La adolescente recluida en la Entidad de Atención Dr. José Gregorio Hernández, solo ve la luz del día los días en que su mamá va de visita. A un mes de su detención, que ocurrió el pasado 29 de julio durante las protestas poselectorales, Wuiskelly Hernández, de 17 años, solo ha podido ver a su madre tres veces.
Caracas. Durante sus años de crianza, Kelly Hernández le inculcó a su hija principios que la alejaran de estar con las “personas equivocadas” y de tomar decisiones que la llevaran “al mal camino”.
Mientras la observa acompañada de un guardia custodio y otras tres madres, que también van a visitar a sus hijas, en la Entidad de Atención Dr. José Gregorio Hernández, de Antímano, le recuerda los consejos dados, pero Wuiskelly Hernández, de 17 años, la interrumpe y le dice: “Mamá, yo no hice nada malo. Yo quisiera ver al presidente y decirle: Yo no te hice nada. Yo no soy una terrorista”.
La madre contiene las lágrimas. Sabe que no puede dejarlas salir porque debe “darle fuerzas” a su hija y le responde que, en efecto, ella no ha hecho nada malo.
Sabe que Wuiskelly, quien fue detenida desde el lunes, 29 de julio, lo único hacía era ejercer su derecho a manifestar de forma pacífica.
La adolescente tenía muchas motivaciones para salir a las calles. Quería un cambio y vivir en un mejor país que, a su edad, le diera oportunidades de crecimiento. Pero, contrario a eso, hasta ahora lo único que había logrado por la crisis y falta de recursos era dejar sus estudios para trabajar y poder ayudar a su mamá, con quien vivía.
“Ella decía que le daba mucha rabia ver el esfuerzo que yo hacía y que con todo y eso nos priváramos de tantas cosas. Solo somos nosotras dos y ella me quería ayudar”, expresa.
Wuiskelly planeaba hacer un curso de barbería que iniciaba en septiembre. Su meta era montar un negocio propio que le brindara oportunidades a ella y a su mamá. Después retomaría sus estudios, como había prometido en su casa.
Hasta el lunes, 26 de agosto, la ONG Foro Penal contabilizó un total de 1780 detenidos, de los cuales 114 son adolescentes.
Desconfiar de la defensa
Kelly no confía en la defensa pública, cuya respuesta es que la adolescente debe llegar a un acuerdo conciliatorio en el que debe admitir los cargos y recibir una condena.
“El abogado me dice que debo probar que ella estuvo en una manifestación y yo le respondo que el fiscal debe probar que mi hija es una terrorista”, insiste.
Para ella el mayor abogado es Dios y confía que el día de la audiencia él la defenderá. Mientras tanto, intenta reunir documentos que la ayuden, aunque no se los han recibido.
El artículo 571 que corresponde a las disposiciones establecidas en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, dentro de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) dice que, luego de la audiencia, que en el caso de Wuiskelly Hernández, fue el 31 de julio, vía telemática, el juez o jueza de control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación.
Estas pruebas deben examinarse en un plazo promedio de cinco días. Luego, se fijará la audiencia preliminar a realizarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento de este plazo.
Lo que tomaría un máximo de 15 días, para la adolescente se han convertido en 23 días en total.
“Nos dijeron que debíamos esperar y estar pendientes porque los tribunales están de vacaciones”, indica.
Puro encierro
Desde su llegada al centro de detención para adolescentes, Wuiskelly Hernández casi no ve la luz del día. Al preguntar las razones, los guardias les afirman que, como no han sido “condenadas”, prefieren no sacarlas para evitar mezclarlas con la población común.
“Al principio sí la sacaban a la cancha para que caminaran, o hacían alguna actividad”, dice su madre. Pero, desde hace aproximadamente 12 días los únicos momentos en los que sale de la celda que comparte junto a otras compañeras que fueron detenidas en los operativos poselectorales, es cuando su mamá la visita.
Tampoco le dan sus comidas a horas fijas. Los días de visita, o cuando van autoridades con mayor rango es que son más constantes en las horas y calidad de alimentación.
Papelón con limón
Los días de visita, Kelly despierta a las 4:00 a. m. para preparar la comida que le lleva a su hija. Para ella no implica un esfuerzo cocinar los alimentos cuya mezcla de ingredientes tengan sabor a hogar y cariño.
De esa manera, se asegura de que los martes y viernes, cuando puede verla, coma bien y tenga agua limpia.
“Al agua allí le dicen papelón con limón, por el color en el que viene. Yo le compro un botellón de cinco litros cuando me toca venir”, afirma.
El recorrido desde su residencia, en el este de la ciudad, hasta Antímano, cuya distancia aproximada es de 22 kilómetros, no implica un sacrificio por la emoción de compartir durante tres horas con su hija. Sin embargo, su economía se ha visto golpeada porque asistir implica un gasto aproximado de 13 dólares por semana.
“Yo no me tomo ni un café, ni nada porque sería gastar más. Hoy le tuve que traer unas pastillas porque parece que por el hacinamiento en Zona 7, agarró una infección”, sostiene. Por eso alquilará su casa con el propósito de obtener mayores ingresos.
La detención
Wuiskelly Hernández salió con un grupo de vecinos de Petare a manifestar el lunes, 29 de julio, en contra de los resultados parciales y no auditados con los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro.
Al principio, pensó que solo sería algo en su misma zona de residencia. Sin embargo, contrario a lo que creía, Petare fue una de las parroquias protagonistas del descontento popular en Caracas, debido a la masiva cantidad de personas que bajaron desde las distintos sectores de la barriada para mostrar su rechazo a lo que calificaron de fraude.
“Su hermana le dijo que se cambiara porque ella andaba en cholas, pero como pensó que sería por ahí mismo, se fue así”, cuenta su madre.
Sin darse cuenta, contagiada por la multitud que caminaba a lo largo de la avenida Francisco de Miranda, llegó hasta Chacaíto, en donde un grupo de guardias esperaban.
Al llegar, cuerpos de seguridad arremetieron contra la multitud, en la que estaban adolescentes que buscaron resguardarse.
“Ellos (los guardias) les dijeron que se quedaran con ellos para resguardarlos, pero en realidad todo era para detenerlos. En ese momento, como mi hija todavía tenía su teléfono, me avisó y me dijo que la tenían en Chacaíto”, recuerda Kelly.
Al llegar, los funcionarios, que tenían a los detenidos en una fila, pegados a una pared, insistieron en que la adolescente no estaba allí y le dijo que los que estaban serían llevados a otro lugar.
“Yo le pregunté a un guardia de mayor rango que me contestó que harían un procedimiento, a lo que yo le respondí que mi hija era menor de edad y que si se iba a hacer algo yo tenía que saber a dónde se la llevarían porque era su mamá, por lo que les dije que si algo le pasaba, ellos serían responsables”, rememora.
Jugar con la preocupación
A las 6:00 p. m., un autobús grande llegó para llevarse a varios detenidos, entre los que estaba Wuiskelly. Los funcionarios se negaron a dar información sobre el sitio de traslado, pese a resaltar que se trataba de adolescentes.
La madre de Wuiskelly, quien había ido en compañía de un familiar que tenía un vehículo, se dispuso a perseguir al autobús que llegó hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Paraíso. Desde las 7:00 p. m., cuando llegó, los funcionarios le negaron que Uiskelly estuviera allí.
“A la 1:00 a. m. sacaron el autobús. Los que estaban dentro empezaron a gritar y a decir que los iban a trasladar a Mariperez. Los familiares íbamos a perseguir el autobús, pero los guardias no nos dejaron y trancaron la vía hasta que el autobús se desapareció”.
Al llegar a Mariperez, los funcionarios dijeron que hasta allí no llegó ningún transporte con detenidos.
Sin pensar en la soledad de la calle, la desesperación y las ganas de saber en dónde estaba su hija mantuvieron a Kelly Hernández en las afueras de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Mariperez, a donde fueron llevados varios detenidos durante las manifestaciones y operativos poselectorales en varias zonas del este y oeste de la capital.
“Ahí amanecí porque mi corazón de madre sentía que ella estaba ahí. Yo le hablaba a Dios y le decía: Dios mío, ayúdame a saber a dónde está mi hija. Necesito saber a dónde la llevaron. Cuídala y protégela en donde la lleves”, expresó.
En la mañana del martes, 30 de julio, Hernández abordó a un policía que le indicó que su hija sí estaba allí y que sería llevada a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
Una vulneración tras otra
El miércoles, 31 de julio, Wuiskelly Hernández tuvo la audiencia telemática. Su madre nunca fue notificada, ni se le permitió participar en el proceso, contrario a lo que dice el artículo 541 de la Lopnna, en las disposiciones del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.
Durante los nueve días que la adolescente estuvo en Zona 7, compartió celda con hombres, mujeres y otros menores de edad. Nunca fue separada de los adultos, como lo obliga el artículo 549 de la Lopnna, ni se le permitió ver a su madre durante su tiempo en el centro de detención.
Kelly Hernández, madre de Wuiskelly, estuvo 22 días sin ver a su hija, pues al ser llevada a la Entidad de Atención Dr. José Gregorio Hernández, ubicada en Antímano, en donde están recluidas adolescentes en conflicto con la ley, del sexo femenino, la adolescente paso 10 días en aislamiento, lo cual podría considerarse como inconstitucional porque dicha medida no está establecida en ningún artículo.
#29Agos Wuiskelly Hernández, una de las adolescentes detenidas desde el #29Jul, durante una protesta en contra de los resultados de las elecciones, fue excarcelada este 29 de agosto. “Tenemos una mezcla enorme de emociones”, dice Kelly Hernández, madre de la adolescente de 17…
— Crónica.Uno (@CronicaUno) August 29, 2024
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