Analistas señalan que esos cambios evidencian que Maduro depende del poder militar y agregan que la industria requiere de personal con experticia en este período.

Caracas. 96 de cada 100 dólares que ingresan al país se originan por las ventas de crudo y derivados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero la industria arrastra un deterioro progresivo de su producción, menos ingresos, problemas en el manejo de la deuda y corrupción, y además forma parte del reparto de cuotas de poder, que se evidenció con la reciente designación del mayor general Manuel Quevedo como presidente de la estatal y ministro de Petróleo.

Con el nombramiento de Quevedo, la presencia militar se afianza en la industria petrolera, porque ya en febrero la Vicepresidencia Ejecutiva fue asignada a la vicealmirante Maribel Parra. Para los analistas, estas decisiones muestran que el presidente Nicolás Maduro da cuotas para mantenerse en el poder.

Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, señala que los incentivos a la lealtad están deformando la estructura de poder en Venezuela al punto que Maduro ya depende del poder militar para gobernar.

Pero esa mayor participación de oficiales puede ser costosa debido a que la estatal necesita de un plan para recuperar su producción, que está por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Francisco Monaldi, profesor del Baker Institute y director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, apunta que ya la militarización estaba en marcha y este nombramiento [de Quevedo] la oficializa. No queda prácticamente nadie con experticia técnica al más alto nivel.

A Monaldi lo complementa el también profesor del IESA, Igor Hernández, que apunta que este nombramiento sigue con la tendencia de “mantener los espacios generadores de renta en manos de aliados clave del régimen, y parece ser el resultado de las luchas internas de poder dentro de Pdvsa, que han llevado también a las recientes investigaciones por casos de corrupción”.

Pasito a pasito

El dominio militar ha venido en ascenso, primero con empresas y luego con presencias en la directiva de la estatal.

A mediados del pasado año, el Gobierno creó la Compañía Militar de Industriales Minerales, Petrolíferas y Gas (Camimpeg) que tiene diversas funciones como la rehabilitación y el mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico en las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera; prestación de servicios de transporte, construcción y mantenimiento de obras y almacenamiento.

Para este ejercicio, esa compañía cuenta con un presupuesto de 270 millardos de bolívares y una meta: obtener 250.000 barriles diarios. Adicionalmente, tiene un socio privado, y esa alianza pactó con Pdvsa el incremento de la producción de un campo en el Zulia.

En paralelo, los anuncios de reestructuración de la petrolera han servido para la incorporación de los efectivos.

En noviembre del pasado año, el Jefe de Estado dijo que la estatal sería reestructurada con el fin de “luchar contra la corrupción”. Tres meses después, el mandatario modificó la junta directiva con el argumento de “sanear de corrupción todos los ámbitos que se han podrido en los distintos niveles de la industria”.

En aquel momento (febrero de 2017), a la cabeza de la petrolera dejó a Eulogio Del Pino y creó la Vicepresidencia Ejecutiva, que lleva Parra. A esa junta fue incorporado Simón Zerpa como vicepresidente de Finanzas e Ysmel Serrano como vicepresidente de Comercio. De manera que  funcionarios afines a la primera dama, Cilia Flores, al vicepresidente Tareck El Aissami y a la hoy gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, tienen puestos dentro de la industria.

Los cambios siguieron. En agosto se realizó un enroque y Eulogio Del Pino pasa de Pdvsa al Ministerio de Petróleo y Nelson Martínez deja el despacho para ser presidente de la petrolera.

Pero los ajustes más severos fueron concretados este 24 de noviembre cuando Maduro decidió que Quevedo —quien venía de manejar la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y el Ministerio de la Vivienda— tuviera los dos cargos. El mandatario le dijo que tenía que ejecutar la reestructuración, pues “llegó la hora de una nueva revolución en Pdvsa”.

Este militar asume el control en el peor momento de Pdvsa, porque la producción cae todos los meses. Las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que en octubre fue 1,9 millones de barriles de diarios y en 10 meses retrocedió 315.000 barriles, pues en diciembre estaba en 2,2 millones de barriles diarios. Este descenso responde a las menores inversiones, la disminución de las importaciones, la falta de personal calificado y las deudas con los proveedores.

Hernández agrega que «no es posible imaginar que esta nueva directiva pueda frenar la caída en la producción, sobre todo cuando el entorno es ahora mucho más difícil que el observado hace dos años. La distorsión cambiaria en un entorno hiperinflacionario (que además afecta poder contar con empleados capacitados), más la acumulación de deudas, las sanciones impuestas por Estados Unidos que afectan potenciales operaciones de financiamiento para recuperar producción, sin mencionar los problemas a lo largo de la cadena asociados con no poder colocar a tiempo la producción, son problemas que incluso con una gerencia conocedora serían ya motivo de preocupación, pero si ahora le añadimos esta nueva directiva, el riesgo se multiplica”.

Y con un baja producción y un precio promedio en 45 dólares, los ingresos no son suficientes y las dificultades se reflejan en los pagos de deuda pública. Las cancelaciones de deuda han sido un dolor de cabeza para la estatal y la República. En octubre y noviembre, la petrolera saldó el capital de la deuda, pero los intereses se han atendido con retrasos por lo cual los acreedores señalan que una hay cesación de pagos técnica.

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Frente a esta situación, Maduro dijo que buscar reestructurar la deuda y hasta nombró una comisión que hace dos semanas se reunió con los tenedores de bonos. Sin embargo, ese encuentro fue más informativo que de propuestas y, por ahora, la empresa atiende sus obligaciones con mora. Del Pino y Martínez, señalan fuentes financieras, por lo menos indicaban que los compromisos se atenderían, con Quevedo aumenta la incertidumbre.

Monaldi apunta que “cuando más se necesitaba de experticia para manejar el tema de la deuda y evitar el colapso de la producción viene una persona sin ninguna credencial, lo que será muy costoso”.

¿Y los socios? 

La conformación de la nueva directiva también puede impactar en la actividad de los socios de Pdvsa.

Monaldi añade que «cada vez es más difícil trabajar con Pdvsa. Incluso los socios de empresas aliadas de Rusia y China están muy preocupados por el colapso de las capacidades de Pdvsa y del Gobierno en general. Eso combinado con la sombra del default y las sanciones, crean un ambiente terrible para las empresas”.

Por su parte, Hernández explica que “el hecho de que la producción de algunas empresas mixtas esté yendo a la refinación local en lugar de ser exportada, los retrasos en los pagos a proveedores, y la posibilidad de que una mayor porción de los campos operados por Pdvsa vayan al control de grupos militares, son elementos que se suman a los problemas que ya venían enfrentando los socios: distorsión cambiaria, dificultad para repatriar dividendos, problemas con la importación de diluente, entre otros. La gran pregunta viene en torno a qué garantías reales puede ofrecer el gobierno y Pdvsa sobre cómo manejar esta crisis”.

La corrupción

Las modificaciones en la directiva se hacen luego de que la semana pasada fueran acusados de corrupción seis directivos de Citgo, y según el Ministerio Público, ya 50 funcionarios han sido detenidos.

Pero las irregularidades en la petrolera tienen tiempo. Los auditores alertaron en el informe de gestión de Pdvsa de 2016 sobre riesgos de fraude en los pagos a las contratistas. Y de años anteriores hay denuncias sobre los manejos poco claros en las contrataciones, las adquisiciones con sobreprecio de plantas eléctricas, el desvío de recursos hacia bancos en Andorra, entre otros casos.

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