, Consejo de Contraloría de la Ciudad Comunal, Consejo de Educación y Formación de la Ciudad Comunal, Consejo de Justicia y Paz de la Ciudad Comunal y una Comisión Electoral de la Ciudad Comunal, esto dejaría de lado al Consejo Federal de Gobierno y los consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas. 

Esos nuevos organismos, asegura la especialista en participación ciudadana, acaban prácticamente con los Concejos Municipales. «El Concejo Municipal es el órgano legislativo del poder municipal, si la ciudad comunal legisla, como en efecto hará, quedan vaciados de competencias igual que el municipio».

¿Qué papel juega la oposición en todo esto? Muy pocos voceros se han pronunciado sobre el tema. 

—Así como el chavismo ha cometido y comete errores, la oposición también. Ellos por siete años se la pasaron peleando con una Constitución que calificaban de socialista, y te puedo decir que esa Constitución no tiene ni una letra cubana; es Made in Venezuela, es hermosa e innovadora. Ah, pero qué pasó, la oposición abandonó la defensa de conceptos como: democracia participativa, jueces de paz, procesos de planificación; llegó el chavismo, habló de ellos, los usó a su modo y este es el resultado. 

Y Salazar indica que la idea de la democracia participativa no es originaria del chavismo. A medios de los 80 y en los 90 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), donde, asegura, ya se hablaba de la participación protagónica. Sin embargo, la oposición defendía la tesis de la representatividad. 

El chavismo llegó, habló lo que tenía que hablar, enamoró a la gente y capitalizó un error cometido en aquel entonces por los partidos políticos, y las consecuencias ya las conocemos todos”, dice.

Salazar afirma que es defensora de los procesos de organización comunitarios, y sostiene que cuanto más organizada esté una comunidad, será más beneficioso para sus habitantes. No le teme a los sistemas de las ciudades comunales, comunas o el nombre que decidan ponerle, su temor radica en lo que decidan realizar los actores políticos, una vez aprobada la Ley de Ciudades Comunales.


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