En sesión extraordinaria AN creó comisión investigadora y aprobó dos acuerdos

La plenaria de la Asamblea Nacional se reunió este martes en sesión extraordinaria y creó una comisión especial para “proteger a los ahorristas del Grupo BOD” e investigar presuntas irregularidades de esa compañía financiera. Además se aprobó un acuerdo en agradecimiento a los más de 30 países que la semana pasada expresaron su respaldo a la AN y denunciaron el “fraude electoral” que prepara el CNE para fines de año. El acuerdo también ratifica el apoyo de la AN a Guaidó como presidente encargado de la república.

Los diputados debatieron sobre los 5 años del cierre de la frontera colombo-venezolana y su impacto en la dinámica social y económica de ese territorio, pero a la vez condenaron el fortalecimiento de la presencia de grupos irregulares que someten a la población. En el acuerdo aprobado sobre este punto se comprometen a crear una nueva ley de frontera y exhortaron a la comisión de determinación de hechos de la ONU a visitar la zona para constatar las violaciones de los DDHH.

Amnistía Internacional sobre el COVID-19 en Venezuela: “El gobierno está siendo irresponsable”

Amnistía Internacional emitió un comunicado este martes en que alertan que las autoridades venezolanas “están fracasando en las medidas para proteger a la población” y, en particular, a los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales y clínicas que están siendo gravemente afectados. “Incluso están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”, señala el comunicado.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de COVID-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

Centros comerciales piden ampliar el sistema 7+7 para todos los sectores

La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) exhortó a las autoridades a permitir la actividad constante y equitativa del sector, debido a que consideran que una semana no es suficiente, en relación con el plan 7+7 que les ha permitido laborar muy pocos días desde que comenzó la cuarentena por el virus.

La directora del gremio, Laudia Itriago, señaló que el esquema de flexibilización establecido por el Ejecutivo debería servir como base para “llevar un ritmo” de preparación y adaptación de la industria, “pero que involucre a todos los sectores productivos”, reseña Banca y Negocios.

Centro para los Defensores y la Justicia documentó 16 agresiones en julio

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en julio 16 nuevos ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. En siete meses han documentado un total de 125 agresiones.

De los casos registrados, al menos 92 han ocurrido durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19 y bajo el llamado a la Furia Bolivariana a actuar. La emergencia humanitaria y el decreto de estado de alarma han significado un escenario complejo y adverso para la defensa de los derechos humanos, según el CDJ.

Frente de Trabajadores Petroleros propone trabajar con Guaidó para recuperar la industria

El Frente de Trabajadores Petroleros propuso a Juan Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, trabajar de la mano para recuperar los servicios en el país, así como la producción petrolera. El grupo pidió suspender el envío de gasolina gratuita a Cuba.

Los trabajadores consideran que el sueldo mínimo nacional debe estar entre 200 y 400 dólares, bono de alimentación en 150 dólares y el salario mínimo para los petroleros en 600 dólares. El frente también exigió la restitución del comisariato a los niveles anteriores, de 300 dólares, y la restitución del seguro médico a sus antiguos niveles de cobertura, así como la restitución del capital e intereses que Pdvsa y el Gobierno adeudan a los jubilados de la industria.

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