El circuito debe crear un protocolo sanitario, asegurar la autosustentabilidad y, por si fuera poco, encontrar la fórmula para que Tigres y Navegantes obtengan una licencia de la OFAC que les permita jugar la temporada 2020-2021 en igualdad de condiciones con las otras seis divisas.

Caracas. No la tiene nada fácil la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para organizar la temporada 2020-2021. Primero precisa trabajar junto con MinDeporte en la creación de un protocolo sanitario que le dé seguridad a los atletas. Y además debe lidiar con las dificultades financieras de los ocho equipos, que no pueden contar con patrocinio estatal desde el año pasado y que, muy probablemente, se verán forzados a jugar a puertas cerradas o, en el mejor de los casos, con una reducción significativa en la venta de boletos por partido debido a la pandemia del COVID-19.

Como si no fuera suficiente, el circuito tiene pendiente la resolución de los casos de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, las dos novenas que siguen sancionadas por la OFAC estadounidense y que, según el propio presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, ven peligrar su participación en una eventual temporada por la imposibilidad de ambas de competir con todas sus piezas del sistema MLB, lo que las pondría en clara desventaja con respecto a las otras seis divisas que sí obtuvieron una licencia para contar con todos sus peloteros.

El problema con filibusteros y bengalíes es que son fundaciones y tienen representación de las gobernaciones en su junta directiva. Eso, a ojos de la OFAC, los define como escuadras que no son autónomas y siguen siendo tuteladas por el Estado. Por ahora, un cambio en los estatutos de la LVBP para que los representantes del gobierno regional no tengan participación en los equipos es la vía que explora el ente liguero para demostrar que es un campeonato completamente privado.

Para cambiar los estatutos, el despacho de El Recreo primero deberá convencer a ambas gobernaciones de renunciar a las directivas de los dos conjuntos sancionados. Por eso ya presentó propuestas a las autoridades carabobeñas y aragueñas. ¿Y si no hay arreglo? Lo más probable es que los dos conjuntos participen en la campaña con jugadores de ligas independientes, al igual que en la 2019-2020. Un torneo de seis equipos no parece una opción real, sobre todo cuando uno de ellos es, junto con el Caracas, la “columna vertebral del negocio”, como lo describió recientemente el agente Félix Luzón.

Lo más delicado es que, aun cuando la LVBP consiga el visto bueno de Carabobo y Aragua para realizar el cambio de estatutos, nadie asegura que la OFAC otorgue una licencia y suprima las sanciones a los dos equipos para que puedan poner en play a todos sus jugadores antes del inicio de la zafra. En todo caso podría hacerlo con la temporada bastante avanzada, como ocurrió en la 2019-2020. Por eso, el factor tiempo es vital en la resolución de este escollo.

La real posibilidad de que –si se juega– la temporada tenga a dos divisas en inferioridad de condiciones deportivas, aunada a la probable reducción de la cuota de importados, principalmente por la crisis económica de los equipos, supondría otro golpe en contra del espectáculo y el prestigio de una liga que, por ahora, y más allá del tema sanitario, solo intenta seguir operando en medio de las condiciones más desfavorables de su historia.

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