Maduro pretende incluir en Constitución régimen político y electoral de Cuba (III)

El Gobierno alteró cifras de consultas y trata de imponer normas que violan la Constitución. Los constituyentes de 1999, Ernesto Alvarenga y Froilán Barrios, no dudan de que Maduro recibió órdenes de Raúl Castro para cambiar la Carta Magna y denuncian que ya existe un proyecto constitucional avalado y redactado en La Habana.

Caracas. 22 de mayo: Comisión Presidencial Constituyente (CPC) presenta un balance de 20 días de trabajo. 600.000 personas consultadas y debaten la idea de Nicolás Maduro; 3500 se reunieron con la instancia de Miraflores, 236 concejos municipales, 22 consejos legislativos, dijo el presidente de la CPC, Elías Jaua.

24 de mayo: el constituyente de 1999, Isaías Rodríguez, desmiente a Jaua y señala que en Miraflores recibieron a 3000 personas y que, en todo el país, lograron hablar con otras 45.000, en diversos sitios y modalidades.

La cifra es importante porque el Gobierno pretende darle legitimidad a la idea de Maduro de cambiar la Constitución de 1999 con la tesis de que ha calado en la opinión pública.

El empeño de reunirse —y tomarse una foto— con la Conferencia Episcopal Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) apuntaban en ese objetivo, pero los obispos no cayeron en la maniobra y los convocaron a su sede en Montalbán, donde le advirtieron que la ANCP era inconstitucional, innecesaria y que, lejos de solucionar la crisis increparía los ánimos.

Maduro ignora la advertencia y, en cadena de radio y televisión, agradece a la CEV por haber recibido a sus emisarios. Desde entonces, sostiene que solo dos instancias, la MUD y Fedecámaras, se oponen a la ANCP, sin recordar las mediciones de Datincorp y More Consulting.

El libreto de Miraflores sigue su curso, pues la orden es “¡la Constituyente va!”, sin importar las críticas, los señalamientos de que se viola la Constitución, y que no mejorará las condiciones de vida del venezolano.

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La Constituyente Presidencial se perfila como una trampa montada desde Cuba, según los constituyentes Ernesto Alvarenga y Froilán Barrios.

En la I y II entregas de la serie de Crónica.Uno se comprobó que la iniciativa de Maduro tiene el sello Made in Cuba, y en esta III parte cómo se pretende “constitucionalizar” el sistema político y electoral cubanos.

“Detrás de esta maniobra está el comandante Raúl Castro que envió un hombre de su confianza a Caracas”, reveló Alvarenga, quien integra el grupo “Resteados con la Constitución de 1999”, formado por 25 redactores de la Carta Magna, que se opone a un Constituyente en los términos propuestos por Maduro, por presentar “tres fallas” que la hacen espuria.

Al evaluar las bases comiciales, Barrios se percató de irregularidades y de las trampas que confeccionó Maduro, con asesoría cubana, por lo que, junto con el Movimiento Laborista, promoverá un boicot a esta iniciativa e insta a la ciudadanía a seguir las protestas en las calles. “Esa nueva Constitución ya está redactada”, advirtió el secretario general del Movimiento Laborista antes de entrar a precisar cuáles son las incoherencias de las bases comiciales y que despojarán a estados con más cantidad de población y electores tener menos representantes ante la ANCP.

“El régimen madurista con la presentación de estas absurdas bases comiciales, comete un suicidio político y al mismo tiempo somete al país al riesgo criminal de una confrontación entre venezolanos. Al subestimar la paciencia que ya ha tornado en ira en las manifestaciones y protestas que suman el lamentable balance de las 6 decenas de asesinatos por el capricho de imponer su Estado Comunal. Una constituyente comunal le dará potestad para disolver todas las instituciones públicas, no realizar las elecciones a gobernadores e instalar definitivamente su proyecto fracasado y rechazado por la gran mayoría del pueblo”, alertó.

Tres violaciones, un objetivo: El control de la ANCP

El constituyente Froilán Barrios encontró las siguientes irregularidades o violación de la Constitución en el decreto de las bases comiciales:

I violación

  • Elimina el derecho al voto universal. Un ciudadano, un voto. El voto de un ciudadano de Acarigua en Portuguesa, vale igual a un voto de un parroquiano de los Palos Grandes. Las bases comiciales establecen que de los 540 constituyentes, 364 serán representantes territoriales definidos a partir de 1 representante por cada uno de los 335 municipios, con la salvedad que los municipios capitales eligen 2. Este criterio quiebra totalmente la condición del voto universal.

¿Cómo queda la representación por entidad?

El Distrito Capital tiene una población electoral de 1.638.451 electores, elige 7 diputados, pero otras entidades con menos habitantes obtienen más cargos en la ANC: Amazonas, con un padrón de 102.448 personas, elige 8 diputados; Delta Amacuro, con un padrón de 116.972 elige 5 diputados; Cojedes, con un padrón de 236.614 electores, elige 10. A pesar de tener el mayor número de electores del país, 2.404.004, elige 21.

En el ámbito municipal, la situación se repite. En Anzoátegui, los municipios San Juan de Capistrano (Boca de Uchire) con un padrón de 7092 electores, y Juan A. Sotillo (Pto. la Cruz) con 172.059 electores eligen, cada uno, 1 diputado; mientras que el municipio Bolívar (Barcelona) con 280.073 electores elige 2 diputados por ser cabeza de municipio. Es el más dantesco fraude al voto proporcional que se pueda haber cometido en el continente.

La Constituyente de 1999 estableció la universalidad del voto, al asignarse a cada estado un número de diputados en base al padrón electoral, procedimiento que se aplica actualmente en la elección de la Asamblea Nacional (y de los consejos legislativos, concejos municipales), que derrotó al régimen en las pasadas elecciones de diciembre de 2015. Es precisamente a lo que le tiene terror el madurismo gobernante.

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Es evidente la intención de controlar la votación por municipio, ya que en la geografía nacional el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene un control mayoritario de las 335 alcaldías. Por ejemplo, Falcón, con 25 alcaldías y un padrón de electores de 663.287 votantes; Táchira con 29 alcaldías y un padrón de 828.960 electores y Mérida que tiene 23 alcaldías y un padrón de 596.211 electores. Estas son las entidades federales que tendrán más diputados, aun cuando tienen menos población de electores.

Las dictaduras le tienen miedo a la consulta universal del electorado. Marcos Pérez Jiménez en 1952 convocó a una constituyente a su manera, proscribiendo a los partidos que le dio la gana, en aquel caso, el PCV y AD. Solo permitió la participación de URD y Copei, y creyó que el FEI gubernamental saldría triunfador. Pues bien le salió el tiro por la culata, ante el voto masivo antidictadura por los candidatos de Jóvito Villalba.

II violación:

El otro criterio fraudulento en las bases comiciales es el voto obligatorio. El artículo 63 de la CRBV, establece: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. Sin embargo, el control de los diputados territoriales violenta la universalidad y pretende reprimir y obligar a la votación del ciudadano so pena de imponerle sanciones a quien no lo haga.

III violación:

La postulación y elección sectorial de 176 constituyentes en representación de los siguientes niveles: trabajadores y campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad; indígenas: 8 representantes escogidos según sus prácticas y costumbres ancestrales; pensionados; empresarios, y comunas.

Además de la perdida de la proporcionalidad del voto territorial, se impone la preeminencia de una serie de sectores sobre el resto de electores que votan en las regiones, a partir del control del listado establecido por instituciones oficiales. Por ejemplo, en los trabajadores y campesinos, quien provee el listado de votantes es la oficialista Central Socialista Bolivariana de Trabajadores o la CTV; en el caso de los estudiantes, la Federación Bolivariana de Estudiantes o las FCU de las universidades nacionales; por las Comunas y Consejos Comunales organismos controlados directamente por el Poder Popular; los Pensionados con el IVSS; y por los empresarios, Fedecámaras o el Ministerio de Industrias.

Es evidente el rasgo corporativo emparentado con los sistemas corporativos fascistas de Primo de Rivera, Francisco Franco y Benito Mussolini, cuyo contenido en el caso de España estableció un pseudo parlamento, donde la facultad legislativa la mantenía el dictador con una composición de diputados, provenientes de los sindicatos verticales, de las comunidades, los empresarios, de las mujeres casadas, reunidos en las cortes franquistas (1942). En Italia, el Consejo Nacional de Corporaciones sustituyó al parlamento (1927), donde no se representaba a los partidos, sino a los gremios empresariales, sindicatos y a las organizaciones comunales.

Foto: AVN


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