Manuel Sánchez encontró irregularidades en el Mercal de Tocuyito (Carabobo) en 2004 y las denunció. Desde entonces empezó a vivir una película de terror: perdió su empleo, familia y casa. Aún tiene esperanza de la justicia investigue sus denuncias sobre corrupción.

Caracas. Manuel Sánchez vive una película de terror desde hace 17 años. Sus denuncias sobre la presunta corrupción en Mercal y el reclamo al Metro de Caracas por el pago de las expropiaciones a 22 comunidades de la carretera vieja Caracas-Los Teques, no han sido investigadas. Al contrario, los expedientes desaparecieron de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

Como dice Manuel, su “película de horror” comenzó en el 2004, cuando fue trasladado al Centro de Acopio de Mercal de Tocuyito, en el estado Carabobo, en sus funciones como trabajador esta red de abastecimiento. Ahí se dio cuenta de que en ese galpón “reinaba la corrupción y la desconfianza de sus compañeros que lo miraban como un espía enviado desde Caracas para indagar hechos delictivos”. Aunque no era así, allí presenció irregularidades, como el desvío de gandolas de comida hacia Colombia.

Por eso denunció  los delitos ante organismos públicos. Detalló las fallas, quiénes las cometieron y cuáles eran las correcciones que debían hacerse.

En 2006 irrumpieron tres veces en su casa y amenazaron de muerte a su hijo. La familia huyó: su hijo a Caracas; su pareja, a Tocuyito, mientras Manuel vivía 17 meses en la calle dentro de un carro: un Malibú que compró a crédito. Durante esa época trabajó como taxista para sobrevivir.

El Guanaba
Foto: Cristian Hernández

Pese a todo, Manuel encabezó protestas contra Mercal en Valencia en 2007. Funcionarios del Ministerio de Alimentación prometieron hacer justicia, pero, contrariamente, los perseguidos fueron los denunciantes. A Manuel lo reincorporaron a la oficina de El Guarataro, en Caracas, en la avenida San Martín.

Me salió una hernia y me operé. Cuando en Caracas se dieron cuenta de que era el mismo que denunciaba a Mercal en Carabobo comenzaron los atropellos. No me dejaban firmar en el trabajo para acusarme de abandono de mi puesto. Los demandé en tribunales laborales. Prácticamente quedé destituido y no me pagaron liquidación.

Manuel Sánchez, nacido y criado en El Guanábano, también lideró la lucha por el pago de las expropiaciones de las de 22 comunidades de ese sector que fueron desalojadas para la construcción de la vía férrea de Las Adjuntas-Los Teques. Al asumir este liderazgo se dio cuenta de irregularidades. Comenzó a denunciar y con ello ganó nuevos enemigos.

En 2008 denunció el caso en la Defensoría del Pueblo, expediente No. P08-04035, y ante la Fiscalía General de la República, No. 15F25-494-08. Esos documentos desaparecieron de esos entes públicos en 2010 y de la Vicepresidencia de la República.

Maneul Sanchez
Foto: cortesía Provea

Siguió recibiendo amenazas de muerte por sus denuncias. En noviembre de 2014 llevó el caso a la ONG Provea. El 25 de mayo de 2015, esta organización defensora de derechos humanos introdujo un recurso judicial ante los tribunales contencioso administrativo pidiendo una respuesta a la denuncia contra el Metro de Los Teques, pero fue declarado inadmisible el 13 de agosto de 2015.

El Metro le debe a más de 90 familias de los sectores El Guanábano y Los Unidos, quienes viven en medio de los escombros. Una de las afectadas es Lavinia Sánchez, mamá de Manuel. Las casas pagadas y derribadas fueron invadidas y reconstruidas con materiales de la Misión Vivienda. Algunos vecinos murieron esperando las indemnizaciones.

La deuda con esas familias, según explicó el propio Sánchez, corresponde con lo establecido en el régimen de liquidación de viviendas para las expropiaciones: cada vivienda debía pagarse al precio de un inmueble similar con todos sus servicios. “Cada vez que se fijaba el monto se hacía un avalúo en función de lo que costaba una vivienda en el mercado, y ese promedio era el monto que se debía pagar”, precisó.

Foto: Cristian Hernández

Hoy Manuel, con 53 años, siete hijos y 14 nietos, sigue sin cobrar sus prestaciones de Mercal y sin empleo porque tiene una querella legal con el Concejo Municipal de Caracas por su destitución ilegal. Pero sigue clamando justicia.

Perdí todo por haber sido un trabajador honesto, responsable y cumplidor. A mi familia, a mis siete hijos, a mis nietos y a mi mamá les pido perdón porque no conseguí justicia. Al gobierno nacional solo pido que se cumpla la Constitución.


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