Las víctimas del incumplimiento del derecho a la salud y a la alimentación tenían la esperanza de que se conociera de primera fuente el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes ante la falta de medicamentos, tratamientos y de intervenciones quirúrgicas.

Caracas. Las mamás y los papás de los pacientes del J. M. Los Ríos tenían puestas las esperanzas en la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que pretendía ingresar al país para tener reuniones con las víctimas y visitar ese centro de salud, primero en su especialidad en todo el país. Desvanecidas las expectativas, salieron, por tercera vez en lo que va de año, a protestar en las puertas del hospital. Imploraron al Estado venezolano que no deje morir un niño más. 

Con gritos ahogados, madres y padres de pacientes de los servicios de Hematología, Nefrología, Urología, Neurocirugía y de la Emergencia, exigían medicamentos e insumos para  que se reactiven Laboratorio y Rayos X, dos de los servicios más precarios en ese puesto de salud.

Médicos como José Garibaldi, de Medicina III, y Vietnam Vera, intensivista, los acompañaban en sus coros de lamento. También Cecodap y Prepara Familia, organizaciones no gubernamentales que ante la CIDH llevaron sendos informes para denunciar la violación flagrante al derecho de la salud.

No hay agua, no hay Rayos X, no hay Laboratorio, no hay consultas en algunos servicios como Cardiología, no hay operaciones electivas.

“Eso es lo que tenemos en este hospital, puras deficiencias. Y la directiva no da respuesta, hay mucha indolencia. En mi servicio, aun teniendo capacidad para 27 pacientes, solo puedo recibir cinco, por ejemplo. Llegan niños de todos lados y los tenemos que tener en Triaje porque no hay salas aptas de hospitalización”, repetía Garibaldi, médico que siempre acompaña las luchas de las madres y también del sector Salud cuando ha reclamado reivindicaciones salariales.

Vera, quien sostenía un letrero que exhibía las demandas de reactivos, quirófanos y agua, dijo que ni siquiera pueden decir que se van a paro o que van a cerrar el hospital, “pues nada de eso tiene sentido ya. La situación es muy crítica. Ni el Ministerio de Salud ni la directiva da respuesta. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de reclamar y de exigir”.

Ellos como garantes de la vida y de la prestación del derecho a la salud no dejaron a un lado a las mamás, aunque están conscientes de que sus manos solo tienen un porcentaje muy pequeño de la solución.

El gran peso lo tienen los administradores, a los que el pasado 14 de enero la Sociedad de Médicos del hospital solicitó una reunión para hablar de las eficiencias y de la gravedad de los pacientes por la falta de insumos.

Ese encuentro debe realizarse el jueves en horas de la tarde.

“Nosotros esperamos que nos muestren un plan con acciones y fechas de cumplimiento”, dijo Garibaldi.

Mientras corren las horas, en el J. M. de Los Ríos, el ascensor que lleva hasta quirófano no está funcionado debido a que le hurtaron la tarjeta lógica.

Desde que Ana Espinoza está hospitalizada con su hijo de 14 años, hace un mes y una semana, el elevador no ha funcionado y por eso no han operado al niño que tiene un problema en la vejiga que le está obstruyendo la vía urinaria.

Tiene que subir y bajar dos pisos, pero en el estado del paciente es imposible ese traslado.

La cuestión es que vinimos por una operación y se contaminó con una bacteria. En el hospital casi nunca hay agua. La comida es pésima, siempre caraotas con arroz, y todo lo que tiene que ver con las medicinas, principalmente los antibióticos, los que son para parar las hemorragias y los dolores cuando salen del pabellón, y los exámenes corren por cuenta nuestra”.

 Josmary Montes de Oca, madre del mismo servicio, contó que el apoyo que están recibiendo es el de las fundaciones. “A veces el hospital no las quiere recibir. Hablamos con ellos y nos prometen que van a solucionar. Nos dicen que no tranquemos la calle, pero es una jugadera porque todo sigue igual”.

Las mamás pasan día y noche en la sala de hospitalización de Urología. No les dan comida, beneficio que les quitaron a mediados de  2018. Se quedan en los muebles, pues tampoco tienen albergues para la estadía de los familiares de pacientes del interior.

El agua la cargan a diario, llevan los tobos y todos los envases que pueden para limpiar los baños. También hay personas de voluntariado que colaboran con ellas y les llevan botellas.

Mirna Gutiérrez también gritaba: por el derecho a la salud. Mientras su hijo con un globo color naranja se mezclaba entre los médicos. Sufre de desnutrición y en el hospital no puede hacer el examen de hematología. Tampoco le dan los medicamentos para su otro hijo que es epiléptico.

Lo mismo se repite en Hematología y Nefrología, cuyas madres, un poco más de 80, crearon el mes pasado un comité para proteger a sus hijos y hacer frente a la crisis interna del hospital.

Gracias a sus acciones, les están reparando parte del servicio de Hematología, pero siguen sin sangre para transfundir a los pacientes, y sin frotis, un examen de rutina, que consiste en fijar una muestra de una gota de sangre o cultivo sobre un portaobjeto y se analiza con un microscopio para separar lo más posible los microorganismos.

La protesta, que contó con las consignas de exigencia de la organización Dale Letra, no fue atendida por las autoridades hospitalarias. Más bien, personal de seguridad, tomaba tras las rejas, fotos de quienes declaraban a los medios.

No más de hora y media estuvieron en las puertas del hospital visibilizando su tragedia. Tragedia que querían que la CIDH conociera directamente.

Esta comisión también tenía en agenda la vista a la Maternidad Concepción Palacios, donde el día 2 de febrero se desplomó una de las puertas del pabellón, además tiene los baños dañados y desde el día 3 se suspendieron las cirugía electivas por falta de hemoderivados.  


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