Los conserjes, amparados en la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, no es que resultaron aventajados en beneficios, pues muchos condominios en Caracas afectados por la hiperinflación dejaron de solicitar estos servicios, otros contrataron a terceros para el mantenimiento y, en algunos casos, ya no se ocupan de los espacios comunes dentro de una residencia.
Caracas. Pasillos oscuros, jardinerías en ruinas, sin vigilantes ni servicio de portería. Tampoco hay quién saque la basura. En eso se traduce la falta de un conserje en un edificio residencial. Y es que a raíz de la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales de 2011, parte de estas conserjerías se vieron afectadas con despidos, otras comenzaron a exigir beneficios y muchas a minimizar sus labores.
De esto resultó que, hoy en día, hay propiedades descuidadas, y esto sucede más donde la mayoría de los propietarios son jubilados y de la tercera edad, cuyos ingresos dan para medio comer y comprar medicinas, no así para cancelar la alícuota mensual del condominio, en muchos casos, fijada en divisas.
La ley establece en el artículo 29 que el salario no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, el cual debe ser pagado en forma quincenal. Tal vez hace 10 años se les hacía justicia a los conserjes, sin embargo, a la fecha, este monto pudiera resultar irrisorio si se compara con el costo de un bombillo ahorrador —pasa de los dos millones de bolívares— que suele usarse en los inmuebles de propiedad horizontal para mantener iluminados los pasillos.
Resulta que el pago del salario no es el único beneficio que devengan, también tienen derecho a prestaciones, vacaciones, descanso, bonos y seguridad asistencial. Son trabajadores residenciales, y aunque su labor era estar pendiente del suministro del agua, de los ascensores, de las reparaciones de las áreas comunes, remodelaciones e incluso servir de enlace para el cobro del condominio, con la ley muchas de esas cosas cambiaron y se redujeron a que solo se les puede exigir la limpieza y el aseo de las áreas comunes.
Además, su trabajo no debe exceder de las 44 horas semanales, no puede hacerlo los fines de semana ni en horas extraordinarias. En edificios grandes se debía contratar un auxiliar de consejería que igual está protegido por la ley y, con las cosas así, muy pocos tienen esta figura.
Todo eso afectó la estabilidad de las conserjerías. Por ejemplo, en la residencia de Marina Torres, ubicada en La Florida, en el norte de Caracas, hace un año la conserje renunció, luego de 16 años de contratada. A raíz de eso entre los propietarios hubo un gran debate sobre si buscar a una nueva o a una persona o empresa para que se hiciera la limpieza, previendo el articulado de la ley, la cual no dejaba claro cuándo y por qué se podía terminar la relación laboral.
La asamblea decidió emplear a un señor para la limpieza, pero las otras tareas ahora se las reparten entre los dos apartamentos que hay en los 11 pisos. Esta semana, por ejemplo, Marina tenía que abrir y cerrar el agua y poner los candados de los sótanos.
“A veces la cosa funciona, porque hay quienes ponen los candados, otros no quieren o lo hacen en horas distintas. Con el agua es diferente porque todos necesitan el servicio. En el chat del edificio todos los domingos se informa a qué piso le tocan esas tareas. Pero lo del agua es engorroso porque hay que estar midiendo el nivel del tanque para cuidar las bombas, algo que hemos tenido que aprender con el paso del tiempo”, acotó Marina.
La ley trajo cola
“Yo no voy a cambiar el bombillo, tampoco voy a llevar el recibo del condominio, solo haré aseo y limpieza. Eso en principio sonaba muy bonito, pues pudiera darse el caso de un edificio explotador, y la ley puso un poco de orden. Pero eso afectó hasta a los condominios playeros, en los que las conserjerías tenían una especie de gerencia interna y hasta estaban pendientes de los apartamentos de las personas que vivían en las ciudades. Todo eso era pagado y se eliminó. El trabajador residencial quedó solo para el tema del aseo y aunque se le daba una habitación o apartamento no tenía más responsabilidades que las emanadas de la ley”, explicó Enrique Herrera, abogado especialista en condominios, y quien lleva el capítulo de la Cámara Inmobiliaria de la red Guatire, Guarenas y costa mirandina.
Una experiencia a replicar
Hay modelos que bien se pueden replicar: un caso es la relación que tienen los vecinos de la torre A del conjunto residencial Terrazas de El Paraíso. “Garantizamos salario, servicios de salud, aguinaldos, vacaciones, botas de seguridad, todos los equipos de limpieza”, dijo Zarminé Adjounian, residente. “Nuestro conserje es familia, de hecho, su esposa está enferma y hay un médico que la atiende, recogemos dinero para que se haga los exámenes. Los trabajadores residenciales de la nueva escuela no ponen bombillos porque no es su trabajo, no sacan a las personas de los ascensores porque no son bomberos. Pero aquí eso no se aplica porque hay una relación sana y se le garantizan sus beneficios”.
¿Qué ocurrió al pasar el tiempo?
Esa ley trajo temor entre los propietarios de apartamentos. Un porcentaje alto de los condominios negociaron y desocuparon de los apartamentos —que estaban concebidos para las consejerías— preocupados por las ocupaciones arbitrarias de bienes inmuebles.
“Eso pasó a afectar 70 % de los condominios en las ciudades, que salieron de los trabajadores residenciales. El resto de los inmuebles (30 %) se quedaron con los conserjes, pero sin dejarlos dentro de los apartamentos. Luego el tema de la hiperinflación, el pago del salario mínimo más uno que otro bono dado por el Gobierno, no les permitía cubrir las necesidades básicas, así que negociaron con ellos la cancelación en dólares, 10, 20, 30, más un paquete de comida”, dijo.
Y eso es lo que hacen en el condominio de Marina, cada mes le arman una caja con alimentos al señor del mantenimiento.
“La pandemia ha dado una estocada adicional, porque los conserjes, si quieren, se pueden apegar a la ley y por el riesgo, negarse a trabajar si no tienen los equipos de bioseguridad, si ven que en las residencias hacen fiestas, si los vecinos no usan el tapabocas”, acotó Herrera.
Maru Redondo, de la Red Org Baruta, también refirió que, aunque la ley tiene una década, en muchos edificios estos empleados fueron despedidos y en su lugar se contrataron empresas. “Aunque luego, vieron que no les convenía porque se iban duplicando los costos, inclusive en dólares, y se regresaron al esquema anterior, pero preferían una señora sola, por ejemplo, para cuidarse del articulado de la ley”.
Ahora, señaló, muchos edificios no tienen junta de condominio, nadie quiere asumir esa responsabilidad y menos con la crisis actual. “Por eso se están deteriorado. Hay casos de propiedades donde despidieron al conserje y eso generó un litigio, entonces lo tienen en el apartamento pagándole un salario, pero sin la prestación del servicio. Hay un caso en el que cancelan el sueldo, pero no hay trabajo, también tenemos residencias que no tienen quien lleve las cuentas, se autoadministran y eso tampoco es sano”.
Citó un ejemplo que se está dando en El Cafetal, en un edificio donde hay 70 habitantes de la tercera edad, que viven de una pensión y de la ayuda de la iglesia. “Evidentemente, no tienen para cumplir con la cuota del condominio, han prescindido del vigilante y el que entre de último es el que cierra la reja y apaga la luz, por decir algo”.
La falta de consejerías también redunda en la convivencia. Según Redondo, con el confinamiento salieron a relucir las fallas: “Ven que alguien hizo un closet en el estacionamiento, o puso un techo en un área común y eso también está afectando la salud mental de las personas”.
La propiedad horizontal siempre ha traído tela que cortar, y en pandemia no ha dejado de mostrar sus costuras.
Escuchemos el contexto que sobre las consejerías nos explica Elías Santana, de Micondominio.com.
Participa en la conversación