Michael y Jennifer tienen cinco hijos menores de seis años. Viven en una casa prestada en el sector Buena Vista del municipio Paz Castillo, uno de los más pobres del estado Miranda, pues 99 % de los jóvenes de esa localidad están en situación de pobreza, según la Encovi 2021.
Caracas. El aviso de desalojo llegó de forma inesperada. Michael y Jennifer no tenían a dónde ir con sus cinco hijos. Vivieron alquilados por cinco años en la parroquia El Junquito del municipio Libertador, pero tuvieron que mudarse al otro lado de la Gran Caracas.
Michael habla en tono bajo al igual que su pareja. Él tiene 24 años de edad, es caraqueño y mecánico de motos. Ella, tiene 26, es andina y se dedica al cuidado de sus hijos.
Ambos son pareja desde hace ocho años. Sus hijos tienen siete, seis, cuatro, tres años y nueve meses de edad.
Esta familia forma parte del 83 % de los hogares jefaturados por hombres que viven en condiciones de pobreza en el estado Miranda. Y específicamente en el municipio Paz Castillo, en el eje de los Valles del Tuy, 88 % de los hogares están en las mismas condiciones, según indicadores sociales de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2021.
El derrumbe
Cuando la mudanza fue inminente. A través de la red social Facebook, Michael halló una vivienda en venta que se ajustó a su limitado presupuesto, en el sector Buena Vista, una comunidad del municipio Paz Castillo, en el estado Miranda.
Entre la casa y la mudanza pagaron alrededor de 3160 bolívares, lo equivalente a unos 400 dólares, al cambio oficial. Esa cifra corresponde a más de 24,3 sueldos mínimos en Venezuela (130 bolívares).
La casa que compraron era pequeña, con paredes de ladrillos y piso de cemento. Tenía una sola planta con cocina, sala, una habitación y un baño. La puerta era de madera sin cerradura, solo con un hueco por donde atravesaban una cadena con un candado.
Pero la familia solo pudo vivir allí dos semanas. Una noche, luego de un aguacero, la vivienda se derrumbó. La parte del cerro en la que estaba construida cedió sobre la estructura. “Mi esposa agarró al bebé y yo agarré a los demás niños y salimos corriendo”.
Lo único material que pudieron salvar fueron los tobos donde almacenan agua, recipientes que abundan en las casas de Paz Castillo debido a las constantes fallas del servicio de agua por tubería. Michael también logró salvar su moto.
Ramón Piñango, sociólogo y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), explicó que a pesar de que 77 % de la población venezolana vive en pobreza (Encovi) sorprende cómo muchos jóvenes no han perdido el “sentido de futuro” y tienen “una esperanza, aunque sea lejana”.
Michael es un excelente ejemplo de que solo haría falta una buena oportunidad de empleo para demostrar que ese muchacho puede volar, porque a pesar de todo lo que ha pasado su familia no se rinde”.
Según los indicadores sociales de la Encovi 2021, 99 % de los jóvenes (15-24 años de edad) viven en situación de pobreza. Mientras que en los adultos (25-64 años de edad) el índice es de 92 %.
La salvación
Desde el derrumbe, la familia vive en una casa prestada por unos vecinos. No tienen fecha de desalojo, pero saben que no pueden quedarse allí permanentemente.
Las condiciones de esta vivienda tampoco son las mejores. La humedad ha deteriorado las paredes, sobre todo las que dan hacia la montaña. No hay luz en la mayoría de la casa porque parte del cableado y los sócates están dañados.
Desde que se mudaron a Paz Castillo, Michael y Jennifer no han podido concretar que le entreguen la bolsa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de alimentos subsidiados gestionado por el gobierno de Nicolás Maduro, que llega cada mes, al menos en Buena Vista.
Mientras tanto, la familia recibe alimentos a través de donaciones o comen lo que Michael pueda comprar casi a diario, que se resume en arroz, huevo, plátano y a veces salchicha. No pueden costear parte de la canasta alimentaria, que en julio tuvo un costo de 392 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda).
“Luego del derrumbe nos comunicamos con la persona que se encarga de la distribución de las bolsas, pero su respuesta fue: pensé que ustedes se habían mudado”, comentó Michael.
Sin oportunidades de empleo
Michael, con su oficio de mecánico de motos, encuentra trabajos como freelance a través de Facebook y YouTube. Pero al mudarse al estado Miranda, al extremo este de la Gran Caracas, se le complica más pedirle a un cliente que lleve la moto hasta Paz Castillo.
El municipio Sucre, específicamente la parroquia Filas de Mariche, limítrofe con el municipio Paz Castillo, repitió por segundo año consecutivo como el segundo más violento del Área Metropolitana de Caracas, con 31 % de los asesinatos por robos documentados en 2021 por el Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística–.
“Nadie se mete para acá. Nada más con nombrar Filas de Mariche las personas desconfían, por eso ni siquiera digo que vivo en Paz Castillo, más allá de Filas de Mariche”.
Por eso cuando a Michael le preguntan dónde queda su taller da la dirección del taller donde trabaja uno de sus tíos, en la avenida Andrés Bello, municipio Libertador. Los dueños del local le dan permiso al joven para usar las instalaciones.
La Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 2021 reflejó que 37 % de los jóvenes venezolanos no estudia ni trabaja, situación que limitan a una parte de la población. Los investigadores determinaron que con esfuerzos algunos culminan el bachillerato.
Hace seis meses Marielvis Morales y Frank Soto decidieron formar un hogar propio. Ella tiene 18 años de edad y él 22. La forma que encontraron fue construir un “ranchito” sobre un pequeño cerro, en Paz Castillo.
Hasta agosto de este año Marielvis trabajó en una casa en el sector La Lagunita, en Filas de Mariche. Por limpiar le pagaban 15 dólares al día, hasta que le pidieron que no volviera más porque no tenían cómo seguir pagando. La excusa: “las subidas del dólar”.
“La situación para nosotros está fuerte. No nos ha salido trabajo. Dicen que nos van a llamar y nunca nos llaman”.
La Enjuve también reflejó que el desempleo en los jóvenes es superior al del resto de la población activa. Y cada vez es más frecuente que abandonen sus estudios.
El caso de Marielvis y Frank, el sociólogo Ramón Piñango explicó que a pesar de lo dramático que ocurre en Venezuela, sorprende como hay jóvenes que luchan para salir adelante.
“Incluso forman parejas y tienen el ímpetu de tener una vivienda propia, aunque sean cosas menos que básicas”.
La pobreza de Marielvis y Frank
La construcción de la casa de la pareja tardó un mes. Utilizaron tablas, láminas de zinc y troncos. El piso de la casa de Marielvis y Frank es la tierra del cerro. No tienen cocina, solo un espacio improvisado en donde hay algunos corotos y dos hornillas eléctricas.
Tampoco tienen nevera, la comida suelen guardarla en casa de vecinos o de la mamá de Frank. No disponen de lavadora (lavan a mano y en tobos) ni de baño propio.
Nosotros usamos el baño de la casa de una amiga o vamos a la casa de mi suegra, que tampoco tiene baño, pero se hace y, tú sabes, se bota para otra parte”, dijo Marielvis.
Sobre el tema de las viviendas construidas con recursos mínimos, el sociólogo Piñango aseguró que es importante una economía estable para que las personas en condiciones de pobreza extrema puedan mejorar sus condiciones de vida, con base en buenas oportunidades laborales y una educación primaria de calidad.
“En otras condiciones económicas, esas mismas viviendas precarias podrían tener mejores estructuras. En las zonas populares de Caracas hubo muchos ranchos que comenzaron siendo precarios y después se convirtieron en casas hechas de concreto, ladrillos y pisos de cerámica. Esas son personas que nunca perdieron el sentido de futuro”.
En 2021 la Encovi proyectó que 96 % de la población venezolana vive en pobreza extrema.
En la misma zona hay al menos 20 casas con la misma estructura: de zinc y madera. Los vecinos las construyeron hace 10 años aproximadamente.
La mayoría no tienen baños ni tuberías de aguas servidas. Los baños son estructuras improvisadas, al igual que las casas y quedan en la parte externa.
Los desechos humanos esparcidos por la montaña generan malos olores en la zona, donde habitan al menos 30 familias, la mayoría con niños y niñas.
Evitar los hijos
Marielvis y Frank son una familia que comienza su camino. No quieren tener hijos, aunque comprar mensualmente un paquete de pastillas anticonceptivas no está a su alcance, al menos por el momento, porque no cuentan con empleos fijos.
En una cadena de farmacias privada, una de las opciones anticonceptivas para mujer es un empaque de 21 comprimidos de pastillas que cuesta 53,70 bolívares (aproximadamente siete dólares). Mientras que un empaque de preservativos de tres unidades cuesta 14,20 bolívares (al menos dos dólares).
Precisamente en la parroquia Filas de Mariche, que limita con el municipio Paz Castillo, seis de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes requieren métodos anticonceptivos. Esta investigación la llevó a cabo la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) con 100 niñas, adolescentes y mujeres de esta localidad (de 9 a 45 años de edad) entre marzo y julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19.
El estudio también reveló que cuatro de cada 10 mujeres de esa parroquia no tienen hijos y tampoco desean tenerlos.
Avesa aseguró que la posibilidad de accedo a métodos de anticoncepción mínimos constituye no solo un estado óptimo de salud sexual y reproductiva, sino un derecho humano.
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