“Estamos cansados de hacer peticiones. En el último año hemos enviado 79 comunicaciones a organismos del Estado. No hemos recibido ni una letra de respuesta”, fueron palabras de Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Caracas. Jubilados y pensionados de la administración pública, maestros y personal de salud marcharon este viernes 10 de diciembre por el centro de Caracas para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela por parte del Estado. La fecha pautada para esta actividad pacífica fue con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.
Hace 73 años se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos durante una sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Este documento estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales en el mundo, entre los que destacan los derechos de pensamiento, conciencia y libertades políticas, y también los derechos económicos, sociales y culturales.
Ofelia Rivera, educadora con más de 30 años de servicio y miembro del Movimiento Pedagogía por Venezuela, acudió a la protesta al considerar que muchos de estos derechos han sido violentados durante los años en que Nicolás Maduro ha estado al frente del Gobierno Nacional. Ella misma narra que ha sido víctima de la falta de acceso a la salud pública en Venezuela.
“Soy educadora jubilada del Ministerio de Educación y, por no tener garantizado un seguro HCM, tuve que costear una operación por un absceso de cuello profundo. A pesar de haber sido atendida en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, en donde me costó mucho que me atendieran por un diagnóstico que fácilmente se puede atender en cinco días”. comentó Rivera.
Con la jubilación y pensión, Rivera apenas llega a 10 dólares mensuales, lo que en bolívares serían actualmente 47,8 bolívares, mientras que el medicamento que Rivera debe tomar diariamente para la oxigenación cerebral, recetado por su médico, cuesta casi 30 bolívares, según comentó.
Flor Pérez, enfermera del J. M. de los Ríos, acudió en defensa de sus derechos y los de sus pacientes. “Esta institución prácticamente se está cayendo. Aunque esté adornada por motivo de la Navidad. Es triste verlo ¿Cómo pueden celebrar? No tenemos medicamentos, insumos y cuando tenemos que pasar noches solas para atender a todos los pacientes”.
El Presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada, expresó que desde el sector están cansados de hacer peticiones al gobierno con respeto a la mejora de los salarios y de los otros beneficios laborales ya que ninguna ha sido atendida.
“Estamos cansados de hacer peticiones. En el último año hemos enviado 79 comunicaciones a organismos del Estado. No hemos recibido ni una letra de respuesta”, fueron palabras de Lozada al finalizar la marcha en la plaza Candelaria. Todo el recorrido, desde la Plaza Morelos hasta allí estuvo custodiado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Venezuela y los crímenes de lesa humanidad
Recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, realizó una visita a Venezuela en la que se reunió con Maduro para firmar un Memorando de Entendimiento que daba fin a la fase de examen preliminar e iniciaba una nueva fase de investigación formal para determinar si en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos”, fueron las palabras de Maduro sobre el tema.
El examen preliminar a Venezuela fue iniciado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en 2018, luego de las protestas antigubernamentales del año 2017, en las cuales hubo 157 fallecidos, entre el 1° de abril y el 9 de julio de 2017, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
En Lara exigen verdad, justicia y reparación
Bajo el lema: “En el inicio de la fase de investigación de la Corte Penal Internacional exigimos Justicia. Es la hora de las víctimas”, diversos sectores sociales acompañaron a la Red de Derechos Humanos del estado Lara a la Fiscalía Superior. Uno de los objetivos fue entregar un documento en el que exigen a los responsables del Circuito Judicial del estado Lara, se aboquen a la reactivación de los casos de las personas ejecutadas en 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales.
“Dejan en evidencia la relación que existe entre la gran corrupción y la denegación de justicia en el país. Eso es parte de lo que nosotros venimos hoy a denunciar en la Fiscalía Superior del estado Lara porque lo que ha ocurrido con los 21 jóvenes que fueron ajusticiados en Lara en 2015, 2017 y 2019 no es otra cosa que una forma más de corrupción que estamos viendo en el país cuando no hay justicia y cuando los familiares no tienen forma de saber dónde están los expedientes de sus familiares, pues se les niega la información, se les niega ser y saber dónde están las actuaciones y cuál es el estatus de las mismas” señaló Yonaide Sánchez, directora de Transparencia Venezuela, capítulo Lara.
Indicó además que hay denuncias de lo que se llaman “expedientes rebanados”, es decir, explicó Sánchez, expedientes de los cuales han desaparecido documentos importantes para la causa que se está juzgando en un momento dado y con esto no solamente se estaría violando el derecho a acceder a información pública, sino que se están viendo “los efectos devastadores en el sistema de justicia en Venezuela”.
Parte del comunicado entregado señala: que entre abril y agosto de 2017, fueron ejecutadas en diversas manifestaciones públicas, 21 personas desarmadas que ejercían su derecho a la manifestación. “Nuestra entidad constituyó la tercera entidad del país en la cual se produjo mayor número de muertes, heridos, detenidos arbitrariamente y torturados. De este amplio conjunto de gravísimos hechos hasta el presente solamente han sido imputados como responsables por las fiscalías del Ministerio Público, algunos funcionarios de la GNB en apenas tres casos. De los cuales solo recientemente (19.11.2021) después de 4 años transcurridos de los hechos, se ejecutó la orden de aprehensión de 12 GNB que participaron en las torturas, denegación de atención médica y ejecución del joven Gruseny Canelón.
Con información de Yelitza Figueroa
Participa en la conversación