Los 16 niños y sus acompañantes llegaron a la playa Los Iros, al sur de Trinidad y Tobago, luego de pasar 48 horas en altamar y estar incomunicados en Barra de Mariusa, Delta Amacuro. El ministro trinitario de Seguridad Nacional justificó las deportaciones y evitó hablar del caso. La AN inició gestiones diplomáticas y una investigación sobre el suceso.

Caracas. Durante la tarde de este martes volvieron a Trinidad y Tobago los 16 niños venezolanos y nueve mujeres que fueron deportados el domingo y cuyo paradero era desconocido. La información fue confirmada por medios trinitarios y David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

El grupo de personas desembarcó en la costa sur de la isla, específicamente en la playa Los Iros, según reportó el medio T&T Newsday. Algunos de ellos presentaban cuadros de fiebre, estaban hambrientos y sedientos, según se refleja en un video difundido en sus redes.

Smolansky, por su parte, señaló que los padres de los niños lograron comunicarse con la persona a cargo del peñero en el que fueron expulsados de ese país y denunciaron que el motor se dañó media hora después de la deportación hecha el domingo.

En la noche del lunes, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González, confirmó a Crónica.Uno que las dos embarcaciones se encontraban en el sector La Barra de Delta Amacuro, en el límite entre las aguas de Venezuela y la isla de Trinidad.

El grupo de venezolanos deportados arribó a ese lugar la tarde del lunes 23 de noviembre, en específico, a la Barra de Mariusa, desde donde se debe navegar al menos dos horas para poder llegar a la comunidad indígena más cercana, según reseñó Radio Fe y Alegría Noticias.

Ni el gobierno de Venezuela ni el de Trinidad y Tobago habían hecho señalamientos públicos al respecto, tampoco labores de búsqueda para localizar a los 16 menores de edad y sus acompañantes que permanecieron en altamar.

Ministro trinitario califica de “indeseables” a migrantes ilegales

No fue sino hasta este martes que un funcionario del gobierno trinitario se pronunció -indirectamente- sobre la deportación hecha el fin de semana y que se produjo antes de que la Corte Suprema de ese país revirtiera la decisión.

Lejos de asumir responsabilidades por los hechos que pusieron en peligro la vida de 16 menores de edad y violaron convenios internacionales, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, afirmó que su gobierno tiene “todo el derecho de proteger” a sus ciudadanos “de personas que ingresan ilegalmente y rompen la ley”.

Si un migrante entra a Trinidad y Tobago de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona ‘indeseable’ y tiene que afrontar consecuencias judiciales”, dijo Young.

Cuestionado por los periodistas sobre la violación de tratados que protegen a niños, niñas y adolescentes, Young justíficó la política migratoria haciendo alusión a la lucha contra el tráfico de personas “que no delimita si son hombres, mujeres, niños o bebés”.

Aun así, el ministro trinitario evitó por todas las formas hacer comentarios sobre la deportación de los 16 niños venezolanos y quienes los acompañaban.

¿Alguien ha visto a esos niños? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para ver si realmente son menores de edad y si realmente esos son sus padres”, dijo en referencia a los representantes de los niños, algunos de ellos residentes legales en la isla.

“No tengo conocimiento sobre nada de eso. Yo no puse a ninguna persona en ningún bote”, señaló, y lanzó una advertencia a ciudadanos venezolanos legales que estén “ayudando” a otros a entrar sin documentos a la isla pues “su permiso también será revocado y usted deportado” si llegasen a descubrir tal práctica.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó este lunes al gobierno trinitario a cumplir con lo establecido en la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños y permitir que los menores venezolanos deportados el pasado domingo, se reúnan con sus padres.

La CIDH, por su parte, exhortó a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso a su territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional. Al respecto, el ministro Young enfatizó que es su gobierno quien decide las políticas migratorios, “no un externo”.

Gobierno encargado y AN realizan gestiones

Este martes se activaron las dependencias del gobierno encargado, que preside Juan Guaidó, así como la AN legítima para exigir a las autoridades de Trinidad y Tobago que respondan por la deportación de estos migrantes venezolanos en especiales condiciones de vulnerabilidad.

La oficina del Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, encabezada por el diputado Julio Borges, remitió una comunicación al canciller trinitario, Amery Brown, en la que expresa su “preocupación y rechazo” a la medida de deportación por considerar que “contraviene el principio de no devolución” y “violenta” al menos cuatro tratados internacionales. 

Borges exige a la cancillería trinitaria “el inicio de una averiguación” y exhorta a que se garantice la protección internacional a los venezolanos que huyen de Venezuela.

El presidente de la comisión permanente de la AN para las Relaciones Exteriores, diputado Armando Armas, envió una misiva a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Trinidad y Tobago donde les insta a “actuar conforme a la gravedad de este asunto” y solicita iniciar una investigación parlamentaria.

Armas acota que una copia de esa petición fue remitida al Parlatino, Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Commonwhealth, la Unión Interparlamentaria, el Caricom, la OEA y la ONU.

Mientras, que los diputados de la oposición que participaron este martes en la sesión plenaria virtual de la AN encabezada por Guaidó, discutieron sobre este caso.

El diputado Carlos Valero calificó el trato que Trinidad da a los migrantes venezolanos como “brutal e inhumano” y recordó que esa política comenzó en abril de 2018 cuando 86 venezolanos fueron deportados de ese país mientras que otros permanecen presos.

La diputada Gaby Arellano instó a Guaidó a establecer comunicación con la presidenta de Trinidad Paula-Mae Weekes, y el primer ministro trinitario Keith Rowley. Los parlamentarios venezolanos acordaron que la comisión especial creada en 2018, que preside Valero, para hacer seguimiento a la situación de los venezolanos que zarpan desde Venezuela hacia el Caribe, asuma la investigación del caso de este nuevo grupo de deportados.

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