En la Unidad Médica del Ipasme en Valle de la Pascua, estado Guárico, la falta de insumos y la supervisión extrema del personal crean un ambiente laboral tenso. Los empleados denuncian hostigamiento, despidos por razones políticas y pérdida de beneficios.
Caracas. Más de la mitad de los servicios de la Unidad Médica Valle de la Pascua del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) permanecen inoperativos, mientras trabajadores denuncian vigilancia interna y presiones laborales, un panorama que podría afectar la atención a los pacientes que dependen del centro.
“La directora tiene un personal de confianza que nos toma fotos, pasa lista y vigila en nuestros puestos de trabajo”, denunció a Crónica Uno Angélica*, trabajadora de la Unidad Médica Valle de la Pascua, estado Guárico, una de las 69 unidades adscritas al Ipasme, organismo estatal venezolano encargado de servicios de salud y bienestar para trabajadores del sector educativo, con sedes distribuidas en distintas regiones del país.
En el caso de la Unidad Médica de Valle de la Pascua, los trabajadores consultados describieron una reducción significativa de servicios operativos, aunque este extremo no es verificado con datos oficiales en el material aportado.
Todos los días una trabajadora del personal de limpieza recorre cada área del centro médico y registra en una lista a quienes llegan a laborar, una práctica, de acuerdo con las denuncias, que funciona como un mecanismo informal de control de asistencia fuera de los sistemas administrativos habituales.
Según Angélica, la dirección del centro recurre a un grupo de trabajadores de reciente ingreso, entre ellos personal de limpieza y seguridad, para supervisar las rutinas del personal fijo, empleados con mayor antigüedad en la institución. Quienes faltan o realizan algún reclamo, añadió, son objeto de amenazas.
Estas personas también se encargan de tomar fotografías y grabar videos de quienes no cumplen estrictamente con las pautas impuestas, lo que ha generado un ambiente de hostilidad dentro de la institución, entendido como un clima laboral tenso caracterizado por vigilancia constante y temor a represalias.
Contratados bajo presión constante
El temor es constante entre los trabajadores, especialmente entre quienes no tienen cargos fijos en la Unidad Médica, personal que labora bajo contratos temporales sin estabilidad laboral garantizada.
Andrea*, otra empleada del Ipasme, explica que las presiones se intensifican sobre el personal contratado, que es sometido a prácticas de manipulación y acoso por parte de la dirección.
“La directora los llama uno a uno a su oficina para reclamarles y decirles que le deben lealtad. Les advierte que no pueden firmar ningún reclamo individual o colectivo porque están contratados. Muchos compañeros se retractan de denunciar por el miedo a perder el empleo”,
reveló.
La tensión escaló recientemente tras la detención de un trabajador de la sede por colocar en su oficina un letrero que decía: “fuera la mona”. Las fuentes, que optaron por el anonimato por temor a represalias, sostuvieron que el empleado fue denunciado ante las autoridades nacionales del Ipasme en Caracas tras un reclamo interno.
La situación derivó en su arresto, un procedimiento que implicó intervención de instancias administrativas superiores del organismo en la sede principal. Durante el procedimiento, la dirección del centro increpó a los trabajadores que intentaron expresar solidaridad con su compañero.
Andrea contó que el control laboral también se traduce en despidos por motivos políticos, es decir, desvinculaciones asociadas a la percepción de afinidad o postura política de los trabajadores, según su testimonio. Aseguró que recientemente despidieron a empleados a quienes identifican como opositores, algo que la propia directora comenta en los pasillos.
Uno de los casos más recientes fue el de una trabajadora encargada de manejar las redes sociales de la institución, función que implica la administración de cuentas digitales oficiales para comunicación institucional.
Las afirmaciones anteriores no están acompañadas de documentos públicos, expedientes judiciales ni registros administrativos en el material aportado. Se trata exclusivamente de declaraciones de trabajadores.
Derechos laborales en retroceso
Milagros* señaló que el ingreso de los trabajadores del Ipasme se limita al salario mínimo de 130 bolívares, el bono de alimentación de 40 dólares y el reciente ajuste del llamado bono de guerra económica a 200 dólares, ingresos que combinan moneda nacional y un monto referencial en divisas como parte de la estructura salarial vigente en el sector público venezolano al que las autoridades interinas denominan “ingreso mínimo integral”.
Desde 2018 los trabajadores han denunciado la eliminación progresiva de derechos laborales. En las últimas semanas se les impuso la obligación de laborar los días feriados, pese a que la sede ya no cuenta con servicio de emergencias activo.
Además, deben cumplir un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., bajo un estricto control de asistencia, registro de entrada y salida del personal para supervisar puntualidad y permanencia: tres retrasos en la llegada pueden derivar en actas, suspensión de salario o despidos.
“Existe una red de nepotismo dentro del Ipasme. Dentro de las instalaciones hay varios familiares directos de la directora, entre ellos su esposo, sus dos hijas, una hermana y una sobrina, ocupan puestos en las áreas de administración y asistencia, pero no cumplen con las jornadas correspondientes”, expuso.
En años anteriores, adujo, el personal contaba con beneficios que han ido desapareciendo. Desde hace tres años dejaron de entregarse las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa estatal de distribución de alimentos subsidiados en Venezuela, en todas las sedes, sin explicaciones.
Restricciones y favoritismos
Una de las trabajadoras narró que la excluyeron de sus funciones habituales en la planificación mensual del programa “Ipasme va a la escuela”, iniciativa institucional orientada a actividades de atención y promoción de salud en entornos escolares, por orden de la directora y de la coordinadora médica, tras la negativa de la gerencia a evaluar el ingreso formal de familiares de trabajadores a los servicios del Ipasme.
“Ella se niega a tomar mi caso. Además le indica la orden a la médico coordinador, que también es parte de su equipo, hace lo que le diga, y no la han incluido en este trabajo. De hecho, ya he enviado comunicados a los entes superiores, pero no he obtenido respuestas”, dijo.
El personal asistencial sostuvo que las decisiones médicas deberían ser competencia de los coordinadores de cada servicio del Ipasme, profesionales responsables de la gestión clínica en cada área médica, pero desde hace varios meses las órdenes provienen de la directora administrativa y su círculo familiar, lo que interpretan como una alteración de los manuales institucionales, documentos internos que regulan funciones y jerarquías dentro de la institución.
“Debes cumplir lo que diga la directiva administrativa, aunque pertenezcas al área de salud. Incluso las evaluaciones de desempeño las hace ella y no el coordinador médico, que es quien realmente sabe si haces tu trabajo”.
Los actuales coordinadores eran de reciente ingreso y la mayoría estaban bajo condición de contratados, lo que los hacía vulnerables a la influencia de la directiva por su falta de estabilidad laboral, según lo descrito por los trabajadores.
Deficiencias operativas y control excesivo
Servicios como radiología y laboratorio permanecen paralizados por la falta de insumos básicos, materiales médicos necesarios para la realización de pruebas diagnósticas y estudios clínicos.
Milagros*, trabajadora de otra área, indicó que deben cumplir un horario de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00 p. m., firmando una libreta de entrada y salida, pese a no contar con materiales para atender a los pacientes.
“Nos exigen permanencia diaria, pero nos quedamos sentados de brazos cruzados porque no hay insumos. Mientras tanto, los familiares de la directora no firman la libreta”, contó.
Ante la ausencia de pacientes por el cierre técnico de varios servicios, la gerencia organizaba operativos en escuelas de la zona para inflar las estadísticas mensuales de atención, práctica que consistía en registrar atenciones.
El personal redactó un documento dirigido a la junta nacional del Ipasme y al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, donde solicitan una auditoría integral que evalúe las condiciones físicas del edificio, el manejo de los recursos y el trato hacia el personal.
La situación en la Unidad Médica Valle de la Pascua refleja tensiones internas, deficiencias en la prestación de servicios y un ambiente laboral marcado por el control y la vigilancia, según los testimonios recopilados.
Este tipo de denuncias, centradas en presuntas prácticas de hostigamiento laboral, control interno y deterioro de servicios, ha sido reportado de manera reiterada por trabajadores de distintas sedes del Ipasme en Caracas, lo que sugiere un patrón de quejas sostenido dentro de la institución a nivel nacional, de acuerdo con reportes previos y testimonios laborales difundidos en distintos momentos.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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