En su nuevo informe, el grupo de expertos expresó su preocupación por el proceso de renovación del TSJ, por considerar que algunos cambios aprobados a su ley “no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial”
Identificar a los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde 2014. Este es el objetivo que la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de Venezuela se ha trazado, pues el organismo considera que las investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas, hasta el momento, han tenido un “alcance limitado” y se han dirigido solamente “contra los autores materiales”.
El anuncio lo hizo la presidenta de la instancia, Marta Valiñas, al presentar este viernes una nueva actualización verbal sobre sus hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la cual consideró que las medidas adoptadas por las autoridades para castigar las graves violaciones a las garantías fundamentales que se han producido en el país en los últimos años son “insuficientes”.
“Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”, dijo, al tiempo que agregó: “Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”.
Para la Misión los casos del exconcejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo son los mejores ejemplos de cómo las autoridades venezolanas pretenden dar respuesta a graves crímenes de Derechos Humanos al solo condenar a los funcionarios que ejecutaron dichas violaciones, pero sin indagar si actuaron con autorización o bajo instrucción de sus superiores.
Precisamente sobre el caso de Albán, Valiñas denunció ante el Consejo que los dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que el año pasado fueron condenados por quitarle la vida al edil y dirigente de Primero Justicia ya están en libertad, porque la Corte de Apelaciones de Caracas decidió rebajarles la condena impuesta.
Avances dudosos
Como lo hiciera en la víspera la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la Misión saludó las reformas legales realizadas por la Asamblea Nacional electa en 2020 a una serie de leyes penales, así como el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el anuncio del plan para regularizar la titularidad a los fiscales del Ministerio Público. No obstante, dejó en claro que estas medidas son “insuficientes” e incluso preocupantes.
“La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, señaló Valiñas, quien denunció que la modificación que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) a finales del año pasado, no ha servido para combatir el retardo procesal ni para garantizar los derechos de los procesados. “Todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada”, apuntó.
Acto seguido se refirió al proceso de designación de magistrados del TSJ en curso y aseguró al Consejo que el riesgo de interferencia política sigue tan presente como en los anteriores.
“El equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas (a la Ley Orgánica del TSJ) otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el inspector general de Tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura”, señaló.
Pero no se quedó allí. También cuestionó que el Parlamento haya abierto las puertas a la reelección de los actuales miembros del máximo juzgado, en contravención de la Constitución.
La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años”, dijo Valiñas.
La presidenta de la Misión asimismo denunció ante el Consejo que el decreto presidencial que ordenaba el traslado de los presos que estaban en poder de los servicios de inteligencia (Sebin y Dgcim) a otras prisiones no se ha cumplido. Puso como ejemplo el caso del director de FundaRedes, Javier Tarazona, de quien de paso dijo que ha sido víctima de “tortura psicológica y blanda”.
La muerte del exministro de la Defensa, general Raúl Isaías Baduel, también fue expuesta por la Misión como otra prueba de que en el país los Derechos Humanos, sobre todo de aquellos que se oponen al Gobierno y que están detenidos por ello, no se respetan.
Marta Valiñas miembro de la Misión de Detemrinación de Hechos de la @ONU_es #CasoVenezuela Señaló las irregularidades que continúan sucediendo en el sistema de justicia venezolano:
🔹Detenciones arbitrarias
🔹Presos Políticos
🔹Torturas
🔹Violación DDHHhttps://t.co/GBFfYX9kHk— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) March 18, 2022
Por la tangente
La delegación venezolana, por supuesto, no respondió a ninguno de los señalamientos del informe, por considerar que había sido preparado “en laboratorios mediáticos”. Asimismo, consideró que el Consejo “malgastaba tiempo” escuchándolo.
“¿Cómo puede ser que esta Misión cuente con más recursos que la oficina del Alto Comisionado en mi país?”, inquirió el embajador Héctor Constant Rosales, quien acusó a la Misión de ser “cómplice” de los crímenes de lesa humanidad que, según él, producen las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).
Una docena de estados anunciaron que pedirán que el mandato del grupo investigador sea extendido más allá de octubre próximo, una propuesta que fue respaldada por organizaciones venezolanas como Provea, Cofavic, Espacio Público y Transparencia Venezuela.
“El trabajo de la Misión ha obligado a las autoridades venezolanas a tomar decisiones para evitar violaciones a los Derechos Humanos, por ejemplo durante el año 2020 ocurrieron 3034 ejecuciones extrajudiciales y un año después fueron 1414; aunque sigue siendo un grave problema, estamos convencidos de que esta reducción se debe al trabajo de la Misión”, afirmó Rafael Uzcátegui, de Provea.
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