En 20 años los controles de precios del chavismo no lograron contener la inflación; por el contrario, propiciaron el desabastecimiento de productos. Ahora el gobierno busca reemplazar la ley de precios justos que profundizó la escasez.
Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que presentará ante la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, de mayoría oficialista, un proyecto de ley con el que se pretende sustituir a la aún vigente Ley Orgánica de Precios Justos.
Maduro tildó de “fenecida, en la realidad y en la práctica” al más reciente intento legal por controlar los precios de bienes y servicios en el país y una de las causas detrás de la caída de la producción nacional y el desabastecimiento crónico que vivió el país desde su puesta en vigor.
El nuevo proyecto, que se debatirá este jueves 25 de agosto en el Palacio Federal Legislativo bajo el título de “Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos”, se suma a lista de al menos cinco leyes y otros tantos decretos que ha creado el chavismo para controlar los precios y reducir la inflación, sin efectos más allá de profundizar la escasez.
Estas son las principales medidas de controles de precios que implementaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años:
- El 6 de febrero de 2003, el gobierno de Chávez emitió su primer decreto relacionado directamente con controles, al designar a 45 bienes y siete servicios como “de primera necesidad”. El decreto N° 2.304 le daba potestad al Ejecutivo para fijar sus precios máximos.
- Cinco días más tarde, el Ministerio de Producción y Comercio fijó los precios máximos de 106 productos alimenticios y 63 productos de limpieza e higiene personal. Ese año la inflación interanual inició en 38,7 % y cerró con pocos cambios.
En 2004, se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario que derogó la que estaba vigente desde 1995. El instrumento le daba potestad al presidente de la república para declarar bienes y servicios de primera necesidad, pero no competencias para fijar sus precios. Aún así, los controles que había siguieron vigentes.
- Entre 2008 y 2010, la Asamblea Nacional creó, derogó y promulgó en varias oportunidades la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a Bienes y Servicios con varios añadidos en materia de protección al consumidor, pero sin cambios importantes en cuanto a los controles. La inflación interanual, sin embargo, se mantuvo por encima de 30 % –en pleno boom petrolero– y ya había pequeños signos de desabastecimiento.
- En julio de 2011, el presidente Chávez dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos para “combatir las prácticas especulativas” que producen “niveles de inflación exacerbados”, acusando a supuestos poderes monopólicos en sectores de la economía pese a que para entonces ya el Estado era propietario de numerosas fábricas y empresas alimentarias
- En enero de 2014, ya con Nicolás Maduro en el poder, se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, que estableció un margen mínimo de ganancia de 30 % para cualquier actor de la cadena de comercialización y vio nacer a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Sin embargo, previo a ese decreto, ya el Gobierno había aplicado controles de precios a varios sectores comerciales, distintos a alimentos, limpieza y aseo personal. Ejemplo de ello fue el denominado “Dakazo” que afectó a comercios de electrodomésticos, equipos del hogar y hasta ropa y calzados.
- La Ley de Precios Justos fue reformada dos veces, vía Ley Habilitante, con poco efecto en el alza de precios y mucho en la escasez y el cierre de empresas. En 2015 la inflación interanual fue de tres dígitos por primera vez en más de xx años.
- En noviembre de 2017, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional de Precios Acordados con el fin, en teoría, de establecer junto con el sector privado los precios de bienes y servicios que ya para ese año comenzarían a escalar de forma diaria hasta alcanzar la hiperinflación.
- En junio de 2018, el gobierno anunció la implementación del “plan 50”, con el que aspiraba a fijar periódicamente los precios de una decena de productos, pero la inflación era tan acelerada que constantemente quedaban desfasados.
En la práctica, los controles de precios dejaron de ser aplicados a finales de 2018, cuando el gobierno de Maduro liberó parcialmente la economía, y a los pocos meses comenzaron a llenarse los anaqueles vacíos de los negocios que sobrevivieron a la crisis.
En los primeros meses de la pandemia de COVID-19, el fantasma del control de precios volvió a aparecer luego de que el gobierno ocupara el consorcio Coposa y ordenara la venta supervisada de productos de Alimentos Polar y otras empresas alimenticias.
Con el tiempo, y conforme las autoridades y el sector privado acortan las distancias entre sí, los “precios acordados” quedaron relegados en el discurso oficial, aunque eventualmente surgen fiscalizaciones de la Sundde.
Participa en la conversación