En 14 meses, con cuarentena incluida, las dimisiones del personal de salud en la región han ido “in crescendo”, mientras que los casos de COVID-19 muestran un repunte, el cual ha sido admitido por el gobierno nacional. Bernardo Guerra, director general de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, advirtió que remplazar al personal saliente no es tarea fácil en medio de la crisis humanitaria que sacude al país.
La Guaira. Luego de conocerse la renuncia de más de 60 médicos y enfermeras en los primeros dos meses del año 2021, las alarmas se han activado en el Litoral Central, donde el repunte del coronavirus (COVID-19) sitúa a la entidad federal como la quinta con más contagios en todo el país.
Aun así, el mutismo caracteriza a los directivos de los hospitales más importantes de la región: el Periférico de Pariata en Maiquetía, la Sanidad y el José María Vargas (adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) en La Guaira, todos declarados centros “centinelas” para la atención de pacientes con el virus.
La opacidad de las autoridades del Ministerio de la Salud y la Gobernación de La Guaira impide el acceso a la información oficial de los cargos vacantes y los respectivos concursos, a fin de cubrir la cuota de los profesionales para atender a los pacientes de COVID-19.
No hay manera de tener precisados esos números, porque no los entregan al Colegio Médico ni a la federación. Pero, aproximadamente, después de las renuncias, no solo las recientes sino las de todo el año pasado, el déficit debe andar en 150 médicos para hospitales y ambulatorios de Vargas”, aseguró Bernardo Guerra, director general de la ONG Médicos Unidos de Venezuela.
La referida organización calcula que, a principios de este año, en centros de salud regionales laboraban 750 galenos, entre especialistas, rurales y residentes. De ellos, unos 450 engrosan la nómina del Periférico de Pariata y del Vargas. El resto se distribuye en otros hospitales, como la Sanidad en La Guaira, el Naval de Catia La Mar, el de Emergencias de Naiguatá y el Eudoro González de Carayaca, además de los ambulatorios parroquiales que dependen de la gobernación y la Alcaldía del municipio Vargas (solo el de Macuto).
Sustituir a ese personal calificado y con experiencia no es nada fácil y, por supuesto, todo se dificulta cuando las autoridades insisten en ocultar la información y no publicar los boletines epidemiológicos y los anuarios de mortalidad desde el año 2012”, agregó Guerra, también delegado local de la Federación Médica Venezolana (FMV).
El caso de las enfermeras no ha sido distinto. La presidenta del gremio en el Litoral Central, Maryuri Díaz, confirmó la partida de sus colegas debido a salarios inferiores a los tres dólares mensuales.
De las 1600 enfermeras registradas en el colegio regional, Díaz aclaró que no todas están activas. A su juicio, las últimas renuncias pudieran llevar el déficit hasta 20 % de la mencionada cifra. “Es muy triste que un profesional de la enfermería en Vargas cobre en una quincena 1.600.000 bolívares, y estamos hablando de alguien con una licenciatura, no un técnico superior”, afirmó Díaz.
Desguarnecidos ante la COVID-19
Si tomamos como referencia que el Litoral Central alberga a 750.000 habitantes, la sumatoria de médicos y enfermeras (de acuerdo con la data de sus colegios profesionales) no estaría distante de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud: 23 de estos profesionales por cada 10.000 pobladores.
No obstante, hay circunstancias agravantes, que determinan que la merma no solo afecte la atención sanitaria de la gente, sino también la cruzada preventiva y curativa de la COVID-19.
En el Periférico no hay medicamentos suficientes ni equipamiento de bioseguridad para atender a quienes sufren de COVID-19. Tampoco hay especialistas ni cómo curar heridos de accidentes de la autopista Caracas-La Guaira”, advirtió Franklyn Rodríguez, médico de planta del hospital ubicado en Maiquetía.
Frente a la problemática, la respuesta de las autoridades ha sido el ingreso discrecional, y sin un chequeo mínimo de credenciales, de médicos integrales comunitarios, cuya formación ha sido cuestionada por la FMV. También se desconocen los aspectos legales de su contratación.
“Es una anarquía, no hay ningún control en lo que hacen y, por supuesto, así no se garantiza el derecho constitucional a la salud”, aseveró Guerra.
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