Maduro busca vías para despojar a funcionarios desestabilizadores de su inmunidad

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El mandatario solicitó la elaboración de un decreto, el cual presentará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para suprimir el privilegio del antejuicio de mérito para gobernadores y diputados.

Caracas. El Gobierno profundiza su arremetida contra la oposición y ahora busca vías para encarcelar a gobernadores —sobre todo a sus diputados—, sin importar que ellos gocen de inmunidad y del privilegio del antejuicio de mérito.

“En el marco del Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción me preparan un decreto constitucional, para consultar a la Sala Constitucional para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, empezando por los parlamentarios en Venezuela, si fuere necesario para defender la paz y combatir el golpismo y la violencia política”, afirmó el mandatario durante el discurso que pronunció, en cadena de radio y televisión, la noche de este miércoles desde el Palacio de Miraflores.

Maduro justificó la propuesta afirmando que “la inmunidad parlamentaria no es para violar la Constitución, para cometer crímenes o para llamar a una intervención extranjera. Es para sus funciones como parlamentarios, no es para mover dinero, para pagar criminales, para irse a Washington a pedir la intervención del imperialismo contra Venezuela”.

El Jefe de Estado aseveró que el consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, y el procurador encargado, Reinaldo Muñoz, serán los encargados de presentar este documento.

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Minutos antes de hacer este anuncio, el Presidente reveló que constituyó una comisión de juristas a los que les pidió armar una demanda que presentará nacional e internacionalmente contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Henry Ramos Allup, por su discurso, el cual calificó de “xenófobo” e “incitador a la violencia”.

El artículo 200 de la Constitución establece que los parlamentarios de la AN gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde la proclamación hasta la conclusión o renuncia de su mandato y añade que “de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Asimismo, la ley dispone que: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.

Por su parte, el artículo 266 establece que los gobernadores, junto con el Presidente de la República; el Vicepresidente; los ministros; el Fiscal General; el Contralor; el Defensor y los generales y almirantes son de los altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito, es decir, que solamente el TSJ puede sentarlos en el banquillo de los acusados.

Foto: AVN


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